«Queremos empoderarnos, defender nuestro derecho a una vivienda digna»

“Me interesa aprender, empoderarme, saber más para la lucha que damos en el día a día acá en el barrio, en defensa del derecho a una vivienda digna”, dice Petronila Yanayaco Espinoza, vecina del Playón de Chacarita. Ella y otros referentes de barrios populares, más de c40, se encuentran todos los sábados en un ámbito inusual para ellos, un aula de la Facultad de Derecho de la UBA. Desde julio, asisten a un Programa de Formación en Derechos que organizan la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Derechos Humanos de esa facultad, donde adquieren conocimientos básicos sobre planificación urbana desde una perspectiva de derechos, lo que les da herramientas jurídicas para la organización vecinal y para participar de los procesos de reurbanización en villas, de los cuales suelen ser marginados por las autoridades porteñas.

Petronila cuenta los obstáculos que, formándose en derechos, quiere sortear. Tiene 53 años y desde hace diez vive en el asentamiento de Chacarita, con su marido y, de sus cuatro hijos, los dos más chicos. “Ya en 2011 habíamos hecho un pedido de urbanización, pero no pasó nada. En 2016 aparecieron con un censo que nadie sabía para qué era, todo sin informarnos, nos enteramos por el diario cuando anunciaron la prolongación de Triunvirato”. Como en las otras villas con leyes de reurbanización (la 20, la 31 y la Rodrigo Bueno), la participación de los vecinos suele ser ficticia, obturada por los punteros y  coordinadores que en cada barrio trabajan con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). “Las decisiones las toman ellos, el proyecto de viviendas nuevas lo deciden ellos, las Mesas de Gestión Participativa las organizan un jueves a la mañana en La Boca, y nosotros somos laburantes, ¿cómo hacemos para llegar? Yo me volví muy peleonera para que me dejaran participar, me patotearon, pero me hago escuchar. Entonces, hay mucha violencia institucional, nuestros derechos se ven vulnerados. Y por eso necesitamos aprender a defenderlos”.

Todavía no se mudó nadie a las 679 viviendas nuevas que se construyen en Chacarita, dice Petronila que siempre les descubren algún problema nuevo: humedad, fallas técnicas. “Pero de provisión de servicios para el barrio, luz, cloacas, de eso nada, cero avance. Eso es lo que reclamamos”. La vecina ensaya una respuesta a artículos como el de La Nación de esta semana, que confrontaba los millones invertidos por la gestión Larreta en la Villa 31 con los 47 puntos que le sacó Matías Lammens en las PASO. “Los que ya se mudaron en la 31 ahora tienen casas de chapa, cuando antes las tenían de ladrillos. Está muy bien la canchita de pasto sintético, pero para la gente ya estaba bien como era antes, y el pasto sintético no se come”. Ni los nombres de las calles pudieron elegir: a una le pusieron “Chipá”, para indignación de los vecinos.

Marcos Chinchilla nació hace 45 años en la Villa 20, en Lugano, donde vive. Como todos, viene a buscar herramientas para hacer valer sus derechos. Integra la Mesa Activa por la Reurbanización, que surgió tiempo después del desalojo del barrio Papa Francisco. “Cuando se proyectaron los edificios nuevos, la ley especificaba que los vecinos debíamos participar, pero siempre hubo trabas. El procesó avanzó en ese sentido: hay 1700 viviendas nuevas y ya se entregó casi la mitad, aunque enseguida problemas de humedad, y hace un mes explotaron dos calefones por fallas en la red, pero lo más importante, que es proveer de infraestructura al barrio, de acceso a servicios públicos, eso no avanza”, dice Marcos.

En el curso escuchan a abogados pero también a profesores, ingenieros, hasta historiadores que les permiten inscribir su propia deriva hacia esos barrios vulnerables en un contexto sociohistórico más global, pero sobre todo intercambian experiencias, los que ya tienen leyes de urbanización con los que aún no las tienen, potenciando una articulación nueva, que va construyendo liderazgos territoriales para incidir de manera más efectiva en el diseño e implementación de las políticas públicas que los afectan, y de ese modo empoderarse, vivir mejor, ejercer, en definitiva, el derecho a la ciudad. «

«Partimos del diagnóstico inicial de que hay, y esto no sólo en las villas, un gran desconocimiento del derecho, y que eso impide ejercerlo –explica Natalia Echegoyemberry, abogada del área de Acción Legal Comunitaria de ACIJ–. El objetivo es que conozcan la estructura de derechos que garantiza nuestra sistema en relacion a la vivienda digna y el derecho a la ciudad. Vemos en estos espacios de segregación un impacto diferencial respecto al resto de la ciudad: en las villas se duplica o triplica la mortalidad infantil. O sea, un impacto territorial pero que también se corporiza en las personas».

Echegoyemberry describe los módulos teóricos y las herramientas prácticas que incluye el curso, siempre desde un enfoque critico: «El derecho como es, pero también como generador de conflictos. En los procesos de urbanización, a muchos no les dan voz. Queremos que tengan herramientas para discutir en pie de igualdad».

Describe los encuentros como «muy enriquecedores, porque se da un entrecruzamiento de saberes populares y académicos, y todo está en tela de juicio». Además de las cuestiones jurídicas vinculadas al marco regulatorio de la urbanización, se estudian el derecho a la protesta y estrategias frente a la violencia institucional.