Los fiscales que llevan adelante el juicio por el Caso Candela pidieron este jueves que fueran condenados a prisión perpetua los dos principales sospechosos de haber participado del secuestro y crimen de la nena de once años: Leonardo Jara y Hugo Bermúdez. Para Fabián Gómez, el tercer imputado, solicitaron ocho años de prisión por considerarlo partícipe secundario. Además, la fiscalía no ahorró críticas para los policías y funcionarios del ministerio de Seguridad que integraron el Comité de Crisis, a los investigadores y al entorno familiar de la víctima que “tuvieron una falta de compromiso para llegar a la verdad”.

Así se cerró la etapa de presentación de pruebas, que comenzó el 6 de febrero, y se dio paso a la lectura de los alegatos. Los fiscales Pablo Galarza, Antonio Ferreras y Mario Ferrario, en ese orden, fueron los protagonistas de una extensa jornada judicial que contó con la ausencia de Carola Labrador, la madre de la Candela Rodríguez, quien ya había adelantado que no iba a estar presente.

«Sufrí mucho en el juicio, me hice tanta mala sangre y hoy por hoy estoy bastante enferma. Nunca se buscó la verdad. De hecho la fiscalía nunca defendió a mi hija. Nunca se busco la Justicia. Es todo una farsa», dijo Carola a Télam la semana pasada.

Las diferencias entre la madre de Candela y el Ministerio Público Fiscal son insalvables: la acusación que encabeza Ferrario mantuvo la hipótesis del primer instructor de la causa, Marcelo Tavolaro y de su secretaria Guillermina Rappazzo, quienes señalaron que el móvil fue una venganza no convencional contra el padre de la víctima, Alfredo Rodríguez, que en ese momento estaba preso. Carola, en cambio, nunca aceptó esa versión y se quejó de que la fiscalía no haya elevado la causa a juicio incluyendo la figura de la violación de la nena.

Los tres fiscales advirtieron que cuando se hicieron cargo del caso, luego del apartamiento del fiscal de instrucción y del juez de Garantías Alfredo Meade por presuntas irregularidades, estaban cargados de los prejuicios que se desprendían de los medios de comunicación y de la Comisión Investigadora que se creó en la Legislatura Bonaerense, la cual en varios pasajes estuvo en el foco de las críticas del Ministerio Público Fiscal.

Galarza repasó una situación que se dio al principio de la investigación y que habría marcado el futuro del caso: “La familia recién refirió el 24 de agosto que el padre estaba detenido. Esa vinculación es causa y origen del hecho”. Además, recordó un supuesto llamado entre Alfredo y su madre, en el que la mujer refería que Candela se había comunicado y había dicho que la habían secuestrado en una camioneta negra. Sin embargo, la abuela de la nena no reconoció esa comunicación durante el juicio. “Desconoció su propia voz”, se animó a decir el fiscal.

El funcionario judicial también apuntó contra Roberto Castronuovo, quien era superintendente de Investigaciones de la Bonaerense y debió “blanquear a Héctor El Topo Moreira como uno de sus informantes” porque “todos los caminos conducían a él y hacia San Martín.  Sin embargo, hubo una negociación paralela entre integrantes del Comité de Crisis y los secuestradores que retrasaron los allanamientos en Villa Corea, Barrio Libertador, Costa Esperanza y 9 de Julio, la zona donde fue mantenida cautiva Candela”.

Según reconstruyó la fiscalía, la nena fue levantada por una camioneta EcoSport negra en la tarde del 22 de agosto de 2011 a media cuadra de su casa, en Coraceros y Bustamante, en Hurlingham. De allí, fue trasladada a la zona de San Martín. Luego, siempre según la hipótesis fiscal, la chica fue llevada nuevamente a Hurlingham: primero a la casa de Kiernan 992, conocida como “la casa rosa” en la que Flores habría hecho cierta inteligencia previa; luego, Candela habría sido trasladada a Cellini 2085, una propiedad de la suegra de Bermúdez que estaba desocupada.

Para Galarza, entre las 20.30 del 29 de agosto y las 8.30 del 30 del día siguiente, Bermúdez “abusó sexualmente de la niña con un elemento duro por vía anal y la sofocó” tapándole la nariz y la boca mientras la sostenía desde atrás. Poco después, habría descartado su cuerpo a ocho cuadras de allí, sobre la colectora de la Autopista del Oeste. A Jara, a su vez, le achacan haber realizado el llamado extorsivo que recibió el 29 de agosto una tía de la víctima, cuyas pericias de voz habrían resultado desfavorables para el imputado.

El fiscal Ferreras basó sus argumentos en datos científicos: las pericias de ADN encontradas en la casa rosa que dan cuenta de que Candela habría estado ahí. Además, indicó que se levantaron muestras en las casas de los imputados que comprueban que se conocían previamente entre sí.

Ferrario, en tanto, afirmó que del entrecruzamiento de llamados y mensajes de texto pudo comprobar, con la ayuda de un experto en Narcotráfico de la Federal, que los sospechosos mantuvieron comunicaciones entre ellos durante los días que Candela estuvo secuestrada.

Así las cosas, el lunes será el turno de los alegatos de la querella, representada por el buffet de abogados de Fernando Burlando, mientras que el jueves de la semana que viene harán lo propio las tres defensas.