Mientras la pandemia de coronavirus concentra toda la atención en materia de recursos y políticas sanitarias, distintos colectivos y organizaciones reclaman que no se pase por alto a las “epidemias olvidadas”. Exigen que avance en el Congreso el tratamiento del Proyecto de Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, que corre riesgo de perder estado parlamentario por tercera vez. Desde que se presentó por primera vez, en 2016, se calcula que murieron entre ocho mil y diez mil personas por enfermedades vinculadas al VIH y al sida.
Después de años de trabajo, en diciembre de 2015 se terminó de elaborar un proyecto de ley que apunta a reemplazar la normativa vigente, sancionada en 1990 (la 23.798). Se presentó primero en 2016 y luego en 2018. En diciembre próximo, si no se aprueba antes en comisiones y no obtiene media sanción en Diputados, volverá a perder estado parlamentario. Mientras se reclama que se declare al 12 de agosto como Día de la Visibilidad de los Derechos de las Personas con VIH, en conmemoración del nacimiento de Roberto Jáuregui, se exige también el avance del tratamiento de ese proyecto.
“No solamente es un proyecto que viene a reemplazar la ley que existe del ‘90, que se denomina de lucha contra el sida porque eran los términos en los que se mencionaba, esta nueva incluye hepatitis, enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis. Son las transmisibles con mayor prevalencia en todo el mundo. Cuando se sancionó la ley del ‘90 era otro el conocimiento, no había tratamientos como ahora, no había una fuerte sociedad civil en relación al VIH. Por eso está enfocada en los aspectos de la respuesta biomédica. En cambio este proyecto está enfocado desde una integralidad”, contrastó José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP, que impulsa el reclamo junto a Ciclo Positivo, Fundación Huésped, Rajap (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos), el Movimiento Latinoamericano de Mujeres con VIH, ATTTA Red Nacional- Falgbt, entre otros.
El proyecto contempla cuestiones vinculadas al plano social, como el otorgamiento de pensiones no contributivas para personas en extrema vulnerabilidad. “Quienes tenemos VIH somos expulsados del ámbito laboral, se siguen haciendo los testeos en ámbitos laborales y no debería ocurrir. Casi el 70% se atiende en el ámbito de salud pública porque no tiene obra social”, detalló Di Bello. Y recordó que en 2011 ya se había conseguido un aporte para las personas más vulnerables con VIH, “pero en la gestión macrista eso se suspendió y a algunes compañeres se las retiraron”, por eso se decidió incluirlo dentro del proyecto para que tenga letra de ley.
La propuesta también incluye una jubilación anticipada siempre y cuando la persona tenga al menos 10 años de diagnóstico y tratamiento y 20 años de aportes y sea mayor de 50 años. “Por la dificultad de acceder al ámbito laboral, porque juntar 30 años de aportes para nosotros es difícil, pero además porque después de muchos años del diagnóstico tienen inmunosenescencia, envejecimiento prematuro del organismo”, explicó el presidente de GEP.
El proyecto también hace referencia a la situación de personas gestantes, a la transmisión vertical de la enfermedad, a las campañas de difusión y concientización, y a la creación de un observatorio específico para registrar y analizar la estigmatización y discriminación hacia este grupo.
Juventud y estigmatización
“El proyecto de ley es más abarcativo que la ley vigente. Es muy importante porque entendemos que la ley vigente fue de vanguardia en los ’90, pero esta habla de salud como respuesta integral”, destacó Emir Franco, presidente de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). Esa organización llevó adelante un estudio que reflejó que “el estigma aumenta en poblaciones jóvenes”. En tanto, más del 50% de las nuevas infecciones son en menores de 30. “Eso habla de falta de políticas públicas, de falta de implementación de ESI, la discriminación asociada a jóvenes con VIH es superior por las primeras relaciones sexuales, tienen que abrirse al mundo, acceder al primer empleo y que les pidan el diagnóstico, son barreras para les jóvenes”.
Franco advirtió además que “en Argentina no se habla de transmisión vertical (bebés que nacen con VIH), se habla de prevención y cuidados pero no de quienes ya estamos dentro del sistema. En ESI hablan de preservativo y cómo cuidarse, pero ¿qué pasa si hay un chico que nació con el virus? ¿Se da información sobre eso?”, indagó Franco, quien reforzó el reclamo para que se trate el proyecto de ley en el marco del Día Internacional de la Juventud.
Semanas atrás, las organizaciones se reunieron con Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. “Nos costó mucho lograr la reunión –contó Di Bello- La tuvimos cuando llegó la retroalimentación del Ministerio de Salud a su despacho, hace 2-3 semanas. Pero ya habían pasado 10 meses del ingreso del proyecto. Con eso dijo ‘vamos para adelante’, pero también nos confirmó que se puso en contacto con la titular de Anses, Fernanda Raverta, que fue como diputada la primera firmante. Esperamos que sea sólo algo burocrático. Hay una sensación rara. Durante el macrismo teníamos pocas esperanzadas de que saliera, se nos renovaron cuando lo presentamos en esta gestión, con firmas de diputados de todos los bloques, y esto de que estén pasando los meses y haya tantas consultas genera cierta desilusión. Todo depende de la voluntad política y la decisión de hacerlo”.
El reclamo se da cuando se están cumpliendo 40 años del conocimiento de la epidemia de VIH. “Para la Covid en menos de un año hay vacuna, estrategias mundiales. Para el VIH en 40 años todavía no hay cura, hay una vacuna preventiva en una de las últimas fases. 40 años después. Estuvo tan asociado al estigma y la discriminación que para que hubiera una asamblea mundial de Naciones Unidas tuvieron que pasar 20 años. Empezó como la ‘peste roja’, no se invertía nada en investigación al principio”, comparó Di Bello en el contexto de la pandemia de coronavirus, que a su vez implica un riesgo extra para pacientes con VIH.
