Para proteger las escuelas de las amenazas de bomba, la Provincia ofrece como única medida el blindaje policial. «Más no podemos hacer», reconocen desde la cartera educativa provincial. Un sector de la comunidad denuncia que la verdadera intención es amedrentar y silenciar el reclamo de las y los alumnos para apuntalar un proceso de vaciamiento. Según las familias, desde Legal y Técnica les dicen que hay 4000 denuncias en toda la Provincia.
Nunca un colegio había recibido más de 80 amenazas de bomba en un mismo ciclo lectivo. Se trata de la histórica Escuela Normal Superior N° 1 «Mary O. Graham», de La Plata, donde funcionan el Jardín de Infantes 967, la Primaria 127, la Secundaria 32 y el Instituto Superior de Formación Docente N° 95. Cada amenaza supone evacuar a los alumnos a diferentes centros de la capital bonaerense. Las primeras dos, a comienzos de marzo, se hicieron directamente a la escuela; luego todas se realizaron al 911. La comunidad educativa se entera cuando aparecen efectivos de la Comisaría 1 ° y de la Dirección de Explosivos en las puertas del colegio. «No hay manera de corroborar fehacientemente la cantidad de amenazas telefónicas que los uniformados dicen que hay», denuncia Verónica Ríos, mamá de un estudiante. La modalidad se repite en colegios de La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, San Miguel, San Martín y Tres de Febrero. También en Berisso, Cañuelas y Monte Hermoso, entre otros distritos.
Padres, alumnos y docentes sostienen que estas amenazas son una jugada del gobierno de María Eugenia Vidal para neutralizar las protestas estudiantiles. Varias familias lograron reunirse con Sergio Siciliano, subsecretario de Educación, y María José Adrogué, directora provincial de Legal y Técnica; ambos ofrecieron como única solución al conflicto blindar la escuela con personal policial constante. Es decir, la policía ingresa en el inicio de cada turno, revisa el establecimiento y habilita el acceso. Buscan así ignorar las amenazas telefónicas. Un sector mayoritario de la comunidad educativa rechazó la medida. Al no recibir la propuesta de los funcionarios por escrito, el director de la unidad académica del Normal 1, Jorge Dománico, continuó con el protocolo de evacuación ante cada amenaza. Y el fiscal que investiga la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, lo acusó de desacato.
Pese al rechazo a la propuesta oficial, «la policía entra al colegio con total impunidad, sin permiso de los directivos, y con armas, algo que repudiamos», señala Morela Godoy, integrante del Centro de Estudiantes del Normal 1. «Nos movilizamos muchas veces en repudio a las amenazas de bomba y a la criminalización de las y los pibes y el cuerpo de directivos».
Las familias lograron que se unificaran las causas, ya que cada amenaza caía en la fiscalía de turno. Descubrieron que muchas intimidaciones habían sido archivadas. El fiscal Condomí –designado por el procurador Julio Conte Grand– ordenó sólo dos allanamientos, en los que se dio con dos supuestos responsables, cuando el colegio ya había recibido unas 40 amenazas. El pasado 5 de noviembre recibió a las familias: les dijo que apoyaba la medida de la gobernadora de militarizar el establecimiento, pero no explicó cómo avanza la investigación. Como única hipótesis, el fiscal insiste en que las amenazas son hechas por los estudiantes.
Si las amenazas las recibe el 911, ¿cómo aún no descubrieron a sus autores? A la comunidad educativa le dicen que las llamadas se hacen desde un celular sin chip, lo que imposibilita su localización. «Es falso que no puedan localizarlos –dice el ingeniero y experto en telecomunicaciones Ariel Garbarz, consultado por Tiempo–. No hay un chip que se pueda identificar con un IMEI, el número electrónico que permite rastrearlo, pero las llamadas las hacen desde computadoras, identificadas con una dirección IP. Cibercrimen y el Ministerio de Seguridad hacen rastreo de IP».
La Legislatura presentó un pedido de informes al ministro Cristian Ritondo y al director general de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para que expliquen cuál es el protocolo de investigación y actuación vigente ante amenazas de bomba reiteradas en los colegios, y qué acciones han llevado adelante para solucionar este flagelo. «No ocurre sólo en La Plata sino en toda la provincia: hay más de 4000 amenazas de bomba –explica el diputado Guillermo Kane, que redactó el pedido–. Hoy alguien manda un tuit amenazando al presidente y a las pocas horas aparece el grupo GEOF en su domicilio, pero esto no pueden resolverlo».
El subsecretario Siciliano no confirmó a Tiempo esa cantidad de amenazas registradas, aunque dijo no recordar la cifra. Reconoció que el blindaje «no es la solución», pero que «nosotros como Ministerio más no podemos hacer». Repite que «hasta ahora sólo hay dos sospechosos y pertenecen a la comunidad educativa. Si son más o si hay intencionalidad política detrás de esto, no lo sabemos».
El 13 de noviembre, un oficial de la Comisaría 1ª ingresó violentamente a la Primaria 127 para actuar de oficio ante un supuesto posteo intimidatorio en redes, y exigió a los directivos los nombres de alumnos supuestamente implicados. Un comunicado del Frente de Unidad Docente rechaza «las intervenciones vinculadas a las intimidaciones públicas que padecieron escuelas de Berisso y La Plata, donde fuerzas policiales realizaron allanamientos violatorios de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y trabajadores de la educación, recurriendo a su sistemática criminalización como forma de resolución del problema». «
Se movilizan, los militarizan
Otros colegios platenses pasaron por la misma situación y ya fueron militarizados. Las secundarias técnicas N° 6 «Albert Thomas» y N° 8 «Juan B. Alberdi» recibieron unas 30 amenazas de bomba. «Al principio nos asustamos porque nunca había pasado», recuerda Ludmila Ortega, presidenta del Centro de Estudiantes de la N° 8. Ambos colegios aceptaron la propuesta de blindaje policial. Los uniformados entran y salen con libertad absoluta: «No está mal que estén el puerta, pero entran para ir a los baños, al buffet, y nos resulta incómodo porque lo hacen armados». Alumnos de ambas escuelas se habían movilizado para rechazar la reforma estudiantil que intentó aplicar la gestión de la gobernadora Vidal, que reducía 826 horas de la currícula educativa.
