En los últimos días la discusión pública de la reforma de la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires se basó exclusivamente en los casi 30 colegios tomados. Poco se habló del porqué de la protesta, del proyecto que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quiere sí o sí iniciar el año próximo en 17 escuelas y del que se desconoce aún cómo se va a implementar. Tiempo consultó a diferentes especialistas sobre esta iniciativa, una prueba piloto que el gobierno quiere instaurar a nivel nacional.
Falta de consulta
El asesor tutelar, Gustavo Moreno, advirtió que, hasta la reunión de la ministra Soledad Acuña con representantes estudiantiles el miércoles pasado, no había ningún otro documento oficial del gobierno porteño que no fueran los powerpoints que este diario adelantó en exclusiva hace casi un mes: «Los estudiantes no podían ejercer su derecho a la participación efectiva para opinar sobre el nuevo proyecto». Horas después, el Ministerio colgó en su web un documento titulado «La escuela que queremos (Profundización de la NES)», aludiendo a que lo dispuesto se alinea con la Nueva Escuela Secundaria instituida en 2009, introduciendo más «innovaciones en las modalidades de enseñanza». Sin embargo, el proyecto que se conoció en un primer momento estipula ciertos ejes no contemplados en la NES, como es la obligatoriedad de las prácticas en empresas para todos los alumnos de 5º año y el rol del docente como «orientador». Luego, el Ministerio publicó un pdf de dos páginas que evita hablar de «empresas» y «emprendedurismo», y subraya: «Se trata de un modelo que motive a los estudiantes, los provoque, los desafíe. Una escuela secundaria que se adapta a las nuevas tecnologías y a las futuras demandas de la sociedad».
«Vemos dos problemas clave: la falta de instancias de participación para la comunidad educativa y los límites en el acceso a la información pública», señala a Tiempo Carmen Ryan, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). «La falta de precisiones del material de difusión, la no difusión de los fundamentos o el detalle del proceso que dio lugar a ese plan genera una preocupación fundada, y además limita la posibilidad de ejercer otros derechos, como es el derecho a participar y discutir las decisiones de gobierno». La ACIJ ya presentó un pedido de acceso a la información pública.
Créditos y grandes áreas
El gobierno sostiene que el chico llegará a la secundaria con un «informe de fortalezas» realizado por las maestras de 7º grado para generar una trayectoria del alumno «en forma personalizada», con detalles, por ejemplo, de su «actitud frente al aprendizaje». El proyecto de resolución Nº 2409 impulsado por la diputada porteña y docente Laura Marrone (Frente de Izquierda), que insta al Ejecutivo a que dé marcha atrás con la iniciativa, denuncia que este informe «instaura un sistema de control institucional desde la primaria que resulta estigmatizante y violatorio de los derechos a la privacidad de la persona».
La Secundaria del Futuro reemplaza la nota numérica como única forma de evaluar: parte «de rúbricas, de un conjunto de indicadores, que permiten valorar el aprendizaje, tanto de los conocimientos como de las aptitudes logradas por los estudiantes», dice el texto oficial. Elimina la evaluación por asignatura, para transformarla en un paquete de créditos por cada una de las cuatro áreas que nuclearán las 15 asignaturas: Ciencias Sociales; Ciencias Exactas y Experimentales; Comunicación y Expresión; y Orientaciones/Especialidades.
El rol del docente
Con el nuevo sistema, el maestro interviene sólo en un 30% de la clase, introduciendo los temas a tratar. El restante 70% será «orientador» del alumno, que «autorregula su aprendizaje, de manera autónoma y colaborativa». La tecnología pasará a ser central. La reforma refleja un estado ideal de las escuelas que, llevado a la realidad porteña, no se traduce en una mejora edilicia. En el primer trimestre del año Ciudad sólo invirtió un 10% de los 1006 millones pautados para Infraestructura Escolar.
Jésica Báez, doctora en Educación y becaria del Conicet (una de las 500 despedidas de la Carrera de Investigador), señala que los actores que viven la escuela y la llevan adelante «vienen señalando la necesidad de pensar cambios, pero no esta reforma que parecería ser una política pública pensada en términos de clave publicitaria, sin contenido, por especialistas de escritorio que no recorren el espacio de las escuelas, desconociendo a los actores del sistema educativo». En el mismo sentido se pronuncia la exministra de Educación bonaerense, Silvina Gvirtz, y actual secretaria del área en el municipio de La Matanza: «Toda reforma educativa debe ser encarada con solidez desde un punto de vista técnico, con una estrategia para decir desde dónde se parte y hacia dónde, con qué presupuesto. No hay una sola palabra del financiamiento ni de los contenidos. La ministra nunca fue docente, no sabe de educación». Gvirtz critica que «desde el gobierno utilizan el justificativo del nivel de repitencia o abandono actual, pero nada de esto aborda la reforma». Y propone jornadas de ocho horas de clase, espacios de trabajo interinstitucionales y que los chicos que se lleven tres materias rindan sólo esas al año siguiente, y no las doce. «Está demostrado: repetir es una muy mala estrategia didáctica.»
Pasantías y emprendedurismo
El punto más polémico es el que determinaban los powerpoints oficiales: el tiempo escolar de los chicos del último año, a repartir de manera obligatoria entre el trabajo para empresas y tareas de «emprendedurismo». Para especialistas, docentes y alumnos, se trata de una flexibilidad laboral educativa. Según el gobierno, en 5º año no habrá pasantías sino «prácticas educativas; los estudiantes no van a trabajar, continuarán aprendiendo en otros contextos».
«La intención es pasar de esta propuesta de la Ciudad, con sus modos de marketing más que de fondo, y escalar con este proyecto a nivel nacional», remarca el especialista y docente Gabriel Brener, licenciado en Ciencias de la Educación. Su mirada apunta al Plan Maestro que el macrismo impulsa para la educación de todo el país: «El Plan tiene pretensiones de gesta inaugural, queriendo ‘superar’ el marco legal actual de enorme peso y relevancia que no pueden desconocer. Retoma cierto darwinismo social, mezclado con discursos de autoayuda, powerpoints y ‘emprendedurismo'» Este último punto, clave en la cosmogonía macrista, permitió el ingreso de fundaciones como Cimientos y Eidós, cercanas al gobierno, en la reforma de la secundaria pública. El proyecto no menciona a la educación privada.
Mientras el gobierno avanza y habla de «insertar a los alumnos en el mundo del trabajo», continúa desfinanciando a las escuelas técnicas del país, quitándoles más del 80% de su Fondo. Así lo denunció la Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos (FACPET), que acaba de firmar un Acta Acuerdo en el que rechazan «en su totalidad» este Plan «que consta sólo de cuatro artículos, poniendo en duda el financiamiento educativo y la Ley de Educación Técnico-profesional, incumplida por el gobierno». «
