En Santa Fe no existe eso que los punitivistas gustan instalar como “puerta giratoria” en referencia a la permisividad del sistema penal. Según el informe de gestión de la defensora general, Jaquelina Balangione, y del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, presentado ante la Cámara de Diputados, la provincia ostenta un mayor nivel de encarcelamiento desde la vigencia en 2014 del nuevo sistema procesal penal con un detalle revelador: el 75 por ciento fueron condenados por primeros delitos. Las consecuencias, esperables, son el hacinamiento, la superpoblación y el deterioro general de cárceles y comisarías.

Tanto Baclini como Balangione, realizaron este martes un balance de su gestión ante la Legislatura –con la presencia de 17 diputadas y diputados y ningún senador–; en el caso del fiscal hubo advertencias sobre la falta de recursos “para hacer frente a la problemática en que se encuentra la provincia en términos de delito”. La defensora, por su parte, había entregado en el turno previo datos contundentes sobre la “superpoblación carcelaria”.

En 2014, según cifras oficiales, había 4.560 presos en Santa Fe; en la actualidad son más de 10.000, a los que hay que sumar alrededor de dos mil cumpliendo arresto domiciliario. El 56 por ciento del total, tiene condena y el 44 de las causas están en trámite. “Un 11,6 por ciento está en sedes policiales, que es algo que no debería estar pasando”, lamentó el fiscal general.

Balangione destacó que “desde 2012 la población carcelaria se multiplicó por tres” y que “entre los años 2020, 2021 y 2022 se produjeron 92 muertes de personas detenidas por responsabilidades penitenciarias”.  

La defensora advirtió sobre las pésimas condiciones de los institutos penitenciarios y comisarías y hasta exhibió imágenes de la comida en mal estado que se sirve en los lugares de detención.

Balangione también tuvo tiempo para señalar la falta de políticas públicas al destacar que más del 90 por ciento de las personas detenidas no completaron los ciclos educativos obligatorios y casi el ciento por ciento no tiene ni tenía trabajo.

“El informe de la defensora general es importante porque demuestra que en Santa Fe hay una justicia clasista y que los más castigados, como siempre, son los pobres”, opina Carlos del Frade, periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular.

“La mayoría de la gente que está presa es pobre –insiste del Frade– y, además, como refleja el informe, la calidad de las cárceles es la de un lugar de sentencia de muerte anticipada, no solo porque salen peores, sino porque son fábricas de deshumanización. Más que el lugar de continuación de la justicia, la cárcel tiene una cuestión de venganza colectiva sobre la cual la sociedad santafecina en particular y la sociedad argentina en general, tendría que replanteárselo algún día”.

La solitaria ruta del dinero

De los dos millones de expedientes iniciados en el MPA desde 2014 hasta 2022, apenas 338 tienen por caratula la asociación ilícita y otros 100 por lavado de activos. “No hay relación con el delito precedente y no hay daño al orden económico financiero nacional”, fue el escueto argumento del fiscal general saliente. En una provincia desangrada por el narcotráfico, el bajísimo porcentaje de delitos de cuello blanco resulta, cuanto menos, sospechoso.

“La ruta del dinero no es transitada por casi nadie”, reflexiona del Frade y agrega: “La mayoría de las personas que están presas son por primeros delitos. Eso demuestra dos cosas: la primera es que no existe la puerta giratoria. La segunda es que más gente presa no es igual a mayor seguridad. Está a la vista que en Santa Fe es justamente lo contrario”.