Mujeres indígenas de comunidades de todo el país llevan una semana de acampe y ocupación pacífica del Ministerio del Interior, en la esquina de 25 de Mayo y Perón, a cuadras de Plaza de Mayo. A pesar del tiempo que llevan allí –llegaron el 9 de octubre, pasaron el emblemático 12 de octubre, consiguieron que las recibiera a las apuradas el ministro Rogelio Frigerio y la subsecretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez– los medios continúan invisibilizándolas. Dentro de la carpa explican a Tiempo que, como se podía sospechar, la elección del lugar no es inocente, es la cartera que llevó a cabo el genocidio de los pueblos originarios en el territorio nacional desde los comienzos del Estado nacional.

Palabras como violencia, violación, terricido, extractivismo, territorio, “chineo”, invisibilidad, racismo, genocidio son las partes que arman un diálogo que comenzó tiempo atrás y que se extiende dolorosamente en el presente sin que los responsables de terminar con la larga lista de derechos vulnerados se hagan cargo de su responsabilidad.

El martes, un grupo de estas mujeres fue recibidas por la Secretaria de Justicia de la Nación. Relatan que la funcionaria escuchaba aterrorizada y escandalizada los testimonios sobre el «chineo» en Formosa: hombres que buscan niñas de ocho a diez años para violarlas. Accionar que está aceptado o silenciado socialmente. María Mendoza, del barrio namqom (integrante del Movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir y del Qopiwini), cuenta que a su nena, junto con otras dos niñas de diez años, las llevaron al baño de la escuela donde las acechaban personas armadas para violarlas, allí la nena empezó a gritar y el escándalo las salvó, esta vez. Con un español que se siente que no es su primera lengua, cuenta: “Tres nenas de diez años, una de las personas apuntó a mi hija con un revólver. Y ella gritaba y gritaba. Y por eso se fueron. Había un auto en el portón que estaba esperando y se fue como si nada hubiera pasado. Por eso todavía están suspendidas las clases. No es la primera vez, hay violaciones en esa escuela. Por eso queremos una directora que sea de nosotras, hay muchas que tienen puntaje pero el ministro no quiere. Yo le conté todo a la señora (subsecretaria). Lo que pasó es muy grave. Ahora voy a Formosa, porque me está esperando mi comunidad y ayer a las doce de la noche la policía fue a lo de mi hermana para que levantemos el corte. Mi problema no es de hoy, es de antes, es porque lucho por mi comunidad y no vamos a bajar los brazos. Somos la mujer que se levanta. Queremos la liberación de todo nuestro pueblo”.

En este colectivo confluyen mujeres de las naciones qom, mapuche, mbya guaraní, tapiete, entre otras. Llegaron a Buenos Aires con una agenda con temas urgentes, denuncian un sistema que las violenta en sus cuerpos, sus vidas y sus territorios. El alto nivel de violencia institucional que denuncian es ejercida directamente por el Estado o por privados avalados por el Estado: “Hay un sistema de sicariato en Argentina, la famosa frase de Patricia Bullrich, ‘el que se quiera armar, que se arme’ fue tomada al pie de de la letra por la Sociedad Rural. A ellos iba dirigido ese mensaje y así tenemos estancieros que llegan con sus peones armados para hostigar y amenazar y hasta herir a los hermanos”, cuenta Moira Millán del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Cuando no es directamente en conjunto con las fuerzas de seguridad, como sucede con la persecución que sufre la comunidad Costa del Lepá, en la provincia de Chubut, representada por Juana Antieco, pone como ejemplo.

Las mujeres indígenas denuncian Terricidio. Sara explica el término por la muerte de los territorios y de los niños en los territorios, “dos, pero como un conjunto”: “Porque fuera de las comunidades no se enteran de los niños y las jóvenes muertas, las jóvenes violadas. No hay campañas nacionales. El caso de Ismael Ramírez, el chico qom de 13 años asesinado en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, en 2018 y que sigue totalmente impune. Como este tenemos muchos casos. Además el avance de las empresas extractivistas mata nuestro ecosistema”. En este punto, Evis, una mujer mapuche, por sus adornos de plata, interviene para agregar respecto del terricidio que ellas son mujeres indígenas de pueblos milenarios, “tenemos una cosmovisión frente a esta situación. No podemos permitir que maten al río, que maten al árbol, que maten a la montaña, porque son elementos naturales fundamentales para nuestra vida y espiritualidad. Al matar el ambiente nos están matando a nosotras”.

Sara y su hermana son de una comunidad tapiete de Tartagal, ella cuenta sobre la violencia policial, el robo de sus tierras, la falta de agua que sufren cotidianamente: “Hasta ahora no tenemos respuesta salvo el caso de Ismael Ramírez y Marcelino Olaire, que está desaparecido desde noviembre de 2016. Nosotras somos perseguidas por la policía. Hay días que los chicos dejan de estudiar por el miedo de salir y ser alzados y pegados y los dejan a kilómetros de la comunidad. En la comisaría 42 de Tartagal detuvieron y pegaron a mi hermano por algo que no había hecho y después lo dejaron. Él tiene 19 años y después las autoridades no nos toman la denuncia. Y del territorio nos han quitado muchísima tierra y se las han dado a terratenientes, por eso estamos buscando un lugar donde podamos hacer nuestro sembrado que es nuestro medio de vida. No tenemos agua, no nos llevan agua».

Otra de las mujeres muestra su preocupación porque el genocidio continúa al interior de los territorios y la destrucción que llevan adelante las empresas extractivistas dejan pasivos ambientales que pagan nuestro pueblos. Además agrega que antes de las elecciones generales ya hay varias sentencias de desalojo y decenas más para antes del 10 de diciembre. Se trata de casos no contemplados por la Ley 26.160, que sólo protege los territorios en conflicto que se plantearon ante la justicia hasta tres años antes de su sanción, pero no incluye a las recuperaciones territoriales posteriores. No se trata que esas comunidades no estuvieran en su territorio sino que la tensión con los latifundistas y extractivistas llegó a un límite. Un caso que se puede apuntar la persecución que sufre la comunidad Costa del Lepá, en la provincia de Chubut, representada por Juana Antieco.

“Estamos defendiendo reclamos milenarios, cuando defendemos el territorio defendemos la vida, pero no solo la indígena sino que la sociedad argentina se ve beneficiada por nuestra lucha, porque nosotros somos el resguardo. Porque las comunidades están resguardando esos territorios”, explica una mujer indígena cuyo territorio está siendo acosado por la minería mientras otra “hermana” escucha, aunque en su caso es el turismo el factor de riesgo.

Estas mujeres aseguran que la urgencia de los reclamos es mayor ya que no están en la plataforma de ningún candidato. «¿Somos invisibles?», se preguntan. El dato político tiene peso, ya que ningún candidato se ha referido a los temas de las agendas de los pueblos indígenas. Será que el extractivismo está en el corazón de casi todos los planteos políticos, será el racismo… ninguna de las respuestas deja bien parado al sistema político argentino que no responde a los derechos vulnerados de los pueblos originarios, cuya lucha tiene mucho más que nueve días, aunque por ahora esa es la cantidad de días que permanecen acampando en plena city porteña sin que sean registradas por los medios hegemónicos.