La remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, por segunda vez en el año, puso en el centro de la escena el precario estado de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Y los números no hacen más que dejar en evidencia un sistema colapsado.
De lo básico a lo complejo. El SPB cuenta con 55 Unidades (50 penales y 5 Alcaidías) organizadas en 12 complejos penitenciarios. A ello se suman 7 Alcaidías Departamentales.
En diciembre de 2015, la Provincia de Buenos Aires alcanzó el récord histórico de detenidos: 39.927, de los que el 56 % tiene prisión preventiva, es decir, más de la mitad aún no tiene condena firme.
Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante 2015, hubo 145 muertes de las cuales, el 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse. Un cálculo simple establece que cada semana mueren tres detenidos: uno cada 56 horas.
Además se registraron 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención. Estas prácticas violentas suceden con la connivencia de la Justicia: de las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad, sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes tuvieron penas leves. Mientras haya impunidad seguirá habiendo tortura en las cárceles, resumió el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel.
La provincia de Buenos Aires recibe anualmente alrededor de 2.200 internos, mientras que la tasa de recambio del sistema es de unos 600. Sumado a un índice de encarcelamiento alto (por encima de la media nacional) deriva en el agravamiento de la situación a futuro. En relación a las condiciones de habitabilidad, el promedio del SPB está lejos del ideal de 7.000 internos, que ascienden a 9.000 si se consideran los alojados en comisarías recomendado (en m2 por interno). En la actualidad, se cuenta con unas 26.000 plazas, lo que arroja una sobrepoblación.
El propio ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, admitió que la situación en materia penitenciaria es de emergencia y crítica a raíz de la superpoblación de reclusos que, detalló, crece a razón de 1500 por año, por lo cual consideró que es imposible construir en tiempo récord alcaldías y cárceles que den respuesta a este creciente número de detenidos.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense reconoció en diciembre pasado la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, su vicepresidenta Hilda Kogan acompañó la presentación de la CPM y remarcó la importancia de cada informe: El trabajo de la Comisión no sólo es importante como documento para los poderes del Estado que deben trabajar en la defensa de los derechos humanos sino también para los familiares de las personas detenidas que sienten que alguien los escucha, los defiende y los ayuda a no sentirse solos.
Educación: Insuficiencia crónica. El SPB cuenta con cursos de educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, sin embargo, la sobrepoblación y la constante demanda de educación por parte de los internos provocan una insuficiencia crónica (aproximadamente un 40% de la población carcelaria realiza cursos en algún nivel educativo).
En muchos casos las aulas son utilizadas como espacios para que los internos reciban a las visitas, lo que trae como consecuencia dos situaciones: que los espacios destinados a las escuelas no cumplan con tal fin, y que los internos mientras reciben las visitas no concurran a clases.
En ese sentido, se calcula que un 8% de los internos no pueden acceder al derecho fundamental de la educación, por déficits de infraestructura y por falta de docentes.
Poco trabajo, poca comida. De acuerdo al Plan a diez años para cárceles de la provincia presentado por el Ministerio de Justicia bonaerense, a diciembre de 2015, funcionaban 28 panaderías en las distintas unidades, todas ellas mostraban falta de mantenimiento: carros y bandejas deteriorados, maquinaria fuera de servicio o en estado de deterioro y precariedad avanzada (engranajes desgastados y/o rotos, lonas en muy mal estado, motores quemados, etc). Dicha situación planteaba la necesidad de renovar los equipos y poner en valor las instalaciones existentes.
Por su parte, los 15 talleres textiles distribuidos en distintas unidades, se encontraban cerrados. La misma situación se podía observar con la fábrica de fideos que se encuentra en la Unidad Nº1 de Lisandro Olmos y con la producción de bloques de cemento emplazada en la Unidad Nº18 de Gorina
En lo que respecta a los talleres de chapa, pintura y mecánica ligera, de un total de 51 sólo 14 estaban en funcionamiento, mientras que 37 se encontraban inactivos; de 23 talleres de carpintería sólo 6 se mantenían operativos, alcanzando a 17 los paralizados; de los 24 talleres dedicados a herrería sólo 3 funcionaban, y únicamente 2 de los 15 talleres textiles estaban en producción. Los 17 lavaderos de autos se encontraban sin funcionar.
En cuento a la alimentación que reciben los reclusos, en el último año prácticamente no existió el postre, y tanto la fruta como la carne habían sido eliminadas de las dietas. El plan del gobierno de María Eugenia Vidal es lanzar un menú más equilibrado, al que se sumen alimentos. Incluso, no descartan realizar un plan de viandas, preso por preso.
Mafias. En diciembre de 2015, pocos días después de asumir, fue la primera vez que la gobernadora Vidal opinó sobre el funcionamiento de mafias dentro del SPB. La fuga de la cárcel de Alvear de los autores materiales del triple crimen de General Rodríguez evidenció la complicidad entre presos y agentes. La mandataria provincial reaccionó ordenando la primera remoción de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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