Las tomas de colegios en contra del proyecto oficial de Secundaria del Futuro en 2017 tuvieron un abrupto final cuando una estudiante denunció un abuso sufrido por parte de un compañero. Las autoridades cargaron contra la organización del movimiento estudiantil, dejando en segundo plano el motivo inicial del reclamo y su propio incumplimiento de las leyes de Educación Sexual Integral (ESI), sancionadas a nivel nacional y porteño en 2006. En la denuncia de la adolescente también se mencionaba la falta de instrucción sexual y de elaboración de un protocolo contra la violencia de género; un reclamo que la comunidad estudiantil sostenía hace tiempo. Al día de hoy, sin embargo, sólo el Carlos Pellegrini cuenta con un protocolo aprobado.
Mientras se espera que el Ministerio de Educación de la Ciudad saque por resolución el mecanismo para atender las denuncias por violencia de género, la Defensoría del Pueblo comenzó a distribuir en las escuelas una Guía Básica de Derechos Sexuales y Reproductivos porque «el incumplimiento que se hace de la ley ESI hace que los chicos no tengan esa información», explica a Tiempo Livia Ritondo, directora ejecutiva de derechos sociales del organismo. «Nosotros le estamos diciendo cuáles son sus derechos y, por ejemplo, cuáles son los métodos anticonceptivos a los que pueden acceder. Porque tuvimos información de que el anticonceptivo hormonal de emergencia, conocida como la pastilla del día después, en algunas farmacias de centros de salud no la entregan y esas cosas no pueden pasar», añade. También menciona denuncias por la negativa profesional a practicar la interrupción del embarazo en los casos no punibles y hasta la falta de provisión de preservativos, como sucedió el año pasado.
«El reclamo por el protocolo contra la violencia de género está presente hace bastante tiempo y últimamente se viene reforzando debido a los casos recientes de escraches en los colegios», explica Candela García, estudiante de quinto año del Colegio Lenguas Vivas e integrante de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB). «La respuesta que recibimos del Ministerio fue que a fines de mayo tendrían aprobado un protocolo que armó Defensoría del Pueblo junto con los estudiantes, pero eso aún no sucedió y por eso promovemos que cada colegio se junte para hacer el suyo», añade (ver aparte).
Esta semana el Lenguas Vivas fue uno de los diez colegios secundarios en los que se distribuyó la Guía. Algo que continuará en los próximos días, ya que, según las estadísticas que manejan en la Defensoría, apenas dos de cada diez chicos egresados del secundario han recibido educación sexual.
Pero la guía también servirá para promover los derechos sexuales y reproductivos por fuera de los colegios. «Sabemos que en la zona sur hay mucha gente que no llega ni siquiera a las escuelas, porque hay pocas instituciones públicas y por la problemática social y la falta de trabajo que hace que muy jovencitos tengan que insertarse en el mercado laboral», señala Ritondo.
La Educación Sexual Integral es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra establecido por la ley nacional 26.150 sancionada en octubre de 2006. Allí se crea un Programa Nacional que debe garantizar su implementación. También se establece que se debe incorporar la ESI en todos los niveles educativos para «promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; y procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones».
Un procedimiento válido sólo para los universitarios
Entre los colegios que integran la Coordinadora de Estudiantes de Base, principal espacio de organización del movimiento estudiantil, apenas el Carlos Pellegrini tiene un protocolo propio contra la violencia de género aprobado. Su primo universitario, el Nacional Buenos Aires, presentó el suyo al Consejo Superior de la UBA a fines de 2017 pero fue observado y, por lo tanto, hasta que reformule su propuesta aplica los lineamientos del protocolo general de la Universidad.
Mientras los demás colegios están a la espera de la resolución ministerial, algunos centros de estudiantes lograron avanzar en procedimientos especiales. «Nosotros llegamos a un acuerdo con los directivos para tener un gabinete interdisciplinario con personas capacitadas (ginecólogos, psicólogos y docentes capacitados)», cuenta Luna Ferreras, estudiante de la Escuela Media N° 1 Julio Cortázar.
Mientras los estudiantes buscan generar estructuras, la mayoría de los directivos esperan el protocolo general que debe aprobar el Ministerio de Educación de la Ciudad por medio de una resolución. La Defensoría ya entregó un modelo que fue discutido con los estudiantes y actualmente participa de una mesa de trabajo junto con las autoridades ministeriales para conseguir su aprobación definitiva. «
