Casi 500 millones de litros de agrotóxicos son aplicados por año en la Argentina, lo que coloca al país en el tope del ranking de los mayores consumidores: cerca de los 11 litros por habitante. Las consecuencias también son enormes. Pueblos fumigados y enfermos, suelos y ríos contaminados, el veneno hasta en el aire. En ese contexto de urgencia, un grupo de profesionales y organizaciones ambientales diseñaron el primer Plan Nacional de Reducción de Agrotóxicos que implica la transición hacia la agroecología “sin que el productor ni el país pierdan plata”. Ya hubo sondeos para presentarle el proyecto al candidato del Frente de Todos Alberto Fernández.

“Las organizaciones vinculadas a la salud colectiva, al ambiente, la soberanía alimentaria, la agroecología, los movimientos campesinos y los derechos Humanos creemos que es urgente poner en marcha un Plan de Reducción de Uso de Agrotóxicos en el país”, comienza el documento y a continuación enumera una serie de objetivos entre los que destaca “reducir, gradual y continuamente, la disponibilidad, acceso y uso de agroquímicos para disminuir la carga de exposición en la población argentina, sobre todo en las zonas agrícolas y reducir así el riesgo y el daño para la salud colectiva”.

En ese sentido, con fuerza de ley “se prohíbe el uso cualquier pesticidas, bajo cualquier tipo de mecanismo o técnica de aplicación, en los alrededores de mil (1000) metros de viviendas, colegios, recursos hídricos, áreas ambientalmente protegidas y áreas de producción agricultura ecológica o agroecológica”.

También podés leer: Explosión en Mercedes: el desastre ambiental del que nadie se hace cargo

En paralelo, se propone “reconvertir las prácticas agrícolas desde una matriz sostenida en el uso de agrotóxicos hacia una agricultura libre de venenos y de carácter agroecológica”.

“El Plan de Reducción de Agrotóxicos debe ser una política pública, como ya se viene desarrollando con éxito en Francia, Bélgica o Dinamarca. Nosotros lo estamos proponiendo en conjunto con organizaciones médicas brasileñas en ambos países, para que el Estado se ocupe de disminuir la exposición de la población a los agrotóxicos, incluyendo medidas para sostener la producción y haciendo una transición a la agroecología. Esto quiere decir que es posible bajar el uso de los agrotóxicos sin perder plata, ni el productor ni el país”, explica Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos Fumigados, una de las organizaciones que avale el proyecto, junto a la Red de Maestras Fumigadas, y  la Red Nacional de Municipios y Comunidades por la Agroecología, entre otras.

“El Plan está destinado a presentárselo a Alberto (Fernández), estamos en gestiones para que se haga una reunión. Sabemos que ya se juntó con la Mesa de Enlace que le pidió bajar las retenciones. La propuesta nuestra incluye disminuir las retenciones en la medida que disminuya el uso de agrotóxicos”, destaca Ávila.

Contaminación. Según datos de la propia Cámara de empresas de agrotóxicos, en 1990 se aplicaron 38 millones de litros en todo el país. En 2018, fueron más de 500 millones. “El problema –señala el texto del plan– es que esta enorme cantidad de agrotóxicos se acumulan en nuestro ambiente, y son moléculas que persisten activas por mucho tiempo. El glifosato dura más de 60 días activo y lo recogemos del agua de lluvia (es decir, que estaba en el aire atmosférico), de todos los ríos de la zona centro y norte del país, incluso el INTA la recoge del agua de napas subterráneas en Pergamino y contamina el agua de la red de agua potable, y esta contaminación crece año a año. Al saturarse el ambiente con estos productos el tiempo de degradación se hace más lento ya que por ejemplo el glifosato lo degradan la acción de bacterias del suelo a las que previamente exterminó y a las que quedan les surge una ardua tarea”.

“Hay que romper con las empresas multinacionales de agrotóxicos –concluye Ávila– que cada año facturan más y se convierten en actores esenciales de este modelo”.