“Fue una desgracia con suerte. Si la piba si hubiese prendido una hornalla, estaría sin cara. Solo sufrió heridas leves, porque la protegió la estructura del horno. Se quemó un poco el pie y la panza, se le achicharró el pelo. No pasó a mayores, pero son cosas que no pueden seguir sucediendo”, lamentó Teresa Garcete al dar cuenta de un nuevo incidente relacionado con las falencias de infraestructura del complejo habitacional de Cachi 557, que depende del Gobierno de la Ciudad. El accidente ocurrió cuando una vecina intentó encender el horno en una cocina conectada a una garrafa, ante la falta de provisión de gas durante días, algo que se reitera con frecuencia. Pese a que se trata de viviendas de carácter transitorio, sus habitantes llevan años arrastrando estas denuncias.
“Seguimos con problemas de gas desde el año pasado. Habíamos hecho un pedido para tener gas natural y poder costear nuestro gas con medidores. Mandaron a Metrogas, pero no mandaron a poner gas natural. Seguían mandando garrafas envasadas, unos tubos grandes colocados adelante, apartados de las unidades. Nos dejaron seis días sin gas y esto se va repitiendo mes por medio. No nos dan una respuesta”, dijo Garcete a Tiempo. Ante ese panorama, contó que “hay familias que se compraron garrafitas y las conectaron a su cocina. Un vecino desconectó la cocina de su pared y la conectó a su garrafa, se ve que no se dio cuenta y no cerró la llave, pasaron los días, el gas no venía. El día del accidente autorizan dos tubos de gas y esta familia que tenía conectada la cocina a la garrafa, el gas empieza a salir por la pared. Una de las chicas fue a prender el horno y hubo una explosión”.
“Lo que me contestan del GCBA es ‘saben que está prohibido tener garrafas’. Lo sabemos, pero ¿qué comemos si no tenemos gas? No es una cosa que pasó ahora y por negligencia nuestra. No. Venimos reclamando desde el año pasado y mes a mes seguimos teniendo este tipo de problemas donde nos dejan sin gas durante muchos días y es lógico que las familias que pueden compren garrafas, porque la gente tiene que comer. Es un complejo habitacional que depende de ellos. No es nuestro. Dependemos del GCBA”, remarcó la mujer, quien vivía en la Villa 21-24 de Barracas cuando fue relocalizada en el complejo habitacional de forma transitoria. Le dijeron que sería a lo sumo por seis meses. Pasó más de una década.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat respondieron que “el GCBA cuenta con un dispositivo destinado a brindar acompañamiento a cada una de las familias que están alojadas en el complejo habitacional ubicado en Cachi 557, barrio de Nueva Pompeya” y que “tras haber realizado un análisis pormenorizado de la situación del predio, está en marcha la elaboración de un plan de obra tendiente a ofrecer una solución habitacional para todos los hombres, mujeres, niñas y niños que allí residen”.
“No nos dieron una respuesta sobre lo que van a hacer. Esto fue un aviso de lo que puede llegar a pasar”, advirtió Garcete tras el accidente de esta semana. “Después de miles de reclamos ahora estamos armando una cooperativa de vivienda. Ya presentamos los papeles, es algo que está en curso. Para ver si de esa manera podemos llegar a acceder a la vivienda definitiva. Son manotazos de ahogados, porque comprarnos una casa es imposible y alquilar también. Vivimos el día a día”.
En esta situación viven más de 25 familias, alrededor de un centenar de personas, que habían sido desalojadas por el gobierno de la Ciudad y que fueron trasladadas a ese complejo como medida “transitoria” con la promesa de que se les brindaría una solución definitiva en cuestión de meses. Pero llevan años, en algunos casos cerca de 15, en condición de precariedad habitacional.
