Con el objetivo de construir políticas públicas que garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad y de las personas que recuperaron su libertad, se formó una Coalición de organizaciones sociales de ex detenidos y referentes sociales. Así, distintos distritos del Conurbano bonaerense, la Costa y 14 provincias hicieron un acuerdo para sumarse a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Los referentes de distintas organizaciones de liberados se reunieron este sábado con el diputado nacional del Frente de Todos Leonardo Grosso para dar inicio a una etapa de construcción, para garantizar trabajo, capacitación y acompañar a personas detenidas y cuando egresan de los penales. La iniciativa surge del sector de personas liberadas que ha mostrado un trabajo sostenido en el tiempo y el compromiso de ayudar a sus pares.
“Fue una reunión muy importante. Apuntamos a construir con los liberados, pibes y pibas que están en situación de encierro y sus familiares. Nos proponemos crear herramientas que nos ayuden a combatir las violaciones masivas a los Derechos Humanos de personas que viven hacinadas en los penales”, asegura a Tiempo Grosso, referente del Movimiento Evita.
“Éstas personas, además de sufrir situaciones inhumanas en los penales, cuando salen son discriminadas, expulsadas por el sistema laboral y gran parte de la sociedad. Estamos totalmente convencidos de que esto puede cambiar con trabajo y organización popular”, enfatiza el legislador.
Cabe destacar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires ya puso en marcha el proyecto “Más trabajo, menos reincidencia”. El mismos está inspirado en la idea de la inmediata inclusión laboral de las personas que recuperan la liberta. Los hizo porque está comprobado que ayuda a reducir el índice de personas que cometen delito contra la propiedad privada.
La medida busca una solución al problema que aqueja a quienes están en las cárceles y a sus familiares. El programa tiene una intervención nacional, provincial y municipal en coordinación con las cooperativas de personas liberadas, la Iglesia y las universidades de todo el país.
“Es un proceso de construcción de política sindical. La crítica que hacemos es que hay una demanda histórica de la población carcelaria que no es escuchada. Es lo que nos lleva a organizarnos y nos encuadra a quienes padecimos la cárcel estando ahí, yendo a visitar a un familiar o dictando un taller”, explica Mario Cruz, ex detenido, estudiante de sociología y referente del merendero “Los Amigos de barrio Sarmiento”, en San Martín.
“Consideramos que es fundamental que se reconozca el trabajo de las personas de la sociedad civil que trabajan en las cárceles, el de quienes padecen el encierro y de sus familiares. Es la forma que encontramos para construir una comunidad justa”, agrega Cruz.
El proyecto tiene como protagonistas a personas presas, liberadas y a sus familiares. Es una decisión política que propone cambios profundos en la orbita penitenciaria de todo el país. Para la creación de herramientas concretas de integración social, laboral y educativa a través del cooperativismo.
“Para nosotros es una oportunidad de poner a disposición del Estado un saber acumulado en la experiencia de haber estado años en el encierro. De haber transitado el proceso judicial y la ejecución de la pena. Con esta iniciativa la organización de liberados busca un salario digno y seguridad social”, sostiene Hugo Waldemar, sociólogo, ex detenido y referente de la “Biblioteca Popular la Carcova”.
“Queremos participar en la discusión publica sobre la política penitenciaria y post penitenciaria. También nos sentimos capacitados para discutir sobre la seguridad. Podemos hacer un gran aporte a la política penal juvenil porque tenemos la experiencia de haber transitado el camino en el encierro. Sabemos bien donde están las fallas”, concluye y subraya Waldemar.
