Cientos de cuarteles de bomberos voluntarios tienen, o tendrán en el corto plazo, serios problemas de funcionamiento para cumplir con su tarea. Los principales referentes de estos servidores públicos que trabajan de manera gratuita aseguraron que el gobierno nacional recortó sus fondos en 700 millones de pesos, aun en contra de lo que establece la ley. Además, muchas de estas instituciones ni siquiera recibieron los recursos comprometidos. La semana pasada, cientos de socorristas agrupados en el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios protestaron frente al Congreso, y hasta se enfrentaron con la Policía Federal cuando intentaban llegar hasta la explanada con sus autobombas.
El artículo 11 de la Ley 25.054 es claro: el 5 por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo «vida») que recaude la Superintendencia de Seguros de la Nación estará destinado a financiar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Es decir, a las asociaciones civiles (cuarteles) y las federaciones provinciales. El dinero se acredita en las cuentas del Ministerio de Hacienda (en rigor, iba a parar a Finanzas, disuelto hace dos meses), que a su vez debería girarlo al de Seguridad para que este finalmente reparta, a fines de junio de cada año, los subsidios.
Carlos Alfonso, desde enero presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, tiene todos los números en la cabeza. «Seguridad presupuestó para nosotros unos 962 millones de pesos, en vez de contemplar los 1600 millones que proyectaron recaudar las aseguradoras. Estamos ante un recorte del 40%», explica el jefe del cuartel de Bomberos de la pequeña localidad de Quitilipi, en la provincia de Chaco.
Según la resolución 424, firmada en mayo de este año por la ministra Patricia Bullrich, se prevé que durante 2018 se distribuyan $ 750.741.822,48 entre 708 asociaciones, poco más de un millón para cada cuartel. Además, establece $ 134.748.532,24 para las 25 federaciones; y $ 76.999.161,28 para el Consejo. Esos $ 962.489.516 están destinados a «la compra de equipamiento, materiales, vestimenta, elementos para la lucha contra el fuego y la protección civil, gastos de funcionamiento, capacitación y fiscalización de las entidades», entre otras cuestiones estipuladas.
En 1884, un grupo de italianos fundó la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios del país en La Boca, donde las edificaciones precarias se multiplicaban al mismo ritmo que arribaban millones de inmigrantes. Hoy, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está conformado por unos 43 mil bomberos (36 mil hombres y 7000 mujeres).
«Sólo se les pagó en junio a 124 instituciones, y de julio a septiembre se comprometieron a pagarles a otras 150. El resto cobraría después de septiembre. ¿Por qué tenemos que esperar tanto si el dinero está?», se pregunta Alfonso, quien calcula que a septiembre de este año Hacienda tendrá en sus cuentas unos 1200 millones provenientes de las aseguradoras. «Esa cifra representaría lo recaudado de pólizas durante los primeros tres trimestres de 2018, sumado a unos 374 millones que no nos pagaron del último trimestre de 2017 y otros 100 millones que quedaron fuera del presupuesto del año pasado».
«La plata está –resume Alfonso– pero no nos pagan. No quiero pensar que están utilizando esos fondos en otra cosa. Estamos preocupados, porque si no se distribuyen no va a estar garantizado el trabajo de los bomberos voluntarios, que cubrimos el 80% de los siniestros que se producen en el país».
Para Gustavo Nicola, director nacional de Operaciones de Bomberos y jefe del cuartel de Villa María, Córdoba, «la situación de algunas instituciones es muy complicada porque muchas están dentro de comunidades pequeñas cuyas autoridades no pueden realizar aportes, por lo que subsisten sólo a través del subsidio nacional».
Nicola está a cargo de unos 150 hombres y 23 vehículos, y detalla que «los bomberos tienen gastos fijos que aumentan constantemente, como el mantenimiento preventivo de las unidades, los repuestos, las herramientas hidráulicas, los trajes estructurales, todo atado al dólar». La semana pasada tuvo que desembolsar 50 mil pesos de gasoil, «y eso que la temporada de incendios todavía no empezó», aclara.
«Este recorte significará sacarles el financiamiento a los cuarteles. Con el tiempo, puede perjudicar la salida de nuestros bomberos», completa Alfonso, que tiene 58 años y se retiró como empleado judicial de Chaco luego de 28 de trabajo. Ahora, además de ser el número uno de los bomberos voluntarios, cumple funciones en el Rectorado de la Universidad de Chaco Austral, en Presidencia Roque Sáenz Peña. «Desde 2014, cuando se rubricó la Ley 25.054 en el Congreso, hemos crecido mucho en cuanto a la compra de equipamientos y a la capacitación permanente, lo que nos permitió estar acorde a las normas y exigencias internacionales», reconoce.
Más recortes
Al problema del presupuesto y el financiamiento se suma otro relacionado a las abiertas intenciones del gobierno nacional de legislar sobre lo que ya está llevando adelante en los hechos: según reconstruyeron desde las diferentes asociaciones de bomberos, la cartera de Seguridad busca consensos para modificar la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil, y restarles a los bomberos voluntarios aun más recursos, transfiriéndolos a esta otra área: «Del 5 por mil de lo recaudado por las aseguradoras pretenden redistribuir el 1,06 por mil. Hablamos de casi 400 millones de pesos», analiza Nicola, de 58 años, técnico en Seguridad e Higiene y dueño de una pyme que hace informes del sector.
Nicola supo que iba a ser bombero a los 12 años, cuando vio junto a sus amigos pasar por el frente de su casa una autobomba a toda velocidad. Al otro día se anotó en la Escuela de Bomberos del Cuartel de Villa María, donde permaneció durante casi cuatro décadas más. «Hace 38 años que soy bombero. En aquella época no había subsidios ni dinero para equipamientos, para combustible, para nada. Lo que va a pasar ahora, si sigue todo igual, yo ya lo viví. Es realmente muy triste. A los que hacen esto no les importan los bomberos». «
«Ajustar en esto es muy perverso»
El Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Pacheco es una de las instituciones que todavía no recibió un peso de subsidios en lo que va del año. «Cumplimos con toda la documentación que nos solicitaron pero, sin decirnos nada, no nos incluyeron en esta partida, porque supuestamente no estaba la nómina de la Comisión Directiva. Era cuestión de levantar el teléfono o enviarnos un mail para que cumplimentáramos eso», explica a Tiempo José Eduardo Cornejo, el jefe del cuartel local desde hace 27 años, quien espera que su institución sea incluida en la próxima partida.
«Estamos muy preocupados. Nos sorprendió la actitud del gobierno: que hayan resuelto ajustar el cinturón por el lado de los bomberos, que de por sí brindan un servicio gratuito a la comunidad. Tengamos en claro que si hoy el gobierno tiene que pagar a los mil y pico de cuarteles, no se encuentra en condiciones. Son instituciones que desde siempre fueron solventadas y mantenidas en un 70% por la población y por los municipios», advierte Cornejo.
Secretario general de la Academia Nacional de Bomberos, Cornejo tiene 61 años e ingresó en la institución en 1977. «Estamos enclavados en una zona compleja, en un territorio con 180 mil habitantes, rodeado de autopistas y con muchos parques industriales. Solemos tener incendios de proporciones importantes», explica.
Cornejo pidió a las autoridades «que los tengan en cuenta. Estamos reclamando por nuestros derechos. Al gobierno no le movemos la aguja. Hacer un ajuste de algo que no se le saca a las arcas del Estado y que ya está dispuesto, es muy perverso. Creo que están equivocados. Si se lo plantearan, al Estado le sale muy barato solventar más de mil cuarteles en todo el país para contener casi la totalidad de las contingencias que ocurren».
Una denuncia por irregularidades, excusa para el vaciamiento
Con la excusa de que varios cuarteles de bomberos voluntarios estarían «flojos de papeles», el gobierno nacional entrega a cuentagotas los recursos que están establecidos por ley. El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, no eludió referirse a algunas investigaciones periodísticas que, con cierta intencionalidad, indicaban irregularidades en algunas asociaciones.
«En las manos de ellos está si una institución hace algo indebido. Pero esa no es la realidad del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Reconocemos que puede existir este tipo de casos y nosotros nos ofrecemos para buscar los caminos conducentes en el trabajo para regularizar a esas instituciones, pero claramente no se trata de la inmensa mayoría», se defiende Alfonso.
De todas maneras, el jefe de todos los bomberos voluntarios del país indica que «ese informe, puntualmente el que realizó Jorge Lanata en su programa el año pasado, fue muy parcial. El hecho de que seamos voluntarios no significa que no tengamos obligaciones. Existen muchos mecanismos internos en los cuarteles, que se deben cumplir estrictamente, y nos estamos encargando de que así sea. Por unos pocos, no se pueden dejar de lado casi 140 años de historia solidaria».
La producción de Canal 13 había indicado que un puñado de asociaciones hacían las veces de «pantallas» de supuestos cuarteles de bomberos, algunos de ellos sin contar siquiera con teléfono o autobomba, y que cobraban suculentos subsidios.
