En un penal de Tucumán hay una mujer presa hace más de dos años porque sufrió un aborto espontáneo. No sabía que estaba embarazada. Pero para algunos es una asesina, y fue condenada a ocho años de prisión. Su caso está en manos de la justicia tucumana, que puede hacer lugar a la apelación de la sentencia. En esa provincia, en todo el país y el mundo se multiplican los apoyos. El viernes 12 de agosto, en plazas de toda la Argentina habrá una marcha nacional que pedirá #LibertadParaBelén.

En tanto, el proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se presentó por sexta vez en el Congreso Nacional. Lo firmaron 41 diputados de diferentes sectores políticos (Frente para la Victoria, UCR, Libres del Sur, Proyecto Sur, UNA, FIT, GEN, Peronismo para la Victoria y hasta el PRO) y tiene el aval de unas 350 organizaciones sociales. Pero el debate sigue esperando. ¿Volverá a ser cajoneado? Además, a más de un mes de la renuncia del diputado Julián Dindart, de Cambiemos, a la presidencia de la virtualmente paralizada Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara Baja, aún no se sabe quién lo remplazará. Había dicho que “las mujeres se embarazan para obtener un premio económico”, en relación a la Asignación Universal por Hijo.

Mauricio Macri anunció un Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un ambicioso conjunto de medidas que se implementarían a partir de 2017, que contará con un presupuesto de 750 millones de pesos, pero que no se ocupa de la problemática del aborto. “Es un tema muy delicado”, dijo el presidente cuando lo consultaron sobre Belén, y subrayó que “lo importante es defender la vida”, ya que “traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja, es la expresión más linda de amor que hay”. No queda claro cómo pretende Macri defender la vida de las miles de mujeres argentinas que mueren por practicarse abortos clandestinos. Durante el acto de presentación el Plan (el pasado 26 de julio, después de que trabajadores de la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño denunciaran en la Legislatura el desmantelamiento del área que trabaja en la prevención de la violencia machista y se ocupa de asistir a las víctimas), Macri dijo: “Tenemos que desterrar los patrones culturales que naturalizan la violencia de género.” “Este plan es una hipocresía –sostiene la diputada Soledad Sosa (FIT)–. Desliga de responsabilidades políticas al Estado cuando el presidente dice que la violencia de género es un problema cultural. No es un plan serio que proponga políticas tendientes a solucionar las problemáticas que padecen las mujeres y tampoco es integral, ya que, por ejemplo, no plantea en ningún momento el problema del aborto, una de las principales violencias contra la mujer, porque es clandestino.” “El Estado es el primer violador de los derechos de las mujeres al negar sistemáticamente el derecho al aborto, inclusive a través de declaraciones públicas del presidente de la Nación”, dice Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y señala el artículo 6 de la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, que enmarca a “la violencia contra la libertad reproductiva” como una de las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia de género. “El propio Plan –continúa Mac Dougall– define a la violencia sexual como ‘cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva’.”

“El peso proporcional de las muertes por aborto inseguro están relacionadas con las condiciones de ilegalidad y clandestinidad, que son perpetuadas por un Estado ausente, que pone trabas, dilaciones, veta protocolos de atención y aprueba protocolos regresivos en relación a los abortos que ya son legales y que, sistemáticamente, se niega a debatir y sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, agrega Mac Dougall, que da cuenta de una ominosa cifra de muertes “por abortos y complicaciones relacionadas con la gestación”: unas 300 por año, casi el mismo número que los femicidios. “Y sin embargo, las denuncias sobre violencia contra la libertad reproductiva son solamente el 0,08% del total. La no identificación por parte de las mujeres de los abortos inseguros como violencia de género hace que no se los identifique como ‘problemática’.”

El texto del proyecto de ley se puntualiza que en la Argentina abortan 500 mil mujeres por año, que 80 mil deben ser hospitalizadas por sufrir complicaciones, y que el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes en el país. Según la estadística del Ministerio de Salud de la Nación, en 2014 murieron como consecuencia de un aborto inseguro 43 mujeres, un 30% más que en 2012. “Al contrario de lo que muchos estiman –dice la diputada Carolina Gaillard (FPV), firmante de la iniciativa–, no va a haber más abortos porque sea legal. Lo que sí va a haber es menos muertes de mujeres.” «

Convocan a una marcha nacional por su libertad

Las 40 organizaciones que conforman la Mesa por la #LibertadParaBelén se movilizarán el próximo viernes 12 de agosto desde las 17 horas, en plazas del todo el país. Ese mismo día, desde las 11, concentrarán en la Plaza Yrigoyen, en San Miguel de Tucumán, frente a los Tribunales, para manifestar ante la Corte Suprema provincial, que debe decidir la situación de Belén. “Consideramos de fundamental importancia que se escuche el reclamo de inmediata libertad y anulación de la condena. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación en virtud de las violaciones que se cometieron a tratados internacionales. El ministro fiscal dictaminó que la causa es nula, reconociendo que no existen fundamentos para condenar a Belén. Y a nivel mundial, Amnistía Internacional recogió más de 120 mil firmas que respaldan el pedido de libertad. Belén no puede seguir presa y condenada”, expresaron las organizaciones convocantes en un comunicado.

Un fallo que contempló la violencia de género

La semana pasada, la Justicia porteña consideró legal el aborto que se realizó una mujer que había sido víctima de violencia de género. El fallo sostiene que ese embarazo podría haber sido el resultado de una violación y, en ese sentido, la continuidad de la gestación podía poner en peligro su salud mental. La decisión de la jueza nacional en lo Criminal de Instrucción Nº16, Laura Graciela Bruniard, fue sobreseer a la mujer implicada y a las dos médicas del centro de salud porteño que la asistieron. Las profesionales le suministraron información y la medicación necesaria para la interrupción del embarazo. “Los jueces tenemos la obligación de garantizar los derechos y nuestra intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, ya que quedan exclusivamente reservados a lo que decidan la paciente y su médico”, argumentó Bruniard su decisión.