“Nuestro objetivo es el consenso entre las provincias”, había avisado el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, antes de reunirse este viernes con los gobernadores de Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén para tratar la construcción de la represa eléctrica Portezuelo del Viento, esa megaobra que engendró una “guerra” por el agua. Sin embargo, el deseado acuerdo está más lejos que nunca: con el apoyo de las demás provincias se impuso el reclamo histórico de La Pampa, principal opositor al proyecto, por lo que deberá realizarse un nuevo estudio ambiental antes de comenzar los trabajos.

Como el reglamento del Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO) establece que las votaciones deben ser unánimes, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, adelantó que pedirá el laudo presidencial, una suerte de intervención arbitral, “para defender Portezuelo del Viento en todas las instancias que sea necesario”.

El COIRCO, creado en 1976 y formado por las cinco provincias que comparten el curso del Colorado, tiene como objeto la distribución equitativa del agua. En 2016, el Comité aprobó, con la única oposición de La Pampa, la construcción de una represa, que incluye una central hidroeléctrica, en el sur de Mendoza, con la idea de generar más energía a través de un uso más eficiente del río Atuel. Luego de sucesivas postergaciones, la obra se reactivó hace un año, cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció un giro a Mendoza de unos 1023 millones de dólares para la construcción de la represa. Sin embargo, a principios de mes, el presidente Alberto Fernández confirmó la suspensión de los trabajos debido a que no existía consenso entre las provincias.

“Los ríos tienen que seguir sus cursos naturales porque las consecuencias socioambientales son graves. Por un lado, esto no permite a los pobladores y productores continuar con su actividad, ya que hay que reubicarlos; y por otro, trae alteraciones en los ecosistemas que provocan enfermedades y cambio climático. En el caso de Portezuelo, se agrega el uso del agua, que ya de por si no está bien distribuida. La obra dejaría sin agua a los que están río abajo”, explica Julieta Lavarello, especialista en Derecho Socioambiental y abogada de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.

Pero el daño ecológico no es lo único repudiable. Lavarello recuerda que el 19 de marzo, a horas del comienzo de la cuarentena, el gobierno de Mendoza hizo una audiencia pública de las obras de Portezuelo vía streaming, ignorando que la gente que vive en la zona, es decir, los principales interesados, no tienen acceso a internet. “Se violaron leyes. Eso debería ser el primer freno para autorizar el comienzo de la obra”.

La especialista tampoco se olvida de que las condiciones para presentar los pliegos para la construcción de la represa fueron hechas a la medida de las grandes empresas trasnacionales. “Días antes de que Emilio Guiñazú Fader asumiera como subsecretario de Energía y Minería renunció a una larga carrera en Pescarmona, una compañía que cumplía con los requisitos. Eso es un hecho de corrupción”. «