El de Elisa Molina no es un caso único. Les pasó antes a Higui, a Marcela Mendoza, a Fanny Bulacio y Camila Godoy, por nombrar solo a algunas. Y les pasará a otras, mientras se reclama por una reforma judicial feminista que actúe con perspectiva de género y contemple el contexto de violencias en el que viven quienes terminan denunciadas e incluso presas por intentar defenderse de sus agresores.

El 14 de febrero de 2020, cuando el calendario de las celebraciones comerciales indicaba que era el Día de los Enamorados, Elisa se cansó. Después de 13 años de sufrir violencias físicas, psicológicas y económicas, se había enterado de que su ahora expareja había tenido un hijo con una persona de su entorno. Fue desde su casa en La Boca hasta el trabajo de él, en Barracas, y discutieron. Según reconstruyeron los abogados, él intentó agredirla y ella le arrojó lo primero que encontró: una botella con diesel que tenía para su auto. Ese mismo día, Elisa quedó detenida. Está acusada de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa” y puede enfrentar una pena de 20 años de prisión, separada de sus cuatro hijes.

Tras aquella discusión violenta, Elisa pasó dos meses en Ezeiza y desde entonces continúa con prisión domiciliaria, en el mismo complejo de viviendas que frecuenta su ex, quien más de una vez se acercó a la casa de la que ella no puede salir ni para gritarle. “La presunta víctima, que no lo es, se desentendió de los hijos. A los que tiene con Elisa –las dos más chiquitas, de 11 y 5 años– no solo no les pasa alimentos; no tiene vínculo. Pero a ella la hostiga. Ella escucha sus gritos y tuvo que cambiar de teléfono porque le llegaban mensajes de esta persona”, cuenta Jonathan Cano, uno de los abogados defensores.

“Hay muchos casos de mujeres acusadas por defenderse. Hay un punto en común: son mujeres agredidas de forma constante, pero la diferencia es que acá no se acreditó la imputación que se está realizando. Y además hay un montón de irregularidades en la instrucción”, denuncia Cano. Y plantea que el Tribunal Oral en lo Criminal porteño N° 18, que esta semana llevará adelante el juicio oral, “tiene una gran oportunidad: sería la primera vez que pueda escucharla un estamento estatal”.

“No ha habido otras pruebas que permitan esa imputación. Pero es una persona vulnerable, mujer, y la Justicia en primera instancia se la llevó puesta. No pudo ejercer con plenitud su derecho de defensa, y así funciona la Justicia en estos casos”, opina Paolo Zaniratto, otro de los abogados que defiende a Elisa. “Ella actúa en un estado de mucha vulnerabilidad por la violencia que venía sufriendo. Actúa irreflexivamente, pero de ahí a intentar atentar contra otra persona hay un largo trecho, y desde el punto de vista penal más aun”.

Encierro domiciliario

Presa en su casa desde hace un año y medio, Elisa vive gracias a la Asignación Universal por Hijo que cobra por tres hijes menores y trata de terminar la escuela primaria en un bachillerato del barrio. No podría sin la ayuda de vecinas, vecinos, organizaciones sociales y barriales. Le llevan y traen las tareas para que siga estudiando, acompañan a sus hijas al merendero, le alcanzan alimentos y la acompañan durante el encierro domiciliario.

“A Eli la conocemos desde 2018. Ella empezó a participar de un merendero y espacio de mujeres en un local en La Boca, era la que invitaba, la que motorizaba”, cuenta María José Grande, de Mala Junta Soberana. “En algún momento fue parte de nuestras charlas la violencia”, dice, pero le costaba hablar del tema. “El proceso de los círculos de violencia funciona de esa manera. Ella ahora lo puede poner en palabras desde otro lugar. Estamos haciendo un acompañamiento ahí desde Línea Violeta, una escucha activa para acompañar ese proceso que implica transitar una situación de violencia y poder salir”. 

“Es una persona sumamente solidaria. Tuvo una vida difícil, siempre lo cuenta. Vive en un edificio del Instituto de la Vivienda, una relocalización que se hizo después de un incendio en el conventillo en el que vivía. Sufrió múltiples vulnerabilidades de una mujer pobre, con cuatro hijos”, describe Grande. Y cuenta que el sueño de Elisa cuando recupere su libertad es instalar un comedor. 

Por la pandemia, las audiencias del 11 y 12 de agosto del Tribunal Oral serán virtuales. Pero Elisa no tiene conexión a Internet, por lo que depende de la solidaridad para asistir a su propio juicio. “Posiblemente vaya yo con mi compu y mi celular para pasarle datos. Es un delirio. Ni hablar de un juicio oral en un año y medio cuando para cualquier situación de violencia tardan años”, cuestiona Grande.

En marzo de este año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la organización Yo No Fui publicaron el informe «Castigo a domicilio, la vida de las mujeres presas en sus casas», donde relevaron las situaciones de vulneración de derechos que sufren las mujeres encerradas en sus casas y la necesidad de políticas públicas sobre esa forma de prisión: sin herramientas para mantenerse a ellas y sus familias, sin perspectiva de género, sin redes de contención por parte del Estado y dependiendo de otras redes, las sociales y vecinales, para subsistir.

Invisibilizadas

“Por una cuestión de género y por cómo funciona la Justicia, ese tipo de criminalización queda completamente invisibilizada”, define Macarena Fernández Hofmann, del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Cels. “Hay muchas mujeres presas por esto, pero no se sabe cuántas justamente porque está tapado detrás de los delitos de lesiones, homicidio, etc. Va junto con otras cuestiones de género por las que se criminaliza a las mujeres, como los eventos obstétricos o las cuestiones ligadas a la idea de ‘mala madre’, y la principal razón, que es por infracción a la ley de drogas”, enumera. “No hay estadística”, remarca, sobre mujeres presas por defenderse, porque es algo “muy invisibilizado desde la mirada carcelaria, dentro del sistema penal”.

Belén Riccillo pertenece a la organización Atrapamuros, una de las que reclama la absolución de Elisa junto con Mala Junta-Soberana, La Dignidad Confluencia y El Sueñero. Desde su trabajo acompañando a mujeres en prisión domiciliaria, considera que “esto tiene que ver con el funcionamiento de una Justicia pensada por varones blancos. Quienes creemos que debe haber una reforma judicial feminista entendemos que estas cosas se tienen que contemplar. Primero, que nos crean. No solo cuando pasa algo así, con la mujer denunciada. Sino también cuando la mujer va a denunciar, que no se la revictimice”.

Riccillo recuerda “casos similares” al de Elisa que trascendieron la invisibilización. Como el de Higui y el de Marcela Mendoza. Analía De Jesús, más conocida como Higui, está acusada de homicidio por haberse resistido a una violación grupal por parte de hombres que ya la venían hostigando por ser lesbiana. Fue el 16 de octubre de 2016. En medio del ataque, le clavó un cuchillo a uno de los agresores, que luego murió. Ella no lo supo en el momento: quedó inconsciente por los golpes que le dieron entre todos. Higui espera su juicio para marzo de 2022.

Marcela Mendoza fue condenada a cadena perpetua, acusada de matar a su expareja, a quien había denunciado por violencia de género. Se la culpó de incendiar el vehículo en el que viajaban, causándole la muerte. El incendio también le provocó quemaduras a ella, que accedió a subir a ese auto pese a que había una restricción perimetral contra su agresor: quería evitar que fuera a su casa, donde estaban sus hijos. Cuatro años después, Casación anuló la perpetua. Pero Mendoza no fue sobreseida. Espera un nuevo juicio, tras un fallo de la Cámara que planteó desacuerdos con la ponderación de la prueba que hizo el Tribunal Oral 3.

Fanny Bulacio y su hija Camila Godoy están detenidas con prisión domiciliaria, acusadas por “amenaza y desobediencia” desde febrero de este año. Aunque habían realizado decenas de denuncias contra la familia de la expareja de Fanny, fueron acusadas tras intentar defenderse de las agresiones de su exsuegro. Cintia Caruso también forma parte de este tipo de criminalización: está acusada de haber atacado a su expareja, a quien había denunciado más de una docena de veces y quien intentó atacarla con un cuchillo. Tras varios meses separada de sus hijas, pudo volver con ellas, mientras espera el juicio presa en su casa.

“Estamos convencides de que esta justicia que se impone para normar nuestras vidas tiene una matriz tan punitiva como la cárcel”, dice Liliana Cabrera, del colectivo transfeminista, popular y anticarcelario Yo No Fui, que también acompaña a mujeres presas por defenderse. “Conocemos compañeras que han pasado 18, 20 años en la cárcel, cumpliendo condenas por las que hoy no hubieran pasado ni un día presas”, señala, y apunta a la necesidad de buscar estrategias para que “la perspectiva de género sea algo más que una ‘mirada’ que elijan tener o no los distintos tribunales que integran el Poder Judicial”.  «

Denunciar por denunciar

A las mujeres presas por defenderse se suma otro grupo, el de las denunciadas por denunciar. En 2013, Mariana Saldaña denunció por abuso al padre de su hija, entonces de tres años. Esa causa sigue abierta, sin avances y a la espera de más pericias. Pero en el camino debió lidiar con otra serie de causas que la tienen como acusada.


“Tengo causas en Morón, en Luján, en Mercedes. Me denunció en el Civil y Comercial de Morón por daños y perjuicios, la causa de abuso está en San Martín, y en Mercedes lo que es Fuero de Familia, donde me pide la vinculación con la nena. En Luján está la causa por impedimento de contacto donde quedé sobreseida, pero me amenazaban con sacarme a mi hija”, cuenta Mariana. “Esto pasa cuando una madre denuncia abuso. Ellos tienen herramientas para demandarnos mientras nosotras peleamos para recuperar psicológicamente y contener a nuestros hijos y lograr que nuestras causas avancen. Las explicaciones las tengo que dar yo, a él no le hicieron ninguna pericia”, se lamenta.