Un conflicto se desató el martes por la tarde-noche en la alcaidía 1 bis del barrio porteño de Constitución, ubicada en San Juan 1757, dependiente de la Policía de la Ciudad a raíz de la detención de una mujer que fue a llevarle mercadería a un familiar detenido. Según la versión policial, dentro de una pasta dentífrica había encontrado marihuana. En el mismo edificio funciona el sector de detenidos de la comisaría vecinal 1 C que aloja a 31 personas.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) viene alertando hace tiempo que estos lugares no están habilitados para detenciones prolongadas y que por ende ocurren distintos problemas.
El hacinamiento en estos dispositivos empezó durante la pandemia, por los protocolos que implementó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con los que dejó de recibir detenidos; fue lo que produjo el colapso en estas dependencias. Luego, tras graves irregularidades que fueron sucediendo, hubo una flexibilización, pero aún están muy lejos de solucionar el problema.
“Durante la pandemia había 280 personas alejadas de forma permanente en comisarías”, aseguró Ariel Cejas Meliare, abogado y procurador adjunto interino de la PPN, en diálogo con Tiempo. Siguió relatando que fue por eso que la Procuración «presentó una acción de habeas corpus en el Juzgado Penal Contravencional 3 a cargo de la jueza Carla Cavaliere» para denunciar la situación.
Sobre los hechos ocurridos en la alcaidía
“Lo que pasó este martes por la tarde-noche es un poco lo que nosotros venimos denunciando desde minuto cero, sobre que estos problemas ocurren porque alojan a personas en lugares transitorios y los dejan en forma permanente”, reclamó el procurador adjunto. Apuntó que por eso “ocurren múltiples problemas, a causa de la vulneración constante de los derechos fundamentales de las personas allí cautivas”.
También sostuvo que la policía no tiene “las herramientas ni el recurso humano para cumplir esa tarea, tampoco es una fuerza preparada para custodiar a los detenidos”, explicó Cejas Meliare. Señaló que de este modo “resulta lógico que las personas en situación de encierro planeen distintos tipos de fugas -porque cualquier ser humano busca libertad- que son motivadas con los traslados que tienen extramuros, cuando los sacan a los hospitales, entre otros”.
“Esto va a seguir ocurriendo, porque es el reflejo del desborde y el colapso que tienen estos dispositivos de la Ciudad”, dijo el procurador adjunto interino. Durante las últimas semanas y días hubo distintas “fugas en dependencias de la Policía Federal Argentina, esto sucede por el gran caudal de detenidos que tienen bajo custodia”, agregó.
Los detalles del conflicto
Hay una parte del edificio de San Juan 1757 donde funciona la alcaidía 1 bis, donde hasta el conflicto había 29 personas, en otro sector funciona la comisaría vecinal 1 C con 31 detenidos. El problema ocurrió en la alcaidía, la comisaría continúa en normal funcionamiento.
“Lo que pasó este martes por la tarde-noche sucedió en el horario de visitas, cuando una mujer fue a ver a un detenido y hacer un depósito de mercadería. Cuando requisan el paquete -según los policías- encontraron marihuana”, reconstruyó Cejas Meliare. Entonces la mujer quedó demorada, “los agentes consultan al juzgado de turno y éste ordena la inmediata detención”, contó.
“Después la sacaron de la comisaría para que los detenidos no se enteren de lo que estaba pasando afuera”, sostuvo el procurador interino adjunto. Pero como era horario de visita “los otros familiares vieron la situación y los presos tomaron conocimiento y así fue como empezó a ponerse tenso el clima”, describió.
No hubo toma de rehenes
“Cuando el celador que reparte la medicación entró a los calabozos, el detenido al que le detuvieron su mujer le pegó una piña y así se desató el conflicto”, dijo Cejas Meliare. En ese momento los detenidos ganaron el pasillo, “los otros dos celadores y el sargento que estaba de guardia lograron salir del lugar, no hubo toma de rehenes como trascendió en algunos medios de comunicación, eso es falso”, apuntó.
“Los detenidos nunca salieron del sector donde están las celdas”, subrayó el procurador adjunto. También reconoció que ante la desesperación los reclusos “empezaron a romper las cámaras, las mamparas de blindex y un par de cosas más que estaban en el lugar, lo hicieron como forma de reclamo”.
Ante esta situación la Policía de la Ciudad dio aviso a la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (Dutia), los agentes cubrieron el lugar y un helicóptero rondaba por la zona. Los detenidos no quisieron entrar en diálogo -según dijo el comisario- con los uniformados y por eso entraron por la fuerza usando gases lacrimógenos, escudos y palos.
“La versión oficial sostiene que hubo reducción de detenidos en el marco del uso legítimo de la fuerza”, contó Cejas Meliare. Pero cuando ellos llegaron “los presos ya habían sido derivados a otras dependencias, donde próximamente los iremos a visitar y recogeremos sus testimonios, lo cuales consideramos de suma importancia”, aseguró.
“Pero si sabemos que se labraron actuaciones por lesiones leves al muchacho que le detuvieron su mujer, que fue quien le pegó la piña al policía”, remarcó. Ahora están a la espera de los resultados del análisis de “las cámaras de seguridad del edificio que fue requerido por el juzgado para determinar imputaciones y responsabilidades, la alcaidía 1 bis ahora quedó clausurada hasta que se terminen de hacer las reparaciones, porque rompieron bastante”, agregó.
La situación en términos generales y los números
Durante la pandemia la Policía de la Ciudad tenía 15 alcaidías, las que empezaron a desbordar y tuvieron que reabrir las comisarías comunales que ya habían sido inhabilitadas por las pésimas condiciones de habitabilidad en el año 2017.
Por lo cual, esa población que estaba en las comisarías fue creciendo cada vez más. Al día de hoy son 53 dispositivos para alojamientos que tiene la Policía de la Ciudad; 35 alcaidías y 18 comisarías comunales. Todas ellas desbordadas en su capacidad de alojamiento, algunas triplican y otras cuadruplican la población.
En 2020 los detenidos eran 281 y ahora son 1.639. Puntualmente 1.106 personas están en las alcaidías y 533 en las comisarías vecinales. Otro número alarmante es que hay 350 personas condenadas, es decir, más del 20% del total de la población permanecen en lugares que no están preparados para detenciones prolongadas.
Las condiciones edilicias son muy precarias y el mismo personal policial no da abasto para cubrir la tarea, tampoco pueden con los informes criminológicos cuando los detenidos solicitan algún beneficio liberatorio o semi liberatorio. Es algo que este organismo nacional viene señalando hace mucho tiempo, pero no se ve una voluntad política manifiesta para dar una solución.
La Procuración Penitenciaria de la Nación viene denunciando situaciones muy graves. En los últimos tiempos pidió la clausura de una comisaría que estaba destinada a la espera de alojamiento, que está ubicada en la calle Urquiza 554, pero hasta la fecha el problema no se resuelve. Justamente ocurre todo lo contrario, faltan que el Servicio Penitenciario Federal seda cupos, pero autoridades tampoco muestran ganas de dar una solución.
Esta situación afecta a los dispositivos de la Policía de la Ciudad -donde está el foco del problema-, Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Así lo indican -en forma clara y precisa- los relevamientos que la PPN realiza en forma constante en las dependencias de las distintas fuerzas de seguridad.
