La lógica mercantil y punitiva que procuran implementar los ceócratas de Cambiemos en la educación, cuya herramienta central son las evaluaciones homogeneizantes, los rankings de escuelas, el vaciamiento presupuestario y la persecución a los docentes, ya advirtió quiénes serán sus víctimas propiciatorias. El temprano estigma del Operativo Aprender -las pruebas realizadas en octubre del año pasado a alumnos de todo el país, de acuerdo a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a la medida de los intereses de multinacionales que comercializan contenidos educativos estandarizados- le apuntó, antes que a nadie, a los alumnos de las escuelas públicas del Conurbano Bonaerense. No fue el gobierno el portavoz del escarnio, sino una institución privada, el Centro de Estudios de la Educación Argentina, que dirige en la Universidad de Belgrano el ex secretario de Energía de la dictadura y de Duhalde, Alieto Guadagni. Puntualmente el informe detectó los ocho municipios casi todos administrados por intendentes kirchneristas: José C. Paz, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Merlo, Ezeiza, Moreno, La Matanza y Berazategui) donde el porcentaje de estudiantes del último año de la secundaria que no alcanzaron los conocimientos básicos en Matemática por lo menos triplica a los de Vicente López, el partido que gestiona el primo del presidente y que obtuvo los mejores resultados. E hizo hincapié en otro dato, crucial para el escarnio público de las escuelas de gestión estatal, comparando el desempeño entre éstas y las privadas. En sus conclusiones, el estudio de Guadagni se solaza en la búsqueda de los extremos (en las escuelas estatales de José C. Paz, el 61,9% de los estudiantes se ubica en el nivel por debajo del básico, mientras que este porcentaje se reduce al 10,58% en las escuelas privadas de Vicente López, afirma) y habla de un índice de la desigualdad. Claro, la situación de prosperidad o vulnerabilidad social de los hogares de los que provienen unos y otros alumnos no es una variable para este tipo de informes. La desigualdad es educativa, no económica ni producto de un acceso inequitativo a derechos o de una asignación de recursos discrecional. Para el discurso meritocrático, sólo hay escuelas buenas y escuelas malas, buenos y malos alumnos, docente ejemplares (los que no hacen paro) y monstruos (los que les hablan a los chicos de Santiago Maldonado e inmediatamente los toman de rehenes).
Mientras el evaluacionismo neoliberal construye rankings para ensalzar la educación privada a la que algunos pueden ir y lapidar la pública donde muchos tienen que caer, la calidad educativa de las escuelas del Conurbano, que representan tres cuartas partes del sistema educativo de la Provincia, enfrenta ataques desde varios frentes y problemas ya crónicos. Las pésimas condiciones de infraestructura obligaron a demorar el inicio de clases en colegios de al menos cinco distritos (Esteban Echeverría, Moreno, José C. Paz, Florencio Varela y Lomas de Zamora, según un relevamiento de Suteba). En los jardines de infantes, dos recientes resoluciones elevan de 25 a 28 los niños por sala y permiten amontonar a los de distintas edades -de dos a cinco años- según la necesidad de la matrícula, en un contexto en el que no se construyen nuevos jardines y hay 80.000 chicos bonaerenses sin vacante. Y en paralelo al intento de cierre de escuelas en el Delta y de liquidar los bachilleratos para adultos, la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal se ceba en los docentes, demonizando a los gremios, ninguneando su paritaria y pretendiendo ajustar a la baja los salarios de 300 mil educadores.
Universidades por todos lados
Faro de inclusión para miles de jóvenes bonaerenses, primera generación en sus familias en acceder a estudios superiores, las Universidades del Conurbano, vilipendiadas por Macri, también han sufrido el cambio de estos dos años. Lo resume el ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda desde su creación en 2010: En 2016 se cerraron muchos programas de investigación y desarrollo que vinculaban a las universidades con áreas estratégicas del Estado, desde el Ministerio se retuvieron fondos ya asignados y varias universidades tuvimos que declarar la emergencia presupuestaria. El año pasado se recuperó algún equilibrio, se distribuyeron los fondos, aunque no los necesarios para crecer en la oferta universitaria, pero en 2018 ya tenemos un atraso de cuatro meses en la liquidación de gastos de funcionamiento. Todo esto redundó en una merma de la matrícula, que adjudicamos a las bajas del Plan Progresar y, en general, a las dificultades económicas de nuestros estudiantes, buena parte de ellos trabajadores a los que, hasta la implementación del boleto universitario, también les costaba llegar. Hoy estamos en 14.500 inscriptos, pero habíamos llegado a tener 17 mil al cabo de años de un crecimiento sustantivo.
