El presupuesto 2018 que el gobierno giró al Congreso parece reflejar las prioridades del Ejecutivo nacional: mientras aumentan los gastos en seguridad y deuda pública, se producen recortes en educación y ciencia. Dos áreas que ya vienen sufriendo ajuste presupuestario desde diciembre de 2015.
En el ámbito educativo, los sectores que más sufrirán el recorte serán los programas con anclaje social y los de Formación Docente. La CTERA realizó un estudio del proyecto presupuestario donde resalta que el ajuste no sólo se traduce en la reducción nominal del presupuesto propiamente dicho, sino también en el proceso de desfinanciamiento, desmantelamiento y subejecución que el gobierno actual viene sosteniendo y profundizando desde su asunción en el 2015.
A partir del año pasado, el pago de los servicios de la deuda externa se duplicó, pasando de un 7,7% del gasto total en 2015 al 14,5% en 2016, y a un 11,1% sólo en el primer semestre del 2017. En el otro extremo figuran los programas socioeducativos, con una reducción del 8% para las partidas que financian el Programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas. Contemplando la inflación interanual, el ajuste real será del 23,5 %.
El proyecto de presupuesto para el año entrante continúa la política de ajuste que viene sosteniendo el Ministerio de Educación de la Nación, afectando principalmente a los programas socioeducativos, a la formación docente, al plan Conectar Igualdad, la inversión edilicia para la construcción de jardines de infantes, entre otros. Un ajuste que ataca la educación de calidad que pregonan los funcionarios, apuntaron desde CTERA.
De acuerdo al texto del presupuesto elevado al Congreso, para el 2018 prevén eliminar el programa de Biblioteca del Maestro, en Formación Docente sólo plantean un incremento del 3%, menor a la inflación interanual, y el ex programa Conectar Igualdad (ahora denominado Plan Nacional de Educación Digital) se reduce un 43%. Gran parte del personal que trabajaba en Conectar Igualdad fue despedido en los primeros meses de Cambiemos, sobre todo quienes trabajaban en contenidos, software libre y en los respectivos programas provinciales.
En el caso emblemático de la construcción de jardines de infantes, tan anunciada en campaña electoral y en plena gestión de este gobierno, presenta un dato preocupante ya que se propone un incremento del 8,4%, es decir una pérdida real entre un año y otro del 9,8%, agrega el informe del mayor gremio docente. Y sostiene que la misma subejecución se percibe en el programa Progresar que del primer al segundo trimestre de 2017 perdió 83.600 beneficiarios; «y una virtual paralización de los planes de Distribución de Libros de Texto, Lectura y Manuales, Colecciones literarias y Plan Nacional de Lectura, junto al cierre de los programas de Alfabetización de Adultos».
El presupuesto, que excluye del articulado el punto donde se establecía que el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no pueden tener un monto inferior al del año anterior, también disminuye subsidios a las escuelas en situación de vulnerabilidad, cantidad de metros cuadrados de mejoramiento de la infraestructura escolar, y la cantidad de colegios a construir, así como menos cantidad de becas para estudiantes de formación docente, de grado y de posgrado, y para alumnos universitarios de bajos recursos. Desde CTERA denuncian que todos estos procedimientos financieros ponen en peligro el cumplimiento de la meta del 6% del PBI destinado para educación que establecieron las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional.
Otro sector damnificado es el científico. El gobierno de Cambiemos prometió aumentarle la inversión, pero en el Presupuesto 2018 la congela en torno al 0,3% del PIB. Según el especialista Jorge Aliaga, del grupo Ciencia y Técnica Argentina (Investigación y desarrollo para la inclusión), el presupuesto para el año próximo golpea nuevamente a la ciencia argentina. Ese golpe no es un error de cálculo sino el fruto de una política que conduce a la desindustrialización del país y a la reprimarización de su economía.
Un estudio realizado por el CyTA sostiene que la fracción del presupuesto nacional destinada a ciencia y técnica está en caída libre: en el presupuesto aprobado en 2014 esta fracción fue del 1,48% y luego llegó al 1,53% en 2015. Tras la asunción del presidente Macri, bajó a 1,39% en 2016 y hoy el gobierno propone reducirla al 1,22%. El peso de la ciencia en la inversión del estado nacional se redujo más de un 20%, en parte por destinarle menos fondos al sector, pero también por el aumento sustancial del pago de intereses de la deuda externa.
Aliaga destaca las consecuencias que genera el recorte presupuestario en ciencia, desde 2016 hasta lo pensado para 2018: el CONICET redujo en un 50% el número de nuevos investigadores y en un 20% el número de becarios que inician sus tareas, carece de fondos para subsidios y es un organismo que se encuentra en una profunda crisis presupuestaria e institucional. La CNEA suspendió todos sus proyectos salvo dos de ellos, que involucran construcciones con licitaciones ganadas por empresas vinculadas con funcionarios del gobierno. El INTA también ha parado varios proyectos que venía implementando.
