Un importante grupo de comunidades indígenas se opuso a la exportación de piezas dentarias de sus ancestros a la ciudad de Jena, Alemania, donde iban a ser estudiadas y analizadas por especialistas. Esta medida había sido solicitada por el arqueólogo argentino e investigador del CONICET, Gustavo Politis, y aceptada por buena parte del Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA). Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por considerarla “inconsulta”.

Se tratan de pequeñas muestras de ciertas piezas dentales de los restos humanos que fueron encontrados entre 1972 y mediados de la década del ’90 en la zona de Arroyo Seco, un espacio biocultural sagrado del pueblo mapuche cercano a la ciudad de Tres Arroyos denominado “Espacio de la Memoria de los Pueblos Originarios”. Los restos humanos en cuestión datan de unos 4.500 a 8500 años atrás.

«Estamos en pleno proceso de restitución de los restos y, como una de las últimas medidas, solicitamos el análisis de estas muestras para poder conocer mejor a las comunidades», explicó a Tiempo Politis, quien realizó el pedido hace un año atrás como director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA – CONICET). El docente de la Universidad Nacional del Centro, con sede en Olavarría, describió que por este motivo hicieron los trámites ante Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y ésta los derivó con el CIBA.

«En el CIBA hay representantes de 4 pueblos: el Mapuche-Tehuelche, Coya, Qom y el Guaraní. Los representantes del pueblo Mapuche, Oscar Farías y Miriam Muñoz, votaron a favor del traslado; pero el resto no… y como son tres contra uno, lo dejamos ahí», continuó Politis quien aclaró que todo el envío «es de entre 25 y 30 gramos. Ni si quiera hay que trasladar huesos en cajas ni nada por el estilo. Son muestras, fragmentos, extraídos de las raíces de piezas dentales que ya estaban sueltas».

El investigador precisó que «la idea era poder realizarle un estudio paleopatógeno para tratar de entender las enfermedades que las comunidades pudieron haber tenido en un lapso de tiempo, ya que ese registro permanece en el ADN de los patógenos en alguna parte de la raíz, durante el crecimiento de las personas, a pesar de que se hayan curado».

«Nos da pena porque era una manera de conocer mejor a esta comunidad y además, contábamos con el aval de la Comunidad Peñy Mapu, que es la que se encuentra más cercana al lugar y fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)», se lamentó Politis, quien concluyó: «el estudio iba a ser llevado adelante por un investigador cordobés que iba a viajar a Alemania porque acá no podemos hacer ese tipo de investigaciones».

La respuesta de diferentes comunidades mapuches, como la de Epu Lafken, fueron en sintonía con la de la CIBA. En un comunicado, rechazaron la iniciativa y trataron a Farías y Muñoz como «falsos representantes» y criticaron que hayan “dado el aval sin haber consultado previamente a la totalidad de las comunidades. No es una práctica inusual. Es una práctica habitual de los mismos. Sucedió lo mismo con el cementerio mapuche en Los Toldos, en el cual no hubo proceso de consulta y consentimiento”, insistieron.

Quienes se oponen al traslado de las muestras precisaron que existen normas nacionales como las leyes 25.743/04, 25.517/10 y 25.568/02; e internacionales como las leyes 19.943/72 y la 25.257/95 que indican el procedimiento académico que debe llevarse adelante para este tipo de investigaciones. Además, continuaron, “está disponible la Resolución N° 0321 de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural que da protección de los hallazgos como patrimonio material e inmaterial”. 

“Lxs representantes mapuche genuflexos a este equipo de investigadores (saqueadores académicos) quienes producen ‘ciencia’ al servicio del cliente, dieron su aval sin comunicar por vía administrativa a la totalidad de las comunidades (35) mapuche inscriptas y empadronadas en el Registro Provincial de Comunidades”, concluyeron.