El 11 de enero de este año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tomó una decisión. Resolvió cortar 67 millones de pesos al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Difícil argumentar que semejante medida fue obra de un error. Esto es lo que esgrimen ahora los funcionarios macristas.
En su momento, el presidente Macri en conferencia de prensa había negado el recorte del Presupuesto, sin embargo la medida existió y quedó plasmada en la decisión administrativa 12/2017, que cambió el destino de los fondos aprobados por el Congreso nacional al discutirse el Presupuesto para este año. Peña había invocado las facultades de su cargo para justificar la quita. Ahora, en la línea de reconocer errores (una vez que estos han salido a la luz), el gobierno ha decido restituir los fondos al CNM y la PNA.
La cantidad de dinero recortada, y ahora reembolsada, sin embargo no fue azarosa: 20 millones correspondían a una partida adicional y los otros 47 eran para ejecutar y planificar el primer año del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también había sido aprobado por ley. Ambas aprobadas por el Congreso.
Ante este recorte reaccionaron varios grupos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21, quienes presentaron una acción de amparo para revertir el recorte. En su momento los denunciantes explicaron que la acción de amparo fue presentada no solo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita.
