“Rappi Argentina: entregas a domicilio en minutos”, promueve el eslogan de una de las plataformas de envíos rápidos que llegaron para quedarse en los vientos de cambio de la Argentina actual. Como Uber y Glovo, son empresas que hacen de “nexo” entre el usuario y quienes ofrecen un producto o servicio, y que consideran a sus trabajadores meros “colaboradores” independientes, sin derechos laborales, en un limbo sin regulación ni exigencias del pago de impuestos o cargas patronales. La novedad es que la ola de los delivery empieza a alcanzar áreas hasta hoy inimaginables, como la medicina: según anunciaron los propios directivos de Rappi, planean llevar médicos a los hogares. Desde las asociaciones de profesionales denuncian que se está ante “un caso obsceno de precarización laboral”, y alertan que “los pacientes estarán expuestos a situaciones de fraude”.
Hace casi un año, Rappi, de origen colombiano, anunció un convenio con el gigante biofarmacéutico francés Sanofi para ofrecer servicios de asistencia en América Latina. En principio, repartirán productos de atención médica de venta libre. Pero en una segunda etapa quieren sumar otros servicios como “suscripciones para medicamentos recetados, interacciones en tiempo real con proveedores médicos y visitas de médicos a domicilio”, según detallaron en un comunicado. Ante las críticas, alegaron que todo el procedimiento respetará las normativas vigentes. “Vamos a revolucionar el mercado del cuidado de la salud. Hacer la vida más fácil es permitir el acceso a medicamentos con tiempos de entrega eficientes, promover la creación de modelos de suscripción, conectar médico y paciente de manera ágil”, añadió Sebastián Jaramillo, director del departamento Pharma de Rappi para Latinoamérica.
El sistema arranca este mes en Colombia, y la idea es extenderlo luego a otros seis países, entre ellos la Argentina, donde la app tuvo un salto enorme en apenas un año. Mientras suma conflictos por su planta laboral, entre la negativa a sindicalizar a sus trabajadores y la primera muerte de uno de ellos arriba de su bici, la firma acumula ganancias. En los últimos 12 meses realizó 2,5 millones de envíos a domicilio y facturó 30 millones de dólares. Posee unos 4000 repartidores que, según la información oficial, recorren un promedio de 25 cuadras para realizar la entrega. Pero los propios trabajadores afirman que comenzaron a asignar pedidos a más de tres kilómetros en bici. Si se niegan, suelen ser bloqueados por media o una hora.
“Queremos devolverle el tiempo a la gente”, declaró Matías Casoy, general manager de Rappi Argentina. Y dijo que la meta es “ser la súper app que te permite hacer cualquier cosa”. Desde productos de supermercado y dinero en efectivo, hasta doctores a domicilio.
Medicamentos en la espalda
La propuesta de los Rappimédicos despertó el reclamo de las asociaciones de profesionales, sobre todo la de los médicos privados (AMAP), que la definió como un caso testigo de “uberización” del trabajo. Sostienen que la iniciativa “demuestra cómo la prevalencia del pluriempleo y los magros salarios que hoy perciben los médicos habilitan a las empresas que se basan en la flexibilización laboral a incursionar en la salud”. Los pacientes, agregan, estarán expuestos a situaciones de fraude, “ya que no habrá otra entidad médica más que Rappi que confirme que quien fue a su domicilio es efectivamente un profesional de la medicina”.
“De concretarse esta amenaza para la salud será la forma más indigna de precarización laboral, implica lo peor de lo peor para la salud de los argentinos”, manifiesta el doctor Antonio Di Nanno, secretario gremial de AMAP. “Primero porque no se sabe cuál es la entidad que respalde desde el punto de vista sanitario la actividad de estos rappimédicos. Segundo, ni siquiera está claro cómo va a desempeñarse: si va a llevar una caja con medicamentos en la espalda, si va a andar en bicicleta… Y tercero, los médicos que trabajen en esa condición van a estar absolutamente desvinculados de cualquier organización sindical que pueda apoyarlos y defenderlos. Es la forma más indigna de trabajo que se nos pueda ocurrir, con los médicos como un servicio más, como si repartieran empanadas; habla muy mal de las autoridades de un país que piensa la salud en términos del ‘qué me importa’, es casi perverso».
El antecedente más cercano es la telemedicina, en constante crecimiento, sobre todo al amparo de las principales prepagas y aseguradoras de salud. En este sistema, el médico atiende pacientes a distancia, por celular o Skype, abaratando costos a las patronales y evitándoles consecuencias, ya que el profesional asume en la declaración jurada cualquier hecho de mala praxis o diagnóstico errado.
La flexibilización laboral (asociada desde lo discursivo a la “modernidad” y al “progreso individual”) es directamente proporcional al ajuste. Así, mientras promueve el acuerdo con Rappi, en Sanofi se intensifican los despidos. Desde la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) enfatizaron que en el último tiempo, a pesar de ganancias superiores al 35%, “la compañía suiza Novartis y la francesa Sanofi han hecho públicas sus intenciones de efectuar despidos masivos. Además, varios laboratorios, entre ellos Elea, contaron con la complicidad del Gobierno para lograr herramientas de ajuste como el roceso Preventivo de Crisis, para maximizar sus ingresos a costa de los trabajadores”. «
Una muerte que apunta a la Ciudad
Varios de los trabajadores de estas plataformas son de origen extranjero. Uno de ellos era Ramiro Cayola Camacho (foto), joven de 20 años, boliviano, que el viernes 12 de abril circulaba a bordo de su bicicleta con su caja de Rappi, por la Avenida Eduardo Madero, entre las calles San Martín y Córdoba, del barrio de Retiro. Debido a la mala señalización de una obra del Gobierno de la Ciudad, que redujo considerablemente la calzada, Ramiro terminó chocando con un camión, lo que le provocó la muerte. Tras el hecho llovieron las críticas a la empresa y al Ejecutivo porteño, que se desligaron del hecho.
El pasado miércoles, los abogados Gabriela Carpineti y Juan Grabois denunciaron al secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, por los delitos de “estrago culposo seguido de muerte en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público” por el fallecimiento de Ramiro. La Asociación de Personal de Plataformas (APP) agregó que lo ocurrido fue «una tragedia anunciada», porque estas empresas «no se hacen cargo de la protección de sus trabajadores».
Una compañera del joven fallecido, Antonella, le escribió a Rappi reclamando por la muerte. Recibió como respuesta: «Gracias por comunicarnos esta triste noticia, que será una gran pérdida para su familia».
