Por primera vez se destinó más del 10 por ciento del presupuesto de salud a la salud. El anunció lo realizó el jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en el marco del Encuentro Nacional de Salud Mental, que se llevó a cabo esta semana en Tecnópolis, y va en línea con lo establecido en la Ley 26.657 de Salud Mental. Otra norma, como la de Alquileres, que cuenta con el rechazo anticipado de las fuerzas opositoras, tanto de Javier Milei como de Patricia Bullrich.

“Cumplimos con el objetivo de llegar al 10 por ciento del presupuesto de salud, obviamente teniendo una mirada mucho más integral y amplia. Los componentes más importantes provienen fundamentalmente del propio Ministerio de Salud y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), junto a la participación de otros ministerios que tienen políticas que afectan directamente la problemática de salud mental”, informó el jefe de ministros.

Según lo informado, a lo largo del 2023, el Poder Ejecutivo invirtió 41.122 millones de pesos en partidas destinadas a la salud mental, lo que representa un 10,1 por ciento del total de la inversión en salud. Justamente la Ley 26.657 dispone destinar a la salud mental un mínimo de del 10 por ciento del presupuesto total de salud. «Para cumplir con este objetivo, se elaboró un tablero presupuestario que monitorea y evalúa las políticas establecidas en la ley, entre ellas las partidas presupuestarias y la ejecución de la inversión», indicaron.

Durante su exposición en el panel “Salud Mental en todas las políticas”, Rossi destacó los avances alcanzados por la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental (CONISMA). Un eje central de la ley: el trabajo entre diferentes disciplinas y jurisdicciones. “Valoramos mucho ese trabajo interjurisdiccional porque es la forma en la que se logra que el Estado pase a hacerse cargo de la totalidad de la política pública. Cuantas más áreas se ocupan de una política pública, más amplio es el abordaje”, remarcó Rossi.

“Se trata de una ley paradigmática de la democracia porque presupone horizontalidad y ver al otro como un par. Partimos de un paradigma más justo, que tiene que ver con el respeto al ser humano. Por eso en estas elecciones se juegan dos modelos de sociedad. Se trata de salir a dar el debate para defender un modo de vida, no una candidatura”, acotó.

Mitos y realidades

La Ley 26.657 que busca garantizar a toda la población el acceso a una atención integral, humanizada y de calidad en materia de salud mental. Pero a su alrededor giran tantos mitos como deficiencias. Organizaciones y especialistas concuerdan: todavía existen barreras que impiden su plena implementación y lograr que el derecho a la salud mental sea una realidad. Un primer punto es la participación de todo el sistema.

“Hay una cuestión pendiente: que todos los centros de salud y hospitales generales brinden atención ambulatoria e internación en salud mental. Esto aún no sucede en todo el país. También es muy importante avanzar con una red de dispositivos alternativos como las viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria y ambulatoria, de acompañamiento y apoyo, y dispositivos de inclusión social y laboral”, resaltó a este diario tiempo atrás Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Cuenta que otro tema pendiente es la adecuación de los hospitales psiquiátricos. “Todavía hay grandes instituciones que no tienen planes de adecuación, como es el caso de los hospitales psiquiátricos de la Ciudad, donde aún hay gran cantidad de personas internadas«.

El sistema de atención que propone la ley deja de lado el modelo manicomial para pasar a uno de atención comunitaria. La norma estipuló que para 2020 no debían quedar “manicomios” con el viejo modelo de encierro. No obligaba a cerrarlos, sino a readecuarse. Que las internaciones fuesen breves, y complementadas con dispositivos comunitarias y lazos sociales, laborales y culturales que evitaran dejar al paciente aislado en el neuropsiquiátrico. Eso también está lejos de cumplirse. El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019 (casi diez años después de la ley) registró 12.035 personas internadas por Salud Mental. Unas 8000 menos que en 2010, pero aún son muchísimas.

La situación es dispar dependiendo la jurisdicción. Entre Ríos, La Pampa y Provincia de Buenos Aires avanzaron en readecuaciones. La actual gestión bonaerense dispuso hace un par de años la transformación de los cuatro monovalentes: el Estéves, el Alejandro Korn, el Domingo Cabred; y el Taraborelli. Entre los cuatro albergan a más de 1600 pacientes: el 43% tiene como mínimo 10 años de internación. CABA, en cambio, no avanzó con ninguno. La mayor parte del presupuesto está orientado hacia los hospitales psiquiátricos, mientras que de sus 34 hospitales, solo tres cuentan con internación por causas de salud mental.

Con la pandemia hubo un crecimiento exponencial de casos de salud mental. Un estudio del Conicet reveló que el 47% de las personas consultadas tuvo algún “trastorno de ansiedad”, seguido por “depresión” (36%) y afecciones de tipo “psiquiátrico” (14%).

La salud mental está vinculada al contexto. En las crisis, suben los casos. Remarcó Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo Salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “no existe estado pleno de salud o de enfermedad. Hay que desmitificarlo. Hay mucho silencio y vergüenza en pedir ayuda. Si se dejan los tabúes, se podrá pedir ayuda a tiempo”.

El sistema de atención que propone la ley deja de lado el modelo manicomial para pasar a uno de atención comunitaria.

Hospitales

Los críticos de la ley apuntan que la externación de pacientes no siempre puede ocurrir. “La internación debe ser una habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico”, aseguró a la prensa tiempo atrás Mario Clemente, presidente de la Fundación Observatorio para la Medicina Prehospitalaria.

Uno de los mayores mitos, promovido por los medios, es que una persona con un historial de atención por salud mental no está en condiciones de decidir sobre su vida, es peligrosa o no puede integrarse en la comunidad. “Pero esto no es así –añadió Leonardo Gorbacz, psicoanalista y exdiputado–. Muchas personas no pueden ver que las crisis en salud mental son momentos puntuales que pueden ser superados, entonces terminan condenando a las personas al encierro de por vida”.

“El porcentaje de personas con problemáticas de salud mental que cometen delitos es ínfima, en su mayoría los que cometen delitos son personas consideradas normales”, enfatizó Alberto Trímboli, ex titular de la Federación Mundial de Salud Mental.

Gorbacz lleva la ley como una causa propia. Fue el autor del proyecto. Destacó que “en 12 años se han visto fortalecidos los equipos interdisciplinarios y se ha reducido la cantidad de personas que permanecían sin criterio de salud en hospitales psiquiátricos, además de aumentar los controles, lo que redujo la tendencia a la discrecionalidad. Sin embargo, la mayor carga de atención sigue recayendo en los hospitales psiquiátricos”.

Muchos hospitales y centros de salud en los barrios rechazan la atención de salud mental, la gente tarda en llegar a la consulta y en la mayoría de los casos es derivada a hospitales psiquiátricos alejados, con riesgo de perder progresivamente sus redes vinculares y sus lazos sociales.

La ley incluye a las adicciones como parte de las políticas de salud mental, por lo que las personas que transitan situaciones de consumos problemáticos tienen todos los derechos que enumera la ley. Este punto tampoco se cumple.

El estado emocional de los argentinos: del insomnio a la crisis y la automedicación

Durante el Primer Encuentro Nacional de Salud Mental (que contó con la inauguración de Alberto Fernández), Vizzotti comentó que durante la actividad que se desarrolló en Tecnópolis pudieron vislumbrar la complejidad que tiene el abordaje integral de la salud mental y los consumos problemáticos: “Que estemos todos juntos con el mismo compromiso, desde las trabajadoras y trabajadores, usuarias y usuarios, organismos de consulta, la Defensoría Nacional de Niños Niñas y Adolescentes, me parece que tiene una relevancia muy importante para focalizarnos en las coincidencias y seguir adelante con mucha convicción”.

Y habló del «hito» del presupuesto: “El Estado está invirtiendo solamente este año 41.000 millones de pesos, que representa el 10.1% del presupuesto de salud, y tenemos el compromiso de seguir avanzando. Ya hemos logrado mucho en ampliación de derechos. Tenemos que valorarlo, visibilizarlo, y redoblar los esfuerzos para ampliarlos cada vez más y que lleguen a cada rincón de Argentina. A seguir que todavía faltan muchos derechos por conquistar”, culminó la ministra.

Previamente, Vizzotti coordinó un panel sobre articulaciones intraministeriales en el que junto a autoridades de diferentes áreas del Ministerio de Salud se analizó la transversalización de las políticas de salud mental en las políticas sanitarias.

“Esto es una construcción colectiva que empieza por decisiones políticas, pero que no puede suceder y transformarse en realidades si no trabajamos cada uno de los eslabones” señaló la ministra y felicitó a todos los equipos de la cartera sanitaria y los organismos descentralizados y desconcentrados “por el amor enorme, por el esfuerzo, por la empatía, por la pasión y por seguir adelante siempre”.

Del panel de articulaciones intraministeriales participaron la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; la subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos, Edith Benedetti; la subsecretaria de Articulación Federal, Verónica De Cristófaro; el subsecretario de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria, Fabián Puratich;  y el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortíz.

El Primer Encuentro Nacional de Salud Mental reunió en Tecnópolis a autoridades nacionales, especialistas, referentes jurisdiccionales y trabajadoras y trabajadores de la salud mental de todo el país con el objetivo de seguir avanzado con perspectiva federal e intersectorial en la plena implementación de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental.