Va cayendo el sol en la Ruta 9. El escenario es La Quiaca, uno de los puntos más al norte del país, en el árido altiplano. Norte extremo de la Puna. Ese norte del país que se viene levantando por bajos salarios y actitudes autoritarias y sordas de los gobiernos provinciales. Primero fue la comunidad educativa de Salta. Luego la de Jujuy.
Pero por estas tierras hubo más leña que se echó a un fuego que aún está encendido: la decisión unilateral del gobernador Gerardo Morales de impulsar y aprobar en forma exprés la Reforma Constitucional (tan solo habría que imaginar qué contarían los grandes medios si una reforma de ese tipo se hubiese aprobado de esa manera en Formosa, Chaco o Tucumán), que entre tanto articulado contiene dos artículos que en las últimas horas Morales anunció su vuelta atrás. Pero no logró calmar las aguas. Y en la mañana del martes cuando el Ejecutivo avanzó con la jura de la Reforma, la respuesta fue más violencia, ataques a la Legislatura, avance de la policía. El clamor es unánime: abajo la reforma.
Esta semana La Quiaca es noticia por algo más que los cortes: se trata de una de las zonas más frías del país. Por la madrugada la temperatura baja a -8 grados. Eso no impide que sean cientos y cientos de personas que se nuclean entre el asfalto y la escarcha. De hecho tras el anuncio de Morales, el corte no se disipó. Todo lo contrario. Las comunidades de la Puna, Casina y Paicone, por ejemplo, se sumaron anoche al acampe rutero, en medio de banderas argentinas y wiphalas. Y música. Siempre música. Quenas, percusión y lucha. El 20 de junio también se celebró en esas tierras.
«Estamos resistiendo con fogatas, abrigos, guisos, ollas populares. Somos más de 500 personas. En el día somos más, a la noche les decimos a las familias con chicos que se vuelvan a la ciudad, que hace mucho frío», cuenta Abel. Vive en Chalguamayoc, a 45 kilómetros de La Quiaca. Cría llamas y algo de ganado vacuno. «Y sembramos para consumo familiar», acota.
Viene de estar en otras protestas, como las de San Salvador y la de Purmamarca, donde estuvo el sábado. «Viví la feroz represión –recuerda–. Está jodido. Ahí estamos en el cruce de la Ruta 9 y la 52, que va hacia Chile». En La Quiaca la presencia policial es menor. «Somos muchos para la cantidad de efectivos que tienen disponibles», razona.
En todos los cortes de ruta se repite algo que no deja de ser subvalorado por el gobierno de Morales: la heterogeneidad del reclamo. Por eso, aseguran, el gobernador decidió anoche la marcha atrás de dos artículos que apuntaban a las comunidades originarias. Para «desarticular» la lucha. Pero no sucedió.
Unidad
En los cortes hay indígenas, organizaciones sociales, barriales, gremios, docentes, vecinos. Como lo definió la dirigente gremial educativa, Mercedes Sosa, secretaria general del Ce.D.E.M.S, junto a las comunidades de la Quebrada y Puna en Purmamarca: «Morales nunca se encontró con esta unidad«.
La comunidad docente lleva dos semanas manifestándose sin clases. El jueves pasado decidieron salir a la ruta. Hoy apuntan a sumar estrategias, por ejemplo el dictado de tareas en los cortes, o ejercicios pedagógicos con los chicos en algunas casas. También trabajan junto a las organizaciones barriales, claves en el territorio.
Otro tema es el abastecimiento. Acá también la unión entre diferentes sectores sociales se mantiene firme. En las últimas horas se podía ver cómo feriantes de Perico entregan frutas y verduras a los pueblos originarios que cortan la ruta en Purmamarca. De la solidaridad están hechas las luchas.
En La Quiaca las y los docentes están unidos a las comunidades originarias. Son más de 34 comunidades en todo el departamento de Yavi. Y hay otra razón social para entender el fenómeno de lucha: Jujuy es la provincia con porcentaje más alto (superior al 10%) de hogares con indígenas o descendientes de ellos. El 38% de la población rural jujeña es aborigen. De esas entrañas nace la lucha.
Y la reforma, justamente, apunta directa o indirectamente a sus tierras, que podrían ser dispuestas por el Estado provincial para beneficio de privados y de explotaciones mineras. Los ejemplos son los dos artículos que mencionó Morales. El artículo 36, que habla de la propiedad privada y de avanzar en caso de que sea afectada: «para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo».
Y el artículo 50, que estipula que «el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación».
Tierras
Pero hay otros artículos cuestionados por las comunidades. Por ejemplo, el 74 que habla de Tierras Fiscales: «La tierra es un bien de trabajo y de producción. La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia».
«Hay comunidades que no tienen aún títulos comunitarios, solo posesión dentro de tierras fiscales. Y ahora perderían el derecho a la tierra. Ahora el Estado decide a quién le va a entregar esas tierras. Incluso hay comunidades en la provincia que tienen posesión sobre tierras que después se privatizaron, también las perderían. El artículo 75 también quita el derecho sobre el dominio de nuestras aguas», grafican desde las comunidades.
«Un reclamo acá en La Quiaca, sumado a la reforma, es que nos entreguen los remanentes de nuestros títulos comunitarios. Nos dieron los títulos tiempo atrás, pero no se nos reconoció una parte, justo la de la Cordillera, la parte en altura de la comunidad, que no figura en las escrituras que nos quedaron. Y es en la zona montañosa donde puede haber mineral y donde tenemos el agua», subraya Abel.
Más allá de esos artículos sobre las tierras, una de las principales controversias es la criminalización de la protesta. “La prohibición de los cortes de ruta es una convicción”, remarcó Morales.
Infiltrados
Melany Huanca del pueblo aymara, viajó en las últimas horas a Ciudad de Buenos Aires para participar de un programa de televisión. Esa es otra búsqueda: cortar el cerco informativo. Reclama que los medios “comprados no están ahí para mostrar todo lo que sucede”. Habla del poder y la ambición económica de las elites que vienen a saquear pueblos, que tienen recursos valiosos, para poder explotarlos.
Enfatiza: “en la vigilia hablaban los hermanos sobre lo que está pasando en Jujuy, pasa que están matándonos, están haciendo desaparecer los pueblos, tomemos conciencia, los pueblos originarios somos los únicos que defendemos la tierra y el agua. La están privatizando, y poco a poco los pueblos originarios tenemos que comprar el agua que toda la vida cuidamos. La lucha no es por nosotros, es por todos. Hay desalojos, ha habido intervenciones en los celulares para no poder publicar lo que está pasando. Nos están quitando parte de las tierras, si el pueblo no produce, no come”.
“No somos ignorantes, esta es la lucha de cuerpo para poder defender los recursos de los hermanos argentinos, y esto no se va a quedar así, esta lucha va a continuar, tiene que caer la reforma que él (Morales) está haciendo –añade–. El pueblo se va a enfrentar como está enfrentando ahora para que caiga la reforma, porque hoy quiere confundir al pueblo para cambiar algunos artículos, y solamente la usa como una estrategia más para apaciguar y alargar un día más y hacer que se apruebe y puedan jurar sobre la reforma. Si el pueblo sigue bajando los brazos, nos van a seguir pisoteando, arrastrando, persiguiendo, deteniendo, y no vamos a tener derecho a seguir reclamando. No hay conciencia”.
A pesar de su discurso «propaz», la actitud de Morales parece lejos de una concordia social. No solo habla de protestas motivadas por izquierdistas y «la gente de Milagro Sala», de «mafias» y «corrupción», sino que además apelan a mecanismos ya conocidos de represión y persecución: a las detenciones arbitrarias se le sumó en las últimas horas la operación de prensa para denunciar «el secuestro de tres policías«. Esa fue la primera noticia sobre el conflicto jujeño publicada por Infobae en las últimas dos semanas.
Se trataba de un video que la gobernación difundió de 16 segundos en el cual se ve a tres policías de civiles en medio del grupo de manifestantes. Pero el video duraba más de 16 segundos, ese fue solo un fragmento. La escena en realidad (o lo no contado) fue que esos tres policías se infiltraron en el grupo, y les encontraron los uniformes en las mochilas.
«Hay muchas fake news, falsas alarmas y contamos con una buena cantidad de gente infiltrada. Gente infiltrada que provoca, agita y confunde al resto de los demás hermanos y hermanas que están haciendo este corte –cuenta a Tiempo uno de los manifestantes, Milton–. Amén de eso, a gente se está organizando, es una organización horizontal no es algo vertical donde hay una cabeza o alguien está dirigiendo, como está saliendo a difundir el gobierno provincial de Morales, que dice que son gente de afuera, que son gente de izquierda, que son gente de Milagro Salas. No, aquí no se encuentra esa gente».
Y acota: «si bien viene mucho otro tipo de gente, como abogados, gente de derechos humanos que tal vez tengan su color político, no lo sabemos, incluso hubo gente de Lilita Carrió que no sé qué hacía acá, pero estuvieron en el corte, estuvieron hablando con la gente, sabemos que son aliados de Gerardo Morales, también puede ser que vengan a sacar datos, no lo sabemos pero nosotros no le dijimos nada, los dejamos que estén acá y que hablen con la gente, no los increpamos, nada, fue normal».
