Diez años pasaron desde aquella mañana del 26 de abril de 2013, cuando la Policía Metropolitana ingresó al predio del Hospital Borda con topadoras y reprimió a médicos, enfermeros y pacientes. El negocio inmobiliario quedó trunco, al precio de un abandono que dejó al hospital vaciado.
El predio del hospital había sido ocupado por 400 efectivos de la Policía Metropolitana. Iban armados como para una guerra. Sin el visto bueno de la Justicia, amparados por la lóbrega madrugada, la policía de Macri volteó el paredón y un portón de la calle Perdriel. Por ese buraco entraron los uniformados junto a cuadrillas de operarios y unas cuantas topadoras. La orden era demoler el Taller 19, un espacio terapéutico dedicado a la carpintería y la pintura, donde los pacientes del hospital neuropsiquiátrico aprendían a trabajar la madera y los colores para ganarse el pan en su futura reinserción social. El objetivo era construir en ese lugar el nuevo Centro Cívico de la Ciudad. Un rentable proyecto inmobiliario non sancto, ideado por el entonces jefe de Gobierno que dos años después sería presidente. Médicos, camilleros, administrativos, políticos, organizaciones gremiales y hasta los propios pacientes intentaron evitarlo. Pero no pudieron frenar la demolición. Mucho menos entablar un diálogo con las autoridades. Los bastones largos, el gas pimienta, las balas de goma a mansalva fueron la respuesta del Estado porteño.
La brava Metropolitana desató una feroz represión contra quienes se opusieron a la invasión. Personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y de Talleres Protegidos fueron baleados y apresados. Incluso legisladores y hasta varios periodistas fueron atacados por el solo hecho de estar cubriendo los hechos. Pero el accionar inhumano de la policía macrista llegó al punto de disparar sobre los cuerpos indefensos de pacientes y familiares.
El saldo fue de más de 50 heridos, siete detenidos y luego una causa judicial contra los trabajadores y las trabajadoras por supuestas agresiones a la policía. También, la pérdida del Taller Protegido 19, un dispositivo único por su función de intrahospitalario y por sus características edilicias y ubicación.
“El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas: el inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental; la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestros espacios”, sentencia Gabriela Sánchez, secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda. Agrega: “También es un hecho político. El 26 de abril no solo nos vinieron a decir que no les interesaba la salud mental en la Ciudad, sino que vinieron a apropiarse de nuestros terrenos para un negocio inmobiliario”.
Para Gustavo Fernández Ferro, secretario general de la Junta Interna de ATE en Talleres Protegidos, el 26 de abril «es una fecha que representa mucho más que la represión y demolición del Taller 19. Representa el modelo de salud que quiere el gobierno de la Ciudad para los y las trabajadoras, pero también para los y las ciudadanas de la Ciudad y la Argentina. Ellos quieren reducir todo, quieren destruir la salud. Lo vienen haciendo a cuentagotas, pero en ese momento fue la visión más clara de lo que ellos pretenden”.
Para mantener viva la memoria de la lucha de diez años, las Juntas Internas de los Hospitales Borda, Tobar García, Moyano y de Talleres Protegidos realizarán este miércoles 26 de abril una conmemoración. La cita es a las 10 de la mañana en el Borda. Habrá música, olla popular e intervenciones artísticas. Dicen les trabajadores: «A 10 años de la locura más grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales: Macri, Vidal, Larreta, Montenegro, Reybaud y los jefes de la entonces Policía Metropolitana. Es una fecha que nos interpela, nos lleva a pensar cómo construimos día a día el lugar que ocupamos dentro de los hospitales y dentro de Talleres Protegidos; queremos garantizar con nuestro trabajo diario la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas”.
