Aunque en los días previos a la asunción el gobierno libertario casi no se acordó de los tan proclamados vouchers para acceder a las escuelas, hubo un dato funcional a su lógica de mercado aplicada a la educación: Chile, uno de los países que toman como modelo en esa materia (junto a Suecia), volvió a quedar como el mejor posicionado de la región en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que cada tres años realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero el buen resultado obtenido por el país vecino (aunque peor respecto a anteriores PISA) no muestra la otra cara del sistema: segregación, desigualdad y familias endeudadas para acceder a una educación que escapa al concepto de derecho universal.
“Desde inicios de los ‘80 la educación escolar es esencialmente un sistema basado en el subsidio del Estado a la demanda, con el propósito de garantizar la ‘libertad de educación’, que es uno de los preceptos básicos de la Constitución de 1980”, explica Pablo Frederick, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Y detalla cómo es el sistema en el que se inspira Javier Milei para la Argentina: escuelas y liceos quedaron bajo la órbita de los municipios y son financiados a través de los famosos vouchers (“valor unitario por estudiante a pagarse mensualmente”). También se permite la participación de privados, con fines de lucro, en la creación de colegios: además de los subsidios, pueden cobrar copagos y recibir aportes de empresas que descuentan impuestos.
“El Estado sigue financiando la educación (90% de la matrícula aproximadamente) y dictando normas y contenidos, pero los establecimientos son gestionados por municipios y privados”, describe. A esto se suman los colegios privados que sólo se financian de matrículas y cuotas. “Ahí estudian, por lo general, los chicos de clase media alta y alta”: alrededor del 9% del total.
Así, el sistema como un todo es “poco inclusivo por la competencia de colegios por los alumnos y por la segregación que se produce entre los establecimientos, llegando incluso a la paradoja de que eran los colegios los que escogían a los alumnos”. A tal punto, que fue necesario instalar un “sistema de tómbola” -muy resistido por cierto sector- que sortea los cupos de ingreso a establecimientos financiados por el Estado. Aun así, según Frederick, en Chile es muy común la frase “dime en qué colegio estudiaste y te diré quién eres”.
“En resumen, es un sistema altamente segregado, individualista y competitivo”, concluye el docente chileno. Y apunta lo que quizás sea el mayor logro del modelo, y la máxima aspiración mileísta: “El sistema educacional, además de ser una forma clara de incorporar la educación al mercado, con el auspicio absoluto y activo del Estado, apuntó a cambiar valores (…) Hoy la educación es entendida como un activo personal y una forma de ascenso social individual que, junto al sistema de salud y el de pensiones, configuran una trilogía del ‘sálvese quien pueda’, anulando virtualmente cualquier resorte de resolución colectiva de problemas sociales”.
PISA fuerte
El caso de Chile suele ser muy estudiado y ponderado por quienes analizan los sistema educativos a partir de resultados de pruebas estandarizadas como PISA. Para Gabriela Diker, doctora en Educación e investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento, “los resultados en PISA le permiten a los Estados dirimir discusiones locales y, sobre todo, tomar o sostener medidas controvertidas que se justificarían en nombre de la mejora de la calidad medida, claro, de acuerdo a los estándares de la OCDE”.
“Con independencia de la orientación ideológica de los gobiernos, lo que sostiene a PISA es la idea, muy instalada en el sentido común, de que para mejorar la calidad educativa hay que medir, comparar resultados, estimular la competencia, generar ránkings y exponer periódicamente esa especie de tabla de ganadores y perdedores, más próxima a la estética de la competencia deportiva que a la lógica de funcionamiento de los sistemas educativos”, analiza la pedagoga.
Diker apunta que más allá de la comparación, la instancia evaluadora implica “un monitoreo periódico que, a mi juicio, tiene más utilidad en la lectura en serie histórica de un país, que en la comparación internacional”. Pero, en los hechos, “PISA colabora con un proceso que tiene ya varias décadas, de homogeneización de la agenda educativa global”.
En Chile las PISA son cuestión de Estado. Parece regir el concepto «pocos en el aula, pero buenos». ¿Qué debe priorizar Argentina donde hay 500 mil chicos que dejaron el colegio en pandemia y aún no regresaron?
Sobre el modelo chileno, loable desde la lógica de las PISA, señala “la tradición fuertemente selectiva, una cultura evaluativa muy arraigada, la segmentación del sistema en circuitos diferenciados de calidad educativa, el arancelamiento de las universidades” y “la experiencia de voucherización durante la dictadura en los ‘80, aunque muchos estudios chilenos muestran que sólo contribuyó a la profundización de las desigualdades y el endeudamiento de las familias”.
