“La mamá de Facundo –Cristina Castro- ya lo había manifestado antes: que su hijo había sido torturado. En lo afectivo esa es la sensación. Que ella ya lo había dicho”, remarcó el abogado Leandro Aparicio sobre los nuevos elementos que surgieron en la causa del joven que desapareció el 30 de abril del año pasado y cuyo cuerpo fue hallado casi cuatro meses después en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri. La hipótesis de la tortura cobró fuerza a partir de los resultados de peritajes sobre la ropa hallada en la mochila del joven: con quemaduras producidas «con algún elemento químico», además de daños como “cortes y puntazos”.

“Tomamos conocimiento el viernes, cuando estuvimos con los tres fiscales. El día anterior habían estado con Cristina, pero no le habían dicho esto. Lo que nos dicen estas pericias es que la mochila que Facundo tenía el 30 de abril aparece en perfecto estado, pero la ropa adentro con faltante de telas y con cortes que no son naturales o propios de una mordedura de un zorro. Y los agujeros fueron hechos con calor, quemados con algo. Para nosotros estaban quemadas, pero una cosa es verla y otra que lo comprueben los peritajes. Los gendarmes se tomaron un año para dar esos resultados y todo indica que Facundo tenía puesta esa ropa cuando fue quemada. Eso tira por tierra la hipótesis del accidente”, concluyó Aparicio en diálogo con Tiempo.

La mochila fue encontrada por un pescador el 12 de septiembre del año pasado, a unos 500 metros del lugar donde habían sido hallados los restos del joven, en el partido bonaerense de Villarino. Dentro de la mochila, los investigadores encontraron un pantalón de jogging que, se presume, es el que llevaba puesto Facundo cuando salió de su casa y que quedó registrado en la foto que le sacó la policía cuando lo demoraron caminando por la ruta 3 en plena cuarentena por el coronavirus. No estaban en la mochila ni la campera de Boca Juniors que llevaba puesta al momento de su desaparición ni su documento de identidad, que sí tenía cuando lo detuvieron.

Los abogados están pidiendo que se profundicen esas pericias con una declaración testimonial de los peritos. “Para precisar conceptos que no están claros. Hay cosas que no me gusta cómo están dichas. Dice por ejemplo que no se usó ‘arma propia o impropia’ para dañar la ropa. ¿Qué es un arma impropia? ¿Un cigarrillo no es un arma impropia? ¿Una picana no quema?”, se preguntó el letrado.

Pero además, se espera otro peritaje sobre el tercer secuestro de celulares realizado a los policías que intervinieron aquel 30 de abril. Porque los que entregaron las dos primeras veces no eran todos los que usaban. El segundo secuestro de teléfonos, de hecho, arrojó “datos reveladores relacionados con el ministro Sergio Berni”. Según informó Aparicio, de allí se desprende que quien financia a la defensa de los oficiales sospechados es Federico Montero, “ojos y manos de Berni en Bahía Blanca”.

“Hace como tres meses que tienen ese tercer secuestro de celulares. Cuando Berni dijo que habían sido entregados voluntariamente, era cierto. Pero no eran los que usaban en el momento del hecho. Cuando la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Públic Fiscal) lo advierte hubo un segundo y un tercer secuestro de teléfonos. Todavía no tenemos esas pericias. Se piden, la jueza dice que no, luego la cámara dice que sí”, relató el abogado. Por las demoras ocasionadas por la magistrada María Gabriela Marrón con estas negativas, entre otras cosas, Cristina Castro apuntó a la Cámara de Casación Penal para pedir su apartamiento.

La jueza rechazó los pedidos de detención de los policías mencionados en el expediente: Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores, quien era medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa, y el teniente primero Alberto González. Por el momento, el caso por la muerte de Facundo no tiene detenidos ni imputados. Las resoluciones emitidas por la jueza hasta ahora apuntan a que se trató de una muerte accidental de la que no participaron terceras personas. La sospecha de los fiscales y de la familia de Facundo es que el joven fue víctima de una desaparición forzada de la que participaron al menos cuatro policías de la provincia de Buenos Aires. Y, para Aparicio, los hechos están demostrando que esto “excede a los policías de Villarino”.