Este viernes se cumplen once años de impunidad por el secuestro, tortura y desaparición de Luciano Arruga por parte de la Policía Bonaerense. Antes de su desaparición hay antecedentes de que había sido detenido de manera ilegal por efectivos de Lomas del Mirador, La Matanza, privado de su libertad y torturado. El joven era hostigado y perseguido por policías por negarse a robar para ellos. En la comisaría de esa localidad se lo vio por última vez con vida. Cinco años y ocho meses más tarde (2014), la lucha incesante de su familia logró que se encontrara su cuerpo que había sido enterrado como NN en la Chacarita.
Su madre, Mónica Alegre, su hermana Vanesa Orieta, sus amigos y las organizaciones de Derechos Humanos definen el caso como una desaparición forzada en democracia por lo que las responsabilidades recaen en las autoridades políticas, judiciales y policiales. Hasta la fecha sólo hay fue condenado a diez años de prisión el teniente primero Julio Diego Torales por haberlo torturado durante una aprehensión en 2008. Pero la causa principal que investiga la desaparición sigue durmiendo en los despachos del Poder Judicial.
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Hace casi 8 años, la familia de Luciano y el CELS denunciaron a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco por la instrucción judicial. En la acusación indicaron que los fiscales delegaron la investigación en la misma policía que tenía el antecedente de haber hostigado y torturado a Luciano. Además, en un comunicado de hace un año señalaban que la fiscal Castelli “avaló irregularidades policiales y negó información de la causa a las familiares”.
En mayo de 2019, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich con su política de acusar a familiares de víctimas de la represión estatal, señaló que estos “arman causas” y puso de ejemplo al caso Arruga. Al día siguiente, su hermana Vanesa le respondió: “Somos familiares denunciando la represión estatal y no son los sectores políticos partidarios. Somos los familiares de cada uno de los pibes y pibas que fueron torturados, desaparecidos y asesinados por un aparato represivo”. Luego agregó detalles del caso relevantes pero que se ocultan: “Lo que falta es información, entonces cuando se habla de un accidente de tránsito en la causa de Luciano lo que se está haciendo es tergiversar, es omitir información y eso es una mentira rotunda y contundente porque mi hermano sí fue embestido por un auto, pero hay dos testigos y uno de ellos que dice que Luciano corría desesperado escapando de algo o alguien. Hay otro testigo que la ministra omitió y que es el que identifica a una patrulla de la bonaerense a metros de la General Paz, una patrulla que no tenía activado su sistema de geolocalización”, y añadió que “de las 14 patrullas que tenían función en la zona de Lomas del Mirador, sólo cuatro tenían su sistema activado, razón por la cual dentro de la causa judicial para la Justicia es una patrulla que no estaba. Y esto es impunidad. Por eso una persona puede ser desaparecida, porque quienes comenten el delito no dejan huella para que se puedan seguir las pistas y se puedan condenar”.
Este sábado 1 de febrero se llevará adelante una jornada “para exigir condena a los policías responsables y jury al juez y las fiscales cómplices”. La convocatoria es a las 17 en el último lugar donde fue visto con vida, el 31 de enero de 2009, mientras escapaba de la Policía Bonaerense: Mosconi y General Paz. Desde allí se marchará hasta la Plaza Luciano Arruga de Lomas del Mirador, donde a las 20:30 se proyectará el documental ¿Quién mató a mi hermano?, de Lucas Scavino y Ana Fraile.
