El gobierno tardará al menos siete años en relocalizar a las 17.771 familias que viven a orillas del Riachuelo, gran parte responsabilidad de la Ciudad. Y unos 24 meses para adecuar ambientalmente a las 180 empresas consideradas responsables del 80% de la contaminación de la cuenca. Así se lo aseguró Acumar el organismo conformado por Nación, Ciudad y provincia encargado del saneamiento a las organizaciones que abordan la problemática. Esto se suma al augurio oficial, publicado por la prensa, de que el Riachuelo estará saneado en 2023.
«Nos falta conocer metas intermedias en las que se irían entregando las viviendas», expresó a Tiempo Alfredo Alberti, titular de la Asociación de Vecinos La Boca, que estuvo reunida con Acumar días antes de que el organismo presentara en julio el nuevo Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) en el Juzgado Federal de Morón, encargado de ejecutar la sentencia de la Corte. El primer semestre estuvo protagonizado por las internas en el macrismo, entre el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y los sectores de Provincia y ciudad, que incluyó la renuncia del presidente de la Autoridad en febrero, los que generaron un parate inédito en la causa, sin realizar trabajos de territorio en todo el primer semestre.
Hoy preside Julio Torti, ingeniero químico, ex gerente de Environmental Resources Management. Alberti completó: «Nos asombra que ahora es el condenado por la Corte quien se permite fijar los plazos, todos vencidos.» Uno es el de las relocalizaciones. Alrededor del lecho viven 6 millones de personas, pero unas 17.771 familias deben irse por la contaminación que las rodea. El fallo de 2008 habla de dos años como máximo. En el marco de la presentación del PISA, anunciaron que el 80% de las relocalizaciones aún no se produjeron. «Se acordó empezar por los casos más urgentes (el llamado Camino de Sirga), como prioritarios, junto a Villa inflamable. Sobre el río sólo queda la Cilla 21 y parte de la 26 en la Ciudad de Buenos Aires, lo demás se mudó», contó Antolín Magallanes, ex director de Relaciones Institucionales de Acumar, cuya web indica que el 89% del Camino de Sirga ya fue liberado. Queda el lado de Ciudad. Sólo en la Villa 2124 deben irse más de 1400 familias, pero apenas construyeron la cuarta parte de las viviendas.
El sector de la 26 recién se mudaría en un año, como mínimo, a pesar de que el Análisis Toxicológico fue contundente: un 20% de 108 menores de seis años tienen plomo en sangre y no deben estar viviendo ahí. Mientras en 2008, el presupuesto del Instituto de la Vivienda ocupaba el 2,7% del total de la Ciudad; para 2015 fue apenas el 1,3%. En 2014, tras un acuerdo en el juzgado, la Legislatura porteña aprobó una ley para relocalizar el sector de la Villa 21. Permanece incumplida. «En estos meses nada se avanzó.
Y no debería haberse frenado ya que es estricta índole de la Ciudad, que tiene en sus manos la solución», acotó Magallanes. En el PISA, Acumar no habla de hacer estudios epidemiológicos ni de sanciones a privados. Gabriela Merlinsky, del área de Estudios Urbanos-Instituto Gino Germani, reclamó definiciones contra la contaminación industrial: «Sigue sin haber voluntad política para encarar un control serio. No sólo vigilancia, también incorporar a los empresarios a un modelo de gestión ambiental.» «
Denuncia a Silos
La Asociación de Vecinos La Boca denunció a Silos Areneros Bs. As. que «ocupa de manera ilegal» la avenida Pedro de Mendoza a orillas de Dársena Sud, usando casi 10 mil m2, «dañando el lecho del Riachuelo con sus chatas». La empresa «persiste descaradamente con su actividad, y la Ciudad la acrecienta otorgándole nuevos emprendimientos», dice Alfredo Alberti: en 2014 ganó la licitación para construir un paseo en La Boca ofertando $ 20 millones, pero al día siguiente se retractó y bajó a $ 10 millones por el mismo trabajo, ante la anuencia de Francisco Cabrera, entonces ministro de Desarrollo Económico y hoy funcionario nacional.
