Más de veinte organismos de derechos humanos manifestaron su “preocupación ante la escalada de violencia ejercida por el Estado contra vendedores ambulantes senegaleses” en la Ciudad de Buenos Aires. En un comunicado emitido en vísperas del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora el 20 de junio, exigieron “soluciones integrales” para proteger los derechos de la comunidad senegalesa en Argentina. Y denunciaron “un contexto de hostigamiento institucional y discriminación racial”.
“El Estado debe buscar de manera urgente soluciones integrales y participativas para la protección de los derechos de la comunidad senegalesa en Argentina, incluyendo la regularización documentaria y la generación de alternativas laborales sustentables”, dijeron en el comunicado firmado por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), 100% Diversidad y Derechos y la Agrupación Afro XANGO, entre otras organizaciones de derechos humanos y migrantes.
Las organizaciones denunciaron que en los últimos meses los barrios de Flores y Balvanera fueron testigos de operativos policiales desproporcionados para perseguir a vendedores ambulantes, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, allanamientos violentos e injustificados, intimidación constante, hostigamiento y reiterados episodios de violencia física y verbal contra trabajadores senegaleses, ejercidos por la Policía de la Ciudad.
“La comunidad senegalesa viene denunciando un gravísimo incremento –en cantidad e intensidad- de diferentes formas de persecución y violencia por parte de la policía desde 2016, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como la de La Plata, y en localidades del conurbano bonaerense sur”, dijeron.
Por caso, recordaron que el 5 de junio pasado Kane Serigne Dame fue abordado por policías, de manera violenta en la vía pública en Capital Federal, y terminó con una profunda herida en su brazo derecho e imputado en dos causas judiciales. Los organismos remarcaron que el hecho que cobró especial notoriedad, no se trató de un episodio aislado.
En ese camino, el comunicado remarcó que en lo que va de 2018, la Comisaría 50 del barrio de Flores protagonizó una serie de operativos violentos y sistemáticos, en los que los vendedores senegaleses resultaron imputados por supuesta resistencia a la autoridad. “El inicio de estas causas penales, que encubren detenciones arbitrarias, asimismo les provoca complicaciones con las autoridades migratorias, que incluso pueden llegar a provocar su expulsión del país”, detallaron.
“Tanto la policía como la fiscalía utilizan un perfil racial para la criminalización de los trabajadores senegaleses. En junio de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial ya había expresado su preocupación por la escalada de violencia contra los migrantes africanos en Argentina, expuestos al acoso y la extorsión por la policía, y la ausencia total de mecanismos de protección a los que puedan acceder”, señalaron.
Ante esta situación, las organizaciones de migrantes y otras organizaciones denunciaron un “trato discriminatorio, racista y violento contra la comunidad senegalesa” y manifestaron su preocupación por la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad. “Exigimos a las autoridades que pongan fin a las prácticas extorsivas, discriminatorias y persecutorias contra los migrantes africanos, y una investigación imparcial e independiente de los hechos que determine la responsabilidad de los autores de los excesos”, culminaron.
El comunicado también lleva las firmas de AMUMRA, el Área de Migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC – UBA), la Asociación Civil Yanapacuna, el Bloque de Trabajadorxs Migrantes, la Campaña Migrar No es Delito, CAREF, el Colectivo Passarinho, la Comisión Organizadora 8 de Noviembre, el Congreso de los Pueblos, la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa, MECOPA, MIRARES, el Núcleo de Estudios Migratorios, la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y la Red IAMIC.
