La noción de políticas de reducción de daños y riesgos en materia de consumo de drogas comenzó a aparecer en agenda en la Argentina en febrero último, luego de que la venta de cocaína adulterada en Puerta 8 –en la zona oeste del Gran Buenos Aires- matara a más de una veintena de personas. El mismo concepto emergió en las últimas horas, pero quedó envuelto en un cruce de tinte político. Fue luego de que el Municipio de Morón distribuyera un folleto sobre consumo seguro, cuestionado fuertemente por la oposición pese a que la medida surgió de una ordenanza sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante de ese distrito.
De acuerdo a la información difundida por el Municipio, esa ordenanza establece que se deben «promover acciones orientadas a demorar todo lo posible el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en edades tempranas, entre las que deberán ser comprendidas aquellas destinadas a la sensibilización y difusión amplia de la temática», al tiempo que se insta a «diseñar e implementar dispositivos socio-sanitarios en espectáculos públicos, eventos masivos, locales bailables y en todo escenario potencial de consumo, para la prevención de riesgo y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales». La misma normativa promueve «transmitir a la población usuaria conocimientos acerca de los procedimientos adecuados para minimizar los riesgos y daños inherentes al consumo» de esas sustancias. En ese marco se distribuyeron folletos en «La Minga», un festival solidario organizado por la comuna. «Si vas a consumir, acordate estos consejos…», comienza el folleto repartido por Morón, que trabaja junto al Sedronar y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA).
Referentes del PRO como Diego Santilli usaron las redes sociales para criticar la medida, calificada por la exgobernadora María Eugenia Vidal como «criminal y berreta». Incluso, se presentaron dos denuncias penales contra el intendente de Morón, Lucas Ghi. Una fue por parte del abogado Fernando Sarabozo. La otra, por el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff. Lo acusan de incentivar el consumo de drogas mediante la campaña que quedó en medio de la polémica.
«Lo que noté después que se hizo público el volante es que la política pretende sacar partido de una situación que claramente no es correcta, por muchos motivos. Porque no se puede inducir al consumo en una sustancia como la cocaína, que creció 128% en últimos 10 años en el país. Pero se vuelven a instalar cuestiones que nada tienen que ver. Si provenía (el folleto) de una ordenanza sancionada por unanimidad donde se hablaba de reducción de daños, entonces que ahora se hagan los distraídos… Si no sabían qué era, hubiesen preguntado antes de votar», cuestionó Walter Martello, defensor Adjunto y titular del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y remarcó: «Lo más grave es que se pierde la centralidad, que la tiene que tener el adicto».
Para Martello, «el tema estuvo pésimamente orquestado porque no podés hacer una inducción al consumo, pero el debate tiene que ser más fructífero. La mayor parte de la cocaína que ingresa es para consumo territorial. Empecemos a ver después de tantos años de fracaso si no tenemos que hacer más trabajos sobre reducción de demanda». El especialista contó que las políticas de reducción de daños «se iniciaron en Europa por un motivo que es muy distinto a lo que analizamos en Argentina: el consumo de heroína. Pero es una política que tiene aplicación con posterioridad a la resolución de otras cuestiones vinculadas al adicto: que tenga todas las herramientas del Estado, que tenga adónde concurrir, que su familia esté contenida. Entonces sí podemos hablar de reducción de daños». Por eso, consideró que «el distrito debería terminar con esta campaña de aliento al consumo. Que pudo haber estado pensada desde el lugar de encontrar un discurso empático hacia los jóvenes, pero no es este. Tenemos que insistir con la prevención». Insistió, además, en que «no solamente es una cuestión policial, no solamente tiene que ver con la justicia. Tratar de disminuir estos índices de consumo tiene que ver con una disminución de demanda, algo más vinculado a la atención del adicto en primer término y a la prevención».
Desde el Municipio de Morón resaltaron que «el paradigma de reducción de daños, sostenido por el Gobierno comunal y convalidado por el conjunto de las fuerzas políticas que dieron sanción a la mencionada ordenanza, está en las antípodas de la estigmatización o represión de quienes consumen, y busca desplegar políticas socio-sanitarias que protejan su salud, brinden información útil y garanticen la libertad individual de todos y todas».
«Se descontextualizó un folleto, su uso. Se quiere dar a entender que en el Municipio se fomenta el consumo de sustancias, cuando está muy lejos de lo que hacemos día a día. Este es un programa para la reducción de riegos y daños asociados al consumo de sustancias», argumentó Martín Latorraca, responsable de Salud de Morón. El funcionario expresó que ese material «tenía una utilización específica para un público específico en una actividad específica», y añadió: «No vamos a ir con este folleto a una escuela a tratar el tema. Está pensado para la previa de los boliches, de los recitales y de las actividades nocturnas». Sobre la continuidad o no de la campaña, planteó: «Si tenemos que modificarlo, agregarle algo para que tenga algún contrapeso de la otra mirada que tenemos, lo vamos a corregir», aunque señaló que «se viene utilizando hace meses y hoy salió a la luz porque hay una utilización política».
Marcos Torti Iermini, vicepresidente de Reset-Política de drogas y Derechos Humanos, también apuntó a la utilización política de un tema sensible. «El tema saltó por un uso político e ideológico respecto a la temática. Estas acciones se vienen realizando hace semanas y van de la mano de cualquier estándar sobre políticas de reducción de daños: concientizar sobre los efectos negativos y evitar cualquier problemática en el consumo con información clara», postuló.
Según Torti Iermini, «las políticas públicas en materia de drogas en la Argentina siguen distantes de lo que deberían ser. Y la aplicación de las políticas de reducción de daños se tienen que sobreponer a los prejuicios. Venimos de una tradición de políticas asistencialistas, negando y prohibiendo el consumo, y los usuarios son perseguidos por una ley penal». Estos cuestionamientos también salieron a la luz tras la tragedia de Puerta 8, cuando expertos de distintos ámbitos y organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la necesidad de modificar el abordaje en torno al consumo de drogas.
«Soy vecino de Morón y venimos trabajando con ARDA además en la ordenanza de uso medicinal del cannabis, que también contempla esta cuestión y la reducción de daños es uno de los pilares, donde lo único que se intenta es reconocer que hay personas que usan drogas y, si lo hacen, hay que evitar las consecuencias negativas para su salud y que puedan acceder a un sistema de salud que los acompañe y no los excluya».
Ante las críticas de quienes reclamaron que una política de prevención debe preceder a las medidas de reducción de daños, el referente de Reset consideró que «esto es en sí mismo una campaña de prevención. Es prevenir que haya problemas con el consumo. Los que están del lado de la abstención o prohibición intentan que las personas eviten consumir. Eso también está en la campaña de Morón: si se puede, evitar el consumo. Pero, si consumen, que lo hagan con información clara para evitar más problemas. Se hace el foco en la persona, no en la sustancia».
