“Estamos muy preocupados porque ahora la ministra Acuña pone en peligro la continuidad de los bachilleratos”, señala en diálogo con Tiempo Ignacio Moñino, profesor del Bachillerato Popular Chilavert N°4 DE 19, del barrio de Pompeya. Esta es una escuela que pertenece a la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), y que integra, junto a otras organizaciones, la Coordinadora de Bachillerato Populares en Lucha. En la Ciudad hay alrededor de 60 bachilleratos con estas características, cada uno con sus programas de estudio, su equipo docente y con una función única: brindar un programa educativo al servicio de las clases populares. Estas escuelas están pensadas como una organización social y es mucho más amplia que una institución educativa tradicional. Sus docentes, aseguran, no sólo forman educandos para finalizar la secundaria, sino para aprender a liberarse de las múltiples opresiones que la sociedad vive en lo cotidiano. Son escuelas públicas que otorgan títulos oficiales expedidos por la cartera educativa porteña, dependientes del Área de Educación del Adulto y Adolescente.
En las últimas horas se filtró un documento del ministerio de Educación, que ataca la financiación de los bachilleratos y amenaza su continuidad. Por esta razón, éste martes al mediodía, la comunidad educativa se moviliza al ministerio de Educación de la Ciudad ubicado en el Barrio 31.
Desde los bachilleratos, aseguran que, este nuevo avance sobre el sector es inconsulto y eliminaría muchos derechos adquiridos. “Nos enteramos de casualidad de esta resolución que viene a imponer un nuevo reglamento orgánico en todos los bachilleratos populares, y modifica las condiciones que tenían hasta el momento estas escuelas”, explica Moñino. “El nuevo reglamento dice explícitamente que el ministerio de Educación de la Ciudad, no financiaría necesariamente las experiencias educativas”, agrega el docente.
Se trata del artículo 7 del reglamento que detalla: “Los Bachilleratos Populares y UGEE reconocidos como tales serán “Conveniados” con las Organizaciones que los nuclean y podrán ser con o sin financiamiento del Ministerio de Educación (…) el Gobierno podrá financiar parte o la totalidad de la Planta Orgánica necesaria para su funcionamiento”, y agrega que “la Planta Orgánica de los Bachilleratos Populares y UGEE podrá ampliarse o reducirse de un ciclo lectivo a otro, en razón del crecimiento o disminución de la matrícula”.
Además el documento señala que “todos los trabajadores y trabajadoras pasan a planta transitoria, salvo el director”, suma el profesor del bachillerato, haciendo referencia al artículo 10 del nuevo reglamento. Entre otros puntos polémicos, el documento establece una terna de selección de docentes y de todo el personal de la escuela. “Todos quedan a cargo de la Dirección de Adultos y adolescentes, o sea del ministerio, y no pueden ser designados los docentes por las organizaciones sociales, cómo lo era hasta ahora, ya que nos basamos en nuestro principio de autogestión”, agrega.
Por último, el documento revela que hay nuevas cláusulas que atentan con fuertes restricciones de continuidad en cuanto a la habilitación de los bachilleratos: “Si una escuela no cuenta con un buen espacio o funciona en un centro cultural, comedor o fábrica recuperada, es probable que el ministerio de Educación no habilite esos espacios”, agrega Moñino al referirse al artículo 8 que orden: “deberán contar con una sede principal para comenzar a funcionar. La misma deberá cumplir con los requisitos de habilitación establecidos en la legislación aplicable y/o que establezca la unidad ejecutora del programa “Escuelas Seguras” y presentar constancia fehaciente para dar inicio a cualquier módulo, curso o actividad curricular”.
Durante muchos años, quienes lucharon por el reconocimiento de los bachilleratos populares, asegura que, de pasar a ser parte de una planta transitoria, cambiaría muchos derechos estatutarios adquiridos y la posibilidad de que el ministerio decida a fin de año rescindir el contrato.
Los cruces de la CABA con los Bachilleratos
En 2018, Tiempo realizó un informe sobre la situación de los bachilleratos populares del Barrio 31 de Retiro. En ese momento, cuatro bachilleratos populares no fueron incluidas en el censo que define los «beneficiarios» de las obras de reurbanización del barrio, estipulados en Ley N° 2736-J-2018. El gobierno de la Ciudad tomó la decisión de no censar a las escuelas y bachilleratos populares, y dejó zonas grises en la ley que, de no corregirse, no garantizaba la continuidad de los mismos.
“El único espacio de la organización que entró en el censo es nuestro comedor, que tampoco está oficializado. Tenemos una Casa de la mujer, el bachillerato popular y espacios de educación popular para niños y adolescentes que no se encuentran censados”, había denunciado en su momento a Tiempo, Susana Arroyo, estudiante del tercer año del Bachillerato Popular Ernesto Che Guevara de La Garganta Poderosa. “Nosotros venimos luchando hace años para que se reconozca como bachillerato popular oficializado con los títulos otorgados por el ministerio de educación, porque el programa respeta todos los contenidos y además posee contenidos que son del territorio, estamos en esa lucha”, agrega Arroyo.
