“Santiago es un usuario de cannabis terapéutico. Tiene su permiso por Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) y es socio de la ONG Cannabicultores Necochea. Lo que sabemos es que la Policía entró en un accionar violento, sin golpear, tirándolo al piso y esposándolo, sin darle tiempo a mostrar nada. Rompió una puerta, encontró el cultivo. Según la Policía había 300 plantas, pero muchos era esquejes, gajos que se le sacan a las plantas madres. Entraron todas en un baúl, no era una selva”, graficó Maximiliano Yunes, referente de la Asociación Civil de Estudios de la Cultura Cannábica Necochea Quequén, que denuncia “violencia institucional” e irregularidades en la detención de un cultivador de cannabis registrado en Necochea, provincia de Buenos Aires.
El operativo policial fue el miércoles de la semana pasada. Desde entonces, el cultivador está detenido. Según Yunes, se montó un gran operativo, con fuerte repercusión en la prensa local. “Hicieron un operativo espectacular, salió en todos los diarios como ‘lucha contra el narcotráfico’. Pero no es eso. Es un allanamiento a un usuario del Reprocann”, cuestionó Yunes, quien impulsa desde la ONG una movilización a la fiscalía local este lunes, para reclamar la liberación de Santiago.
“Es un cultivador solidario de cannabis que ayuda con su cultivo a muchas personas, porque gracias al aceite que produce contribuye a mejorar la calidad de vida de pacientes con diversas patologías; de hecho él mismo producía la medicina que ayudó a su madre a transitar la última etapa de vida luego de sufrir cáncer terminal”, expresaron cultivadores, médicos y familiares de Santiago en una carta dirigida a la fiscalía. “Él tenía un cultivo solidario con compañeros y amigos. Siempre ayudó con aceites a un montón de personas con diferentes dolencias y que estaban atravesando enfermedades. Está súper probado todo. Esperemos que haya justicia y recupere su libertad”, reclamó Maribel, hermana de Santiago.
“Santiago sufre desde chico asma y sinusitis. Y en menos de dos años fallecieron sus dos abuelos maternos, a quienes también les daba cannabis para sus tratamientos. Y murió otra abuela que sufría de diabetes y problemas en las articulaciones, a ella también le daba aceites y ungüentos. Y perdió a mi mamá, que tenía cáncer con metástasis y él le hacía tratamiento. Los cuatro fallecieron en menos de dos años y eso le desencadenó a Santiago insomnio y una patología de mucho estrés, así que también usaba cannabis medicinal por eso, y porque se le había desarrollado un problema de artrosis”, explicó su hermana sobre los usos que el joven da al cannabis.
“Salimos a acompañar porque no es narcotraficante, no está incumpliendo la ley de drogas. El uso es legítimo. Sería el Ministerio de Salud el que tendría que aplicar la ley”, planteó Yunes. Sobre la cantidad de plantas reportadas en el allanamiento, que superan el permitido por la normativa, Yunes aseguró que eran plantas pequeñas, muchas ‘automáticas’, como parte de “un ciclo continuo donde había conservaciones y se estaba tratando de estabilizar una genérica para elegir las mejores plantas, como se hace también en técnicas de otros cultivos. Lo sabe cualquier ingeniero agrónomo”.
El operativo surgió a partir de la denuncia de una vecina que vio las plantas. “Hicieron un allanamiento y ahora le ponen ‘siembra para la venta’, porque suponen por la cantidad que es para vender. Pasó a la Justicia Federal, pero queremos que quede como tenencia simple y pueda explicar por qué tenía las plantas. Que no quede como comercialización porque no vende”, remarcó Yunes. Y cuestionó que la ley de la industria del cannabis haya quedado relegada en el Congreso. “Si hubiese salido, Santiago podría formar parte de una cooperativa de producción o de investigación. Por ahora la única que nos queda es el Reprocann”, dijo y expresó su preocupación de que este caso siente precedente ante otros cultivadores registrados que puedan ser acusados de comercializar.
“Lo que necesitamos es que el Reprocann se aplique como se tiene que aplicar. Si la persona está inscripta, tiene que ir primero el Ministerio de Salud, no el de Justicia. La Policía no sabe quién está inscripto, necesitamos que antes de ordenar un allanamiento miren quién está registrado, para eso nos anotamos. Un narcotraficante no se va a anotar y darle sus datos al Estado”, concluyó.
