El 2 de febrero de 2016, durante un acto en la Reserva Natural de Pilar, el flamante presidente Mauricio Macri anunció una ley para «proteger y cuidar» los humedales. Casi cuatro años después, la Ley de Humedales se encuentra frenada en el Congreso porque el oficialismo postergó siempre que pudo su tratamiento. Ese divorcio entre lo dicho y lo hecho ha sido una constante de la gestión ahora saliente. Será obligación del gobierno de Alberto Fernández reconocer la emergencia ambiental y actuar para paliarla antes de que sea demasiado tarde.
Se calcula que en la Argentina hay unos 12 millones de personas que viven en zonas sobre las que se arrojan entre 350 y 400 millones de litros de agrotóxicos al año. En noviembre del año pasado, durante el 1° Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, se llegó a la conclusión de que unos 700 mil niños, niñas y adolescentes «son fumigados en horarios de clase mientras ejercen su derecho a la educación en las escuelas rurales del país».
«La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular las del agronegocio, atenta contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su protección», argumentó Greenpeace en un informe elaborado en 2017, donde destacaba la figura de Leonardo Sarquis, el ministro de Agroindustria bonaerense que fue gerente de Monsanto.
El país también se encuentra en emergencia forestal. La superficie desmontada durante 2018 sólo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 112.766 hectáreas. Más grave aun es que casi el 40% de la deforestación se produjo en bosques protegidos.
La industria extractiva también se extendió sin control. Un informe reveló que existen al menos 44 proyectos mineros en zonas donde está prohibido por la Ley de Glaciares, en tanto, en Mendoza, el fracking utiliza un promedio de 14 a 25 millones de litros de agua y un cóctel de entre 700 y 900 productos químicos altamente tóxicos y contaminantes. «
