A pesar del rechazo de las organizaciones sociales que trabajan en el día a día recorriendo las calles y parques porteños, el gobierno de la Ciudad avanza con un censo propio de las personas en situación de calle, que podría llegar a contabilizar la mitad de esta población vulnerable que, según denuncian algunas de estas organizaciones, se duplicó respecto al último año y medio. En el medio, el frío y una pandemia ante la cual no se planea ninguna campaña de vacunación para estas personas.
“El Gobierno de la Ciudad incumplió los acuerdos y avanza en un censo de población en situación de calle sin las organizaciones e instituciones”, denunciaron en un documento conjunto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Proyecto 7, MTE y Nuestramérica MP, y expresaron su rechazo a la realización de un nuevo censo “que subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas, incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado”.
“En diciembre, junto a otras organizaciones, firmamos un acta convenio sobre el censo conjunto. Era un gran paso para respetar la ley que establece que este tipo de relevamiento se tiene que hacer con participación de las organizaciones. El gobierno porteño ahora tomó la decisión unilateral de poner fecha para el censo cuando estábamos todavía en proceso de negociación”, relata a Tiempo la coordinadora del Programa Derecho a la Ciudad de ACIJ, Rosario Fassina.
Uno de los reclamos más fuertes es que exista un relevamiento cualitativo. “Siempre sostuvimos que además de contar personas, hay que entender cómo viven. El gobierno de la Ciudad no lo contempla”, explica Fassina. Y advierte que “también se dejó por fuera de la planilla censal preguntas sobre el Covid y sobre violencias contra mujeres y personas trans. Lo dejaron de lado aduciendo falta de tiempo”.
Ante este panorama, las organizaciones ratificaron que volverán a realizar el censo popular por fuera del “larretista”, por tercera vez desde 2017. La diferencia entre los números oficiales y los de las organizaciones es histórico. En el último, de 2019, el cálculo oficial fue de 1147 personas, mientras que el censo popular relevó a 7251, de las cuales 871 son niñas y niños.
La subestimación no es azarosa. Si el Ejecutivo porteño contabiliza seis veces menos población a atender, luego presupuesta el área acorde a lo censado. Ahora, con la llegada del frío y la derogación del decreto que frena desalojos en el horizonte cercano, la situación de desamparo se agudiza. A eso se suma la invisibilización de estas personas de riesgo en el plan de vacunación contra el Covid–19 (ver aparte).
Esta semana, la Ciudad comenzó su censo. Participaron más de 300 personas en 74 móviles. Llamativamente, el año pasado el gobierno porteño no lo realizó y pidió una prórroga, aduciendo la situación de pandemia, y este año lo concretaron con cientos de voluntarios en la calle, en pleno pico de casos.
“La razón central (del desencuentro con las organizaciones) es la probabilidad metodológica alta de duplicar personas, porque hay un porcentaje alto de personas que son contabilizadas pero no brindan información”, expresaron a este diario desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Y admitieron que “el ítem metodológico en el que no hubo acuerdo es el de la cantidad de días en los que se realiza el censo”. Desde las organizaciones apuntan que Ciudad suele censar un solo día en horas diurnas, en las que la mayoría de las personas no están. Gran parte del público objetivo no es encontrado.
“La ley dice que las organizaciones tenemos que participar justamente para estar seguros de que el número que dan, en un censo que hacen en apenas doce horas, es el real”, enfatiza Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo. Y subraya que “se duplicó la población respecto a las más de 7000 que eran en 2019, con los desalojos y las familias nuevas que hay en la calle”.
La legisladora Laura Velasco (Frente de Todos) realizó el mes pasado una presentación judicial en la que solicitó a la justicia porteña que intime al GCBA a que realizara el censo y explique la metodología que se iba a adoptar. Con la decisión del Ejecutivo de avanzar unilateralmente, esta semana volverá a presentarse en la justicia para que las autoridades expliquen cómo se llevó adelante. «Al haberse realizado sin la participación de las organizaciones hay un incumplimiento del fallo judicial y de la Ley 3706», expresó.
Ante el aumento de denuncias de vecinos y organizaciones sociales por operativos policiales violentos contra esta población, presentó otro proyecto para que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana explique su actuación con quienes habitan en las calles porteñas: “Amerita conocer el accionar, los protocolos y procedimientos oficiales respecto de esta población, sobre todo si tenemos en cuenta políticas públicas anteriores de la gestión Pro, como la UCEP”.
Doblemente vulnerables: sin techo y sin vacunas
Si las personas en situación o riesgo de calle o que viven en paradores ya eran invisibilizadas antes, peor ha sido en pandemia. Esa indiferencia es concreta en la vacunación contra el Covid 19. “Exigimos que se las incluya en los listados de vacunación porque están en riesgo, de contagiarse y de ser vectores de contagio”, reclama Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo. La legisladora Laura Velasco presentó un proyecto en el que solicita al Gobierno de la Ciudad que informe si tiene previsto vacunarlas, y en qué etapa. Ciudad respondió que se atañe a los parámetros establecidos por Nación. “Hay adultos mayores de 70 años y muchísimas personas con enfermedades pulmonares en calle –remarca Velasco-. Es fundamental saber cómo se va a proteger de la pandemia en esta segunda ola a todas estas familias y personas en extremo vulnerables, que no pueden incorporarse a los mecanismos actuales del plan de vacunación, porque no tienen los recursos para inscribirse online”.
