A fin de año, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, entregó de manera gratuita más de 12.000 hectáreas linderas a la Cordillera en Malargüe, a la empresa El Azufre S.A. para que construya el centro de esquí y turismo más grande de la región. Algo que en la práctica ya venían avanzando, antes del decreto provincial. Ahora fue Nación quien intervino en el tema, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quien intimó al Ejecutivo mendocino a que deje «sin efecto» la asignación de tierras, entre otros factores por no tener audiencia pública ni haberse consultado al gobierno nacional que tiene injerencia en esas tierras. Desde Mendoza lo calificaron como «chicana política», y a la par impulsan una unidad para administrar tierras fiscales.
La nota al gobernador lleva la firma del presidente de la AABE, Martín Cosetino, quien lo intima a dejar sin efecto el decreto 2.138/21 a través del cual se entregó de forma gratuita las tierras a El Azufre, que ya venía trabajando en la zona: «Solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia. El presente rechazo se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO».
El director de AABE recuerda que las tierras fueron obtenidas tras un conflicto con Chile y cedidas hace 60 años a Mendoza, pero la Nación sigue teniendo responsabilidad en la aprobación que se haga de proyectos en esas hectáreas. Cosetino sostiene que la ocupación privada del territorio debe ser aprobado por la Superintendencia Nacional de Fronteras y enfatiza que la cesión a empresa El Azufre se realizó sin una audiencia pública y sin ninguna compensación al Estado: «Al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el ESTADO NACIONAL, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales».
La Agencia Nacional de administración de Bienes del Estado consigna que la «la asignación efectuada a la firma EL AZUFRE S.A. no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio (firmado con la Superintendencia Nacional de Fronteras en 1990) ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa provincia (Mendoza) su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida- y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras».
Mientras tanto, desde el peronismo provincial hablan de «irregularidades, desmanejos, tiempos récord y llamativas excepciones» y una actuación del gobernador «de manera oscura, en las sombras y que hoy está no sólo siendo sospechado» y deslizan incluso una hipotética actuación judicial para investigarlo «en la posible comisión de delito».
Chicana política
Desde el oficialismo provincial de JxC respondieron con críticas a La Cámpora y colocándose en el papel de víctimas de un ataque de Nación. El diputado provincial Andrés Lombardi consideró que técnicamente se trata de un «acto irregular» y acusó que «se trata de un movimiento más de La Cámpora para entorpecer el proceso y perjudicar a Mendoza, como ya pasó con Portezuelo del Viento». Consultado por la falta de una licitación, aseguró que «en su momento, cuando esté presentado el proyecto, se le dará intervención a la Nación que si quiere puede llamar a licitación». Según agregaron desde el Gobierno de Mendoza, será en definitiva el «presidente el que decida si puede hacerse efectivo o no el emprendimiento turístico para que la empresa pueda disponer de las tierras».
Alejandro Spinello, quien junto a Daniel Nofal y José Beccar Varela encabeza el proyecto turístico El Azufre, afirmó que los inversores del centro de esquí ubicado en Malargüe confían en que el conflicto «se solucione por el bien de Argentina y de Mendoza», aunque reconoció que el proceso aún no está terminado. Y sostuvo que ni la construcción ni la actividad turística alterarán al ecosistema: «Ahora mismo, los refugios que hemos montado arriba cuentan con energías renovables. No se afectará a la naturaleza».
Mientras tanto, la gobernación avanzó en los últimos días con algo más: la conformación de la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales (UGATiF), bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. “Asígnese a la UGATiF la función de aplicar en lo pertinente la normativa referida a la gestión y administración de tierras fiscales. En particular, impulsar y sustanciar los procedimientos administrativos tendientes a cumplimentar lo previsto en las Leyes Nros. 4.711 –de Planes de colonización-, 6.086 –de Promoción y arraigo de puesteros- y 6.920 –de preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac-, como así también lo dispuesto en Leyes especiales dictadas y a dictarse en dichas materias”, señala el artículo 2. Desde el Gobierno provincial sostienen que no hay vinculación entre el nuevo decreto y la cesión de tierras en Malargüe, en el sur mendocino. Aunque tampoco informaron por qué lo hacen, y por qué ahora.
El origen
Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno de Suárez y el otro firmante del decreto del 23 de diciembre que entregó las 12.000 hectáreas de forma gratuita e indefinida a El Azufre, indicó en su momento que “son tierras del propiedad del Estado nacional, no son tierras de la provincia. Aclaro esto porque las manifestaciones de personas de la oposición muestran un desconocimiento absoluto. Estas tierras que en el año 69 el Estado nacional le entrega a la provincia de Mendoza en posesión son tierras de frontera, son 52 mil hectáreas”.
Las tierras se ubican en “Zona de Frontera” que tiene una legislación especial (Leyes 18.575 y 21.900) que tienen como objetivo general lograr la radicación de pobladores argentinos, mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales. Después del ’69 el otro paso fue en 1991, bajo el gobierno menemista, cuando el propietario (Nación) y el poseedor (Provincia) suscribieron un convenio que establece como “dar destino final” a las tierras ubicadas en la zona denominada “Potreros de Cordillera”, aprobado por Decreto 2868/91, durante el gobierno de José Octavio Bordón.
“Hablar de privatización de las tierras de frontera como algo negativo, es desconocer la legislación específica que las regula y que precisamente persigue que esas tierras sean utilizadas y ocupadas, incluso explotados los recursos naturales”, plantearon voceros gubernamentales a medios locales, aunque en este caso se trate de una empresa que ni siquiera es totalmente mendocina y que tiene asentamiento en Buenos Aires.
“El objetivo que tienen estas normas nacionales es radicar allí pobladores y desarrollar emprendimientos de tipo turístico u otros como inversiones agropecuarias. Lo que se ha hecho con El Azufre es que se asigna, no hay concesión, no hay sesión, no hay venta. La asignación es un paso inicial y precario que permite el convenio y las leyes a aquellos que pretenden desarrollar un emprendimiento de alguna naturaleza, como el turístico. La gente de El Azufre ha iniciado un proyecto de inversión. Hicimos los dictámenes correspondientes y en la Fiscalía de Estado para que el Fiscal de Estado se pronunciara, y él ha dicho por qué está correctamente asignada esta tierra”, planteó el ministro provincial Ibáñez.
De acuerdo a lo establecido en el convenio entre Nación y Provincia décadas atrás, las “medidas previas” en todos los casos sobre estas tierras de Zona de Frontera, deben ser puestas a consideración de la autoridad Nacional (en el Convenio la Superintendencia Nacional de Fronteras, actual Comisión Nacional de Fronteras) que es quien tiene que aprobarlas y disponer en su caso la cesión (definitiva o temporal) de los terrenos. Algo que aún no sucedió.
