Los prestadores de servicios que trabajan con personas con discapacidad están cansados de esperar. Ese sector está integrado por escuelas, centros de día, educativos terapéuticos, de rehabilitación, de estimulación temprana y servicios de apoyo a la inclusión escolar. También hogares, transportistas y profesionales. Todos afirman que, si bien hubo algunos avances, la situación deficitaria que dejó el macrismo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue intacta.
Destacan que la nueva gestión logró avanzar en muchos aspectos, sobre todo en el hecho de que se habla sobre discapacidad en los distintas áreas gubernamentales. Pero en paralelo no avanzó en aspectos fundamentales como el cupo laboral con el ministerio de Trabajo, la integración escolar entre la cartera de Salud y Educación, el acceso a tratamientos, apoyos, acompañamiento y cuidados. A su vez, tampoco avanzó en el acceso al transporte.
Desde el año 2016 y con la gestión del macrismo, varias organizaciones junto a familias de personas con discapacidad se unieron para unificar reclamos con el fin de mejorar la calidad de vida de miles de personas en todo el país.
“Aquí los reclamos siempre son los mismos y tienen que ver con el problema que hay con la aprobación de tratamientos, con los recortes de terapias, con el nomenclador en favor de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Hay prestaciones que no figuran que no son ni reconocidas”, cuenta a Tiempo Karina Herrera, titular de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI).
Si una prestación no es reconocida, las personas que sufren algún tipo de discapacidad no pueden solicitarla al agente de salud, obra social o prepaga. Tampoco tienen acceso quienes trabajan brindando ese tipo de servicio, ya que no son contratados para poder trabajar en favor de una persona con discapacidad. Entre las prestaciones que no están nomencladas se encuentran servicios esenciales como intérprete de lengua de señas (ILSA), acompañamiento terapéutico, cuidadora o cuidador y asistente personal.
“Yo creo que no los tienen en cuenta porque hay una clara falta de interés. Lamentablemente, el tema discapacidad solo te importa cuando le pasa a uno. Falta decisión política, porque no alcanza con lo que hace la ANDIS. Actualmente el sector continúa casi como lo dejó el macrismo”, agrega Herrera y termina: «Es indispensable que exista diálogo transversal entre los diferentes ministerios para que se tome en cuenta al sector discapacidad en todos los ámbitos y para que se pueda cumplir con el cupo laboral, con la integración escolar y con los tratamientos”.
Este miércoles a las 13 hs, varias organizaciones movilizarán a las puertas de la Superintendencia de Servicios de Salud -ubicado en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 500- para reclamar por esta situación. Entre los espacios que convocan están Prestadores precarizados Salud y Educación; la Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI); Psicomotricistas Autoconvocados; Psicopedadogos en Lucha, entre otras.
Otros sectores advierten posibles medidas de fuerza de no llegar a concretarse las promesas del Gobierno nacional. Señalan que, respecto al aumento de las prestaciones, había un desfasaje importante el año pasado, situación que con la intervención del Presidente Alberto Fernández se saldó en parte.
“Quedó pendiente un 27% que por la situación planteada había quedado para arreglarse ese saldo en 2022, con la promesa de que se cerraría en los primeros meses del año. A esto hay que sumarle desde junio del 2021 a la fecha, el tema inflación y ajustes salariales que implica un valor similar al anterior”, destaca en diálogo con Tiempo, el licenciado Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa) y miembro del Foro permanente de promoción y defensa de los derechos de las personas con Discapacidad.
Otro de los puntos importantes que reclaman las y los trabajadores es la reinstauración de la fórmula de ajuste automático, una medida que debe resolverse con urgencia para evitar cada seis meses un inconveniente recurrente que afecta a las instituciones, profesionales y transportes que brindan servicio a las personas con discapacidad.
“El componente de costos de los servicios es un 70% en salarios y un 30% en gastos afectados por inflación, lo que se propone es armar un índice con estos dos componentes el salario, por el convenio de Sanidad y el IPC del Indec”, agrega Maidana. Para el especialista, esta proporción saldaría la situación de malestar e inseguridad que se genera por la imposibilidad del pago de sueldos, cobro de honorarios, transportes, impuestos, alquileres, etc. Son un total de 150.000 trabajadores y trabajadoras que brindan servicios institucionales, profesionales y de transporte, y que se encuentran en esta situación.
Desde AIEPSA, aseguran que la ANDIS está involucrada de manera directa en la aprobación de los aranceles, pero no reúne al Directorio. Mientras tanto “la agencia, a la fecha, no ha dado ninguna respuesta y el tema del transporte es un tema central que requiere soluciones urgentes y el Gobierno nacional viene postergando una respuesta que, de no concretarse, tomaremos alguna medida de fuerza y movilizaremos”, termina Maidana.
Paro de transportistas
Santa Fe es la primera provincia que toma una medida de fuerza este año en el sector Discapacidad. Es debido a las importantes deudas en las prestaciones que vienen afrontando de obras sociales, entre ellas el programa Incluir salud Santa Fe, Pami Nacional y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS).
Por esta razón, los transportistas junto a prestadores de servicios que atienden a personas con discapacidad, realizarán este miércoles un paro de actividades, que incluirá una manifestación, desde las 9, frente a la sede del IAPOS en la ciudad, en La Rioja entre Moreno y Balcarce.
