El gobierno porteño está cada vez más cerca de convertir a la ciudad una distopía de Hollywood. Mediante su mayoría en la Legislatura, el oficialismo de la ciudad pretende sacar un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que introduce técnicas informáticas especiales de control de acceso remoto a dispositivos personales. Una simple denuncia alcanzará para que un fiscal pida este tipo de procedimientos que viola garantías y derechos de carácter constitucional.

Más de una docena de organizaciones civiles entre las que se encuentra el CELS, Amnistía Internacional, ACIJ y Poder Ciudadano advierten con preocupación que el proyecto quiebra la lógica de un sistema de justicia en un Estado de derecho en una República con división de poderes. Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, explica a Tiempo que el (por ahora) proyecto permite este tipo de medidas de intromisión informática sin regular cómo se hacen, quién las realiza ni quién las controla ni cómo se limita el acceso o la recopilación de información de otras personas que utilicen los dispositivos intervenidos: «¿Qué pasa con toda la información de otras personas ajenas a la investigación? ¿Quien la cuida? ¿Quién ordena su destrucción? No se dice nada de eso. Todo eso queda en la libre interpretación de un magistrado».

Grave sobre grave, el proyecto de Larreta no pone límites sobre los delitos sobre los que se puede intervenir, es decir que se puede aplicar sobre cualquier denuncia penal. Esto no pasa en el mundo, relata Efrón, y puntualiza que algunos países incluso no tienen legislación, que Alemania lo declaró inconstitucional y que España tiene una ley de 2015 que lo permite, “pero para delitos muy graves, como terrorismo, narcotráfico trata de personas, acá lo van a permitir para todos los delitos: incumplimiento de deberes de asistencia familiar, amenazas leves, una amenaza simple, lesiones simples, etc. La ley en España tiene como ochenta artículos, acá tiene cuatro.”

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El objetivo del oficialismo para este viernes es que la comisión de Justicia de la Legislatura saque un dictamen de mayoría para que se vote en la Legislatura donde el oficialismo tiene mayoría. La oposición estaba discutiendo un dictamen de minoría. El abogado del CELS cuenta que hay otros dos proyectos para cambiar el código, incluido uno del Consejo de Magistratura, pero que no se incluyen las técnicas de investigación.

La gravedad de dar tanto poder a los fiscales de la ciudad, por sobre derechos consagrados en la Constitución, se torna más oscura cuando se sabe que para el proyecto no se convocaron expertos. «No solo se legisla de manera incorrecta, sino que los jueces no van a saber qué están permitiendo hacer. No es lo mismo que un allanamiento a un domicilio. Los jueces no están capacitados para entender lo que estarían autorizando a hacer ni está contemplada una instancia de capacitación. Es un proyecto destinado a darle un poder inmenso y sin control a los fiscales de la ciudad», alega el abogado del CELS.

Efrón enmarca este avance en el traspaso que se viene haciendo hace varios años de muchos delitos de la órbita de la justicia nacional a la local, «para fin de año ya se dice que incluirá el narcomenudeo. Cada vez se investigan más delitos y ahora buscan incluir estas técnicas de investigación.»

Como si todos estos elementos no bastaran para alarmarse, el proyecto incorpora las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y la entrega vigilada, pero sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar, a diferencia de cómo se hizo con el Código Procesal Penal de la Nación.

«El acceso remoto, la vigilancia acústica o de dispositivos de seguimiento y de captación de imágenes no existen en ninguna legislación argentina. el Código Procesal Penal de la Nación que investiga terrorismo, narcotráfico, trata de personas, delitos de lesa humanidad no tiene permitido estas medidas de prueba.

“El pedido que hacemos es que esto no se sancione como ley, punto”. Así de taxativo es Efrón respecto de esta reforma del Código Penal que no incluye una discusión profunda con expertos ni toma en cuenta las voces de organizaciones civiles o de otros bloques parlamentarios no ligados al oficialismo.