A nueve meses de la decisión del gobierno de impedir el ingreso de 498 investigadores a la Carrera de Investigador del Conicet por un recorte presupuestario del 32,5%, el conflicto entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los científicos volvió a recrudecer al mismo nivel de diciembre de 2016. El acta acuerdo firmada entonces fue incumplida, y desde el martes volvieron a ocupar pacíficamente la sede de la cartera, en Palermo, en un acampe que continuará al menos hasta mañana, mientras el grueso de la comunidad científica pide la renuncia del ministro Lino Barañao. 

El acta estipulaba que los despedidos debían reinsertarse en organismos científicos. Sin embargo, el ministerio ofrece como única alternativa ubicarlos en universidades como jefes de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, de manera interina, por dos años. El martes, en la Comisión Mixta de Seguimiento del acta, la Red Federal de Afectadxs llevó tres propuestas: una equiparación salarial con la carrera de investigador, estabilidad laboral y garantía para que las investigaciones continúen. Los representantes del gobierno (el radical Agustín Campero, y Lucas Luchilo, «intelectual PRO») se negaron, y los científicos ocuparon el hall del edificio. 

«No pertenecen al Conicet, sino que son becarios. Esta gente quedó afuera. No entraron y es algo que les cuesta ver», apuntó Barañao esta semana. La multitudinaria asamblea del jueves, con más de 300 representantes, salió a responderle: «Somos los investigadores recomendados para su ingreso en 2016, pasamos con éxito todas las instancias formales de evaluación, ganando un concurso público de antecedentes». 

El ministro también sostuvo que «no hay ninguna evidencia concreta de ajuste en el sector. La toma se relaciona al período electoral». Dijeron los científicos: «El ajuste es explícito. Hubo una reducción de más del 30% del presupuesto para el sector, un recorte de la cantidad de becas, exclusión de proyectos de investigación y recorte de subsidios para las investigaciones». Para Barañao «no hay propuestas concretas a la hora de dialogar». Guadalupe Maradei, una de las becarias afectadas, contestó: «Se trata de una cínica mentira, fue exactamente al revés. La reunión duró tres horas. Pedimos desde que se comuniquen con la Secretaría de Políticas Universitarias para coordinar una reunión, hasta un cuarto intermedio de 24 horas, o poner un plazo para nueva reunión. A todo dijeron que no. No nos dejaron margen para nada que no fuera la medida de fuerza para que abran un canal de diálogo real». «