El interés del gobierno de la Ciudad por discutir este Código Urbanístico tiene que ver con dar respuesta a los intereses de los grandes empresarios inmobiliarios, que le están pidiendo «seguridad jurídica» para la gran cantidad de obras ilegales que hay en territorio porteño y que el nuevo Código vendría a subsanar. El ejemplo mas claro son las obras que se construyeron con el criterio FOT, es decir, con mas metros cuadrados permitidos. El Código eliminaría el FOT, con lo cual esa irregularidad también se eliminaría.
Por otra parte, quieren elevar de forma genérica las alturas, principalmente en las áreas de desarrollo prioritario, que son las zonas de la Ribera del Riachuelo y a los costados de la Avenida General Paz, así le da al mercado inmobiliario la posibilidad de llevar adelante grandes construcciones, y les entrega nuevos sectores, uno de ellos la prolongación de Puerto Madero hacia el sur.
Hacer un código morfológico uniforme para toda la ciudad de Buenos Aires encubre cuestiones graves, como favorecer negocios inmobiliarios, cuando en realidad, la cuestión de la forma es la última de las necesidades que tenemos los vecinos. Si se le pregunta a las organizaciones y movimientos sociales cuáles son las prioridades en la ciudad, de seguro no dirían que es la diferencia de altura de los edificios y las casas. Hablarían de las inundaciones, del aumento de los inquilinos, del aumento de la población en villas, del colapso de los servicios públicos, de la falta de espacios verdes, etc.
Ninguno de esos problemas ha sido tenido en cuenta por este Código Urbanístico. Incluso va a agravar esta situación, porque el aumento generalizado de alturas va a generar un incremento de los metros cuadrados construidos que redunda en una mayor densidad de la ciudad, provocando el colapso de todos los servicios públicos. Esto demuestra que la cuestión ambiental para el gobierno no existe. «