Al compás del endurecimiento del discurso político en torno al debate sobre la seguridad, el Congreso evalúa modificar la Ley 24.660 de Ejecución Penal para terminar con la llamada puerta giratoria, analizando dos proyectos que prevén imponer a los detenidos más trabas a la hora de la libertad anticipada. Especialistas consultados por Tiempo indicaron que las cárceles colapsarán y no se resolverá la cuestión de fondo: la resociabilización de los presos.
El martes se dieron cita en la Comisión de Legislación Penal de Diputados diferentes expertos y referentes de organizaciones sociales que debatieron el proyecto del radical Luis Petri y de la massista Mónica Litza. En lo sustancial, Litza incluye la posibilidad de que los detenidos por delitos graves contra la integridad de las mujeres permanezcan en la cárcel hasta finalizar la pena. Sin embargo, el proyecto del radical va más allá y es reflejo de la Ley Petri, sancionada en Mendoza en 2012, aprovechando el descontento social provocado por la muerte de Matías Quiroga, de 21 años, asesinado de un balazo luego de un frustrado asalto a un camión de caudales en el estacionamiento de Carrefour, en Godoy Cruz. Del mismo modo que dirigentes políticos habían acompañado años antes a Juan Carlos Blumberg en Buenos Aires, Petri hizo causa común con el padre de la víctima y logró imponer una nueva ley de ejecución penal, más dura. Así, Mendoza se sumó a Buenos Aires, Misiones y Río Negro, que tienen su norma local y exceden, en imposiciones, a la normativa nacional. La Ley 24.660 establece que la progresividad de la pena debe incluir cuatro períodos: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional.
La última etapa beneficia a los condenados temporales que han llegado a la mitad de la pena y a los sentenciados a perpetua que ya pasaron 15 años en prisión. Petri propone que los presos que alcancen ese lapso recién comiencen su período de prueba puertas adentro y que, sobre todo, su conducta sea analizada por las autoridades penitenciarias. Por otro lado, y quizá lo central del proyecto, es que se incluirían una infinidad de delitos y agravantes, negando cualquier tipo de beneficio, por lo que el paradigma cambia y la resocialización como tal desaparece. Mientras se pretende que los presos permanezcan más tiempo en prisión, las estadísticas indican que la población carcelaria creció entre 1996 y 2014 (último año en que el Ministerio de Justicia publicó datos) de manera exponencial, pasando de 25.163 presos a 69.060. Este aumento se mantuvo de manera ininterrumpida, excepto de 2005 a 2007. Luego, las cifras se dispararon.
El fiscal de Mar del Plata y miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Guillermo Nicora, respalda la modificación de esta ley, que ya tiene 20 años, pero considera que este proyecto es un parche bastante deficiente: sólo apunta a limitar algunas etapas necesarias en el proceso de resociabilización. Tener más tiempo a la gente dentro de una cárcel empeora la situación. Hay que bajar los niveles de violencia y aumentar las posibilidades de que vayan a la escuela y se formen en oficios. Para Nicora, el proyecto toma una posición hipócrita porque no está encarado desde la inversión. Por ejemplo, para trabajar o estudiar hay listas de espera que triplican la cantidad de presos que lo hacen.
Creo que se han excedido en las prohibiciones a situaciones que no son de extrema gravedad, como negarle un beneficio a quien roba con un arma de juguete puntualiza el juez de Morón, Fernando Bellido, titular de la ONG Puente entre la Justicia y la Gente. Es un delito con una pena baja, que inclusive puede ser merecedor de una probation. Si la ley contiene este tipo de delitos, se va a superpoblar aún más el sistema carcelario.
Bellido, quien está de acuerdo con modificar la ley, que sea más restrictiva para los condenados por delitos graves y darle mayor intervención a las víctimas, aclara que los informes del Servicio Penitenciario recomendando o negando un beneficio, nunca deberían ser vinculantes para el juez, sino una guía de la cual el magistrado puede apartarse, con motivos fundados. Dejar esto en manos del Servicio Penitenciario, desnaturaliza la función del juez. «
Extracción compulsiva de ADN
El proyecto del diputado radical Luis Petri contempla la extracción compulsiva de ADN a todos los sospechosos que ingresen al sistema penitenciario. Estos análisis se llevarán adelante en el período de observación en el que se elabora un estudio técnico criminológico del preso. Los datos se incorporarán «en un Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas, en oportunidad de la realización de los estudios médicos de ingreso y admisión, conforme a la legislación vigente y a la reglamentación aplicable, se aclara en la iniciativa.
