Solo uno de cada 67 matrimonios igualitarios celebrados en la última década terminó en divorcio mientras que en la población en general se separó una pareja de cada dos que se casaron, según datos suministrados por el Registro civil porteño, que desmienten uno de los principales argumentos enarbolados por los sectores conservadores que se oponían a la Ley de Matrimonio Igualitario, de cuya sanción se cumplen 11 años mañana.

«Uno de los principales argumentos de los detractores de la norma era que nuestras parejas no eran estables y que por lo tanto no era conveniente darles tanta formalidad», recordó a Télam María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y una de las principales impulsoras de la norma desde su cargo de presidenta que por entonces ejercía en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Para Rachid, la baja incidencia de divorcios en la comunidad LGBT+ «no tiene que ver con que nuestras relaciones sean tan distintas a las heterosexuales», sino con el hecho de que «para llegar a constituirnos como familias, tenemos que romper con un montón de mandatos y esto implica una mayor reflexión».

Según datos suministrados por el Ministerio porteño de Gobierno, a través del Registro Civil de la Ciudad, desde 2010 hasta fines de junio de 2020 se celebraron 5.924 matrimonios igualitarios, lo que representa el 4,48 por ciento del total de enlaces formalizados ante esa dependencia en el mismo período (que sumaron 132.226).

Sin embargo, si se analiza la incidencia de los divorcios, la proporción no se mantiene: la primera separación legal en la Ciudad de una pareja del mismo sexo se produjo recién en 2017 y desde entonces se han registrado solo 88 divorcios, lo que representa el 0,125 por ciento de ese tipo de registro desde 2010 (70.387).

No obstante, hay que tener en cuenta que el promedio histórico de duración del matrimonio de todas las parejas que se separaron en la Ciudad desde 1975, es de 20 años.

«Estos números son como el diario del lunes, que nos hubiera servido en aquel momento en que venían con investigaciones de universidades vinculadas a religiones, para intentar mostrar que no tenía sentido darnos la solución jurídica que pedíamos», dijo Rachid, quien, además de ser una referente de la diversidad, fue la primera legisladora abiertamente lesbiana de la Ciudad.

Como alternativa al matrimonio igualitario y cuando ya tenía media sanción de Diputados, estos sectores antiderechos propiciaban la sanción de una ley de unión civil a nivel nacional, como la que existía desde 2002 en la Ciudad, la cual, pese a sus limitaciones, en su momento fue «un gran logro» porque se trató del primer antecedente de reconocimiento legal a parejas del mismo sexo en América Latina y el Caribe.

De hecho, la aprobación por parte de la Legislatura porteña de la Ley de Unión Civil -el 12 de diciembre de 2002- puede ser considerada un primer hito de la lucha por el matrimonio igualitario, máxime si se tiene en cuenta que apenas un año antes Holanda se había convertido en el primer país en el mundo en legalizar el matrimonio para personas del mismo sexo pero con importantes limitaciones.

«Veníamos del 2001 y de una profunda crisis de las instituciones de las cuales provenía la mayor parte de la discriminación y violencia hacia la diversidad sexual. Y, en ese momento de debilidad en que las instituciones tenían que hacer concesiones, muy oportunamente la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) presenta el proyecto y así como se aprueba la Unión Civil se aprueba la expropiación de Brukman o la primer ley de recicladores urbanos», recordó.

El 18 de julio de 2003 es celebrada la primera unión civil en la Ciudad de Buenos Aires: los contrayentes fueron César Cigliutti –el histórico referente de la CHA, fallecido el año pasado- y Marcelo Suntheim, secretario de la misma organización.

Ya en 2005, cuando se funda la FALGBT, el matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los cinco puntos de su agenda legislativa.

Dos años después, Rachid y su pareja, Claudia Castrosín, presentan el primer amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil, después de que les negaran un turno para casarse en el Registro Civil porteño.

«Cuando logramos instalar el matrimonio igualitario fue porque cambió otra vez el contexto político: en 2003 asume Néstor Kirchner con una nueva la política de derechos humanos y en 2005 se aprueba el matrimonio igualitario en España, un país culturalmente cercano y con el mismo obstáculo, que era la Iglesia Católica», recordó.

A partir de esta última novedad internacional, Cigliutti y Suntheim se casan en el Ayuntamiento de Madrid en 2008, para denunciar que no lo podían hacer en su país.

Los tiempos se aceleraban entonces para el matrimonio igualitario y el 28 de diciembre de 2009 en Tierra del Fuego, Alex Freyre y José Di Bello -ambos activistas de la FALGBT- se convierten en la primera pareja homosexual en casarse en Latinoamérica y el Caribe, en virtud de un fallo judicial y después de haber sido rechazados dos veces en oficinas del registro civil porteño.

«Con José nos tocó ponerle cara a algo que hicimos entre todos y todas», recordó 10 años después Freyre.

Tres meses después y también por vía judicial se casaron Norma Castillo y Ramona «Cachita» Arévalo, siendo las primeras mujeres en América Latina en sellar legalmente su unión.

«Recuerdo que la jueza cuando nos llamó a firmar la sentencia preguntó ‘¿dónde están las chicas?’ porque no sabía que éramos dos viejas», contó risueña Norma –ya viuda- a Télam el año pasado.

Finalmente, el 15 de julio de 2010 se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario y Argentina se convierte en el primer país en América Latina y el Caribe en conquistar este derecho, y en el número 15º a nivel mundial.

La ley es estrenada por los santiagueños José Luis Navarro y Miguel Calefato, quienes se casan en Santiago del Estero dos semanas después de la sanción.

«Saqué turno, me dieron para tal día y lo tomamos: no teníamos ninguna necesidad de especular con ser los primeros, ¿para qué si vivíamos en un pueblo?», dijo Navarro a Télam.

A 11 años de su sanción, las consecuencias de esta ley no hacen más que confirmar –según Rachid- que marcaría «un antes y un después».

Para la activista, el «mensaje de igualdad» que dio el Estado Nacional a partir de la aprobación de esta norma se transformó en «una herramienta fundamental para la lucha contra la violencia y discriminación de todos los días» porque generó «transformaciones muy profundos».

«A partir de la ley, se abrieron espacios de diversidad en los ministerios nacionales pero también en gobiernos provinciales y municipales que generaban política pública para nuestras familias y nuestra comunidad; y cada vez que se aprueba algo en el Congreso se tiene en cuenta la la perspectiva de la diversidad como pasó con la ley de femicidio, la de reproducción humana asistida o el nuevo Código Civil», dijo.