El desalojo, dice el abogado y profesor Sebastián Tedeschi, es «el acto más grave de despliegue del poder coactivo del Estado», pero «se ejerce sin la mirada atenta de los jueces que lo ordenan». Aunque los datos son escasos e incompletos, intenta cuantificar la gravedad de la situación habitacional. Es el coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación y tiene a su cargo la intervención de los defensores oficiales en casos de desalojo. Advierte que dentro del fuero civil hay una silenciosa acumulación de expedientes y explica la importancia de prorrogar el decreto 320.
–¿Cuáles son sus críticas al DNU?
–El juicio por desalojo se puede hacer por cuatro motivos en un juicio civil, o en el marco de una usurpación en un juicio penal. También por un remate judicial o una quiebra. Pero el decreto suspendió un solo tipo de lanzamiento, que es por falta de pago. También te pueden desalojar por vencimiento de contrato, cambio de uso del inmueble y por juicio contra intrusos, que es el caso que más perjudica a los sectores populares, porque son alquileres informales que en general carecen de comprobantes de pago. El problema es que en el decreto faltan estas otras causales de desalojo.
–¿Qué ha pasado durante el aislamiento?
–Al principio, al decretarse la feria judicial no corrían los plazos judiciales y las medidas de aislamiento obligatorio prevenían estas amenazas de expulsión, aunque hubo algunas. Fundamentalmente se frenaron los desalojos judiciales, aunque algunos jueces habilitaron la feria para continuarlos. Sin embargo, proliferaron los desalojos extrajudiciales. Concluida la feria, los expedientes empezaron a moverse, tanto aquellos por contratos ya vencidos al 20 de marzo, que reflejaban la crisis económica y social en la que ya estábamos antes de la pandemia, como todos los juicios por intrusión, que en 2019 habían aumentado un 67% más que el año anterior y un 48% más que el promedio histórico. La estadística oficial que produce la Cámara Civil es incompleta y poco útil para medir el impacto de los desalojos.
–¿Por qué?
–Solo registran los juicios que se inician, pero no informan cuántas familias se verán afectadas por ese proceso ni a cuántas efectivamente se desaloja. Detrás de un expediente puede haber hasta cien familias. Este dato debería surgir de las actas de los oficiales de justicia, que se hacen de un modo muy precario y lleno de inconsistencias. Es decir que el acto más grave de despliegue del poder coactivo del Estado se ejerce sin la mirada atenta de los jueces que lo ordenan, con honrosas excepciones. De aquí podría surgir la información clave para formular una política de prevención de estos conflictos.
–Sin datos concretos, ¿cómo evolucionaron los desalojos en estos cinco meses?
–El impacto principal es que ya hubo muchísimos desalojos informales. Los judiciales sí se pararon, pero a partir del 10 de agosto se reiniciaron todos los plazos procesales y están avanzando muy rápidamente, para que los expedientes estén listos para después del 30 de septiembre. Tememos una ola de desalojos a partir del 1 de octubre.
–¿Por qué?
–Los jueces están enviando las cédulas de traslado, resolviendo las apelaciones, dejando todo listo para emitir la orden de desalojo. Tenemos varios juicios que implican decenas de familias. Si no sale un nuevo decreto renovando la suspensión de desalojos y ampliándola para estas otras situaciones, podrían comenzar a expulsar a cientos de familias a la calle.
–¿Cómo se explica esa aceleración?
–Lo que los frenaba era la feria judicial y el aislamiento obligatorio. Cuando desde fines de julio se terminaron todas las ferias judiciales, continuaron los trámites de los expedientes. Ahora el único freno es el DNU 320/20 que rige hasta septiembre, pero depende de la interpretación de los jueces si cubre solo la falta de pago o estas otras situaciones.
