“Hicimos este informe porque hay un vacío alarmante acerca del problema de la reincidencia. En los últimos 20 años se ha duplicado o triplicado el número de internos y por lo tanto se ha duplicado o triplicado el número de gente que sale de la cárcel”. Las palabras pertenecen al doctor en Sociología, Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Y las expresó días atrás, cuando presentaron el Informe 2022 de Reincidencia del Delito en Argentina.
El principal reclamo es que exista estadísticas oficiales y fidedignas, para poder realizar una buena política de reinserción y acompañamiento: en un país donde aumentó 117% la población penitenciaria, solo dos de cada diez detenidos participa de algún programa laboral. A falta de datos actualizados, desde el sector académico estiman que siete de cada diez internos volverían a delinquir en el primer año. El tema habla, sobre todo, de una crisis social y humana. Pero también tiene su costado económico: mientras no se trabaja en la reinserción, el costo de cada interno al sistema es de unos 10.000 dólares al año.
Bergman reconoció que “no hay trabajos académicos ni un seguimiento exhaustivo del tema, solo algunos antecedentes aislados”. Por eso, desde el CELIV se plantearon llevar adelante este trabajo con varios objetivos, uno de ellos «para alertar acerca de la necesidad de entender la reincidencia como un problema grave. La cárcel no resuelve el problema del delito, puede contenerlos si está bien administrada o agigantarlos dependiendo de las condiciones, pero en general no termina de resolver el delito por muchas razones y de esto hay bastante literatura”.
El especialista tuvo en cuenta que “la reincidencia amplifica el problema delictivo”, a la vez que cuesta mucho dinero sostener el sistema penitenciario: “se invierte una enorme cantidad de recursos, las cárceles son muy costosas y no contribuyen demasiado en reducir la criminalidad”. Del informe se desprende que en el país hay cerca de 110.000 presos y al menos otras 30.000 personas con medidas de restricción. En total, hay más de 200 unidades carcelarias y alrededor de 50.000 personas trabajan en los distintos sistemas penitenciarios. El valor de atención mínimo de cada interno es de al menos 10.000 dólares al año, lo que significa un costo de 1100 millones de dólares al año. A eso se suma un número significativo de fiscales, peritos, jueces y personal judicial abocados en la sanción y ejecución de las penas.
Así y todo, no hay datos confiables sobre la reincidencia en el delito de los presos que en algún momento recuperan su libertad. Según los disertantes, apenas se puede extraer algo de información, pero muy sesgada, del Registro Nacional de Reincidencias, el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena y de ciertas encuestas internas como las que hizo el CELIV en 2013 y 2019.
“La falta de mediciones tiene implicancias en la política pública. No sabemos cuán grande es el animal. No tenemos idea concreta de cuántas personas reinciden. Sin eso no se puede hacer buena política pública”, sostuvo Bergman, quien analizó que para tener un dato más fiable debería hacerse un seguimiento de manera aleatoria a unos 100, 200 o 300 presos que salen de la cárcel para determinar si en el transcurso de 6 meses, un años o dos, vuelven a caer presos. “Bueno, eso que parece tan simple no se hace”, resumió.
De todas formas, el informe estableció de manera “especulativa pero bien informada que unos 7 de cada 10 presos volverían a delinquir en el primer año. Es una aproximación, no es un dato durísimo. Son cálculos, estimaciones, bastantes razonables”, aclaró el director del CELIV.
“Hay que revisar los programas y las acciones en el post encierro. Hay un abandono público, no diría total, pero hay pocos programas que atienen el post encierro. ¿Qué pasa después de que las personas salen en libertad? Porque casi todos salen. El 99.99% de las personas privadas de su libertad van a salir algún día. Mejor que salgan de buenas cárceles que de malas cárceles, por el bien de todos”, insistió Bergman.
Sobre este punto, el expresidiario Julio Fuque brindó su testimonio: “Fui y soy parte de la primera cooperativa en la Argentina y la segunda en Latinoamérica creada adentro de la Unidad Penitenciaria de La Plata, Joaquín Gorina. Tuve la oportunidad de formar y ser parte de una Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOTRA), con la UNTREF, que nos dieron la oportunidad de fabricar ropas textil y de exportar”.
“Hoy hay más de 150 empresas cooperativas y más de 1500 personas que no volvieron al delito. Sí hay reincidentes, pero una tasa muy baja, justamente por temas de drogas y porque no entendieron el mensaje. Seguimos trabajando con cada uno de ellos. Todos tenemos que poner una mano en el arado para que haya un cambio de paradigma en nuestras cárceles. Vamos bien. Tenemos que trabajar un poquito más unidos. Argentina es pionero en esto del cooperativismo en las cárceles. Hay que comprometer a muchos más actores”, se esperanzó Fuque.
Algunas conclusiones del informe:
– En 2019 solo el 22% de los detenidos participó de algún programa laboral. El 36% accedió a trabajo remunerado.
– Patronatos de liberados: de 4 instituciones relevadas, 3 tenían un promedio de un empleado cada 150 liberados a cargo.
– Entre 2002 y 2019 hubo un aumento pronunciado de la tasa de encarcelamiento, caracterizado por un aumento de detenidos por delitos de drogas y delitos sexuales, y un descenso de delitos contra la propiedad.
– Aumentó 117% la población penitenciaria –de 46.288 en 2002 a 100.634 en 2019– la tasa de encarcelamiento pasó de 123 cada 100.000 habitantes a 224 cada 100.000 habitantes en 18 años.
– Principales obstáculos identificados para la reinserción: solicitud de empresas y del Estado de Antecedentes Penales para trabajar; y la vigencia de la prohibición de que las personas con antecedentes penales no puedan ser parte del Consejo Directivo de una Cooperativa.
