Franco Ezequiel Casco tenía 21 años y trabajaba de albañil. Viajó a Rosario para visitar a su familia, más precisamente una tía que vive en el barrio Ludueña. Salió desde su casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela. El 6 de octubre del 2014 fue a tomar el tren para volver y le avisó a su madre que, al día siguiente, llegaría a Retiro a las 8. Pero nunca llegó: desapareció luego de estar detenido en una seccional de la ciudad santafesina y luego de 23 días, personal de la Prefectura Naval Argentina halló su cadáver en una zona costera del río Paraná.
La justicia federal de Rosario procesó a 30 policías, 15 de ellos con prisión preventiva, por la desaparición forzada del joven. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el juez federal 3 Rosarino, Carlos Vera Barrios, procesó con prisión preventiva a tres de los imputados por el delito de «desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima e imposición a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad de cualquier clase de tortura seguida de la muerte de la víctima». Otros siete policías quedaron presos por «desaparición forzada seguida de muerte» y cinco por «encubrimiento agravado». Según el informe judicial, los restantes 15 miembros de la fuerza de seguridad provincial fueron procesados por «desaparición forzada seguida de muerte» pero recibieron el beneficio de la excarcelación.
Según la investigación, el joven fue arrestado por personal de la seccional 7ª de Rosario, donde figura su ingreso como Godoy, su el apellido materno. La autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario determinó que el muchacho fue arrojado al río cuando ya había muerto.
Su familia sospechó que se había tratado de un caso de desaparición forzada y que había sufrido apremios ilegales y torturas durante su detención en la comisaría. Justamente el juez Vera Barrios siguió esa hipótesis y el 4 de septiembre pasado ordenó la detención de 30 policías de la provincia de Santa Fe. La investigación fue llevada a cabo por el fiscal Marcelo Degiovanni, quien determinó que más de 20 acusados vieron a Casco en la comisaría y testimoniaron que recibió una paliza que habría derivado en su muerte.
«Entre los detenidos están los responsables de la muerte de mi hijo y están los que han querido encubrir. A mi hijo lo mataron a golpes en la comisaría y luego el cuerpo fue tirado al río», afirmó el padre de la víctima, Ramón Casco, quien consideró que «Asuntos Internos quiso encubrir el crimen».
Entre los policías detenidos en su mayoría pertenecían a la comisaría 7ª mientras otros que pertenecían al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II y el resto de la División de Asuntos Internos de la fuerza. De hecho, uno de los efectivos imputados es el jefe de Asuntos Internos, Aníbal Candia.
