El medio peruano OjoPúblico, como parte de un reportaje realizado por Bureau of Investigative Journalism, reveló que el laboratorio Pfizer fue acusado de “intimidar a los Gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna contra el Covid-19, y ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos -que incluyen edificios de embajadas y bases militares- como garantía contra el costo de futuros casos legales”. 

En un artículo publicado por el medio peruano, protagonista de otras investigaciones de la industria farmacéutica, se detalla que distintos “funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados”. Y agrega que en Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos -que incluyen edificios de embajadas y bases militares- se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. Por eso ninguno de los dos gigantes sudamericanos llegó a un acuerdo. 

El artículo de Ojo Público revela que en Perú, Pfizer también buscó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna o la demora en la entrega de los lotes. Y aclara que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna.

Entre las diversas fuentes, menciona a “un funcionario” que describe las demandas de Pfizer como «una intimidación de alto nivel» y asegura que «el gobierno sentía que estaba siendo ‘chantajeado’ para acceder a vacunas”. La inequidad en la distribución de vacunas a lo largo y ancho del plantea para combatir la pandemia es elocuente. Por eso las demandas de Pfizer desnudan un abuso de poder.

El gigante farmacéutico -detalla la investigación de Bureau- ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de esos acuerdos. Durante el proceso de desarrollo de la vacuna, BioNTech, socio de Pfizer, recibió US$445 millones del Gobierno alemán, y el Gobierno estadounidense acordó en julio realizar un pedido anticipado por 100 millones de dosis por casi US$2.000 millones, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en la fase tres de los ensayos. 

Sobre la negociación con Argentina, el informe es contundente. Cita a un funcionario que asegura “que las conversaciones pronto se volvieron tensas y complicadas: ‘En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más'». Además de los cambios en la nueva ley, la farmacéutica le pidió a Argentina que «contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa”. A finales de diciembre, Pfizer hizo otra petición inesperada: que el gobierno pusiera sus activos soberanos como garantía. Fue el límite. «Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal. Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente», asegura un funcionario el el informe. 

Acá se puede leer la publicación completa del reportaje liderado por el Bureau of Investigative Journalism y la colaboración de OjoPúblico.