La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión emitió un comunicado en el que pide que se adopten medidas urgentes para contener la expansión y circulación local del coronavirus en villas y asentamientos precarios, donde hoy ya padecen dengue y tuberculosis.
El escrito está firmado por referentes de la iglesia como los curas José María “Pepe” Di Paola, Lorenzo “Toto” De Vedia, Carlos “Charly” Olivero y Mario Daniel “Coco” Romanín; y las monjas Cecilia Lee, Yolanda Galka y Hermana Marta Pelloni. Además, hay representantes del ámbito judicial como el Asesor Tutelar de la Ciudad, Gustavo Moreno y diferentes militantes barriales en zonas vulnerables como María Elena Acosta, Ángela García Elorrio y Gustavo Barreiro, entre otros.
En la nota se destaca que el Estado ya tiene cuestiones pendientes con estos barrios: “las responsabilidades se acentúan en cuanto a la vulneración de derechos sociales de manera preexistente, que se patentiza en omisiones con respecto a la provisión de vacantes escolares, vivienda, alimentos, medio ambiente, y obviamente asistencia sanitaria”.
“A esta injusticia social naturalizada, se suma la epidemia de dengue en muchos barrios ante la falta de medidas preventivas por parte del Estado durante el invierno, y se agrega la eventual expansión y circulación local de un virus de alto contagio, y fuerte comorbilidad”, explicaron desde la Comisión.
Desde el organismo de Derechos Humanos, puntualizaron que “muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de dengue (no acumular agua) o en materia del “Coronavirus” (lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras), resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento, en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales (adolescentes y jóvenes afectados por el paco, por ejemplo), y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios”.
Los firmantes reconocieron que si bien desde la propia iglesia cristiana llevan adelante y coordinan diferentes acciones, “la responsabilidad estatal no puede diluirse ni eximirse por el trabajo de muchas vecinas y vecinos que ponen el cuerpo a quienes más sufren en las villas y asentamientos”, analizaron.
En ese sentido, advirtieron que no se visibiliza una política pública destinada a establecer cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias difundidas por las autoridades en los barrios en cuestión.
Por esta razón, le piden a los diferentes gobiernos (nacional, provinciales y municipales) que adopten medidas específicas para villas y asentamientos, “tendientes a poder cumplir con las medidas preventivas sanitarias, estableciendo las condiciones de hábitat que son necesarias, y brindando la prestación de los recursos materiales necesarios en salubridad, higiene, agua segura y alimentación a la población, en especial a los comedores comunitarios que no pueden dejar de brindar su asistencia a adultos y niños”.
En materia de salud, solicitaron que se amplíe durante esta emergencia los días y los horarios de atención de los Centros de Salud cercanos a nuestros barrios: incluso los sábados, domingos y feriados; como también contemplar que los módulos hospitalarios móviles, anunciados por las autoridades nacionales, se ubiquen en las cercanías de villas y asentamientos.
“Entendemos que las circunstanciales actuales de la emergencia sanitaria en nuestros barrios (COVID19 y dengue) nos ha sobrepasado a todas y a todos, por lo que corresponde priorizar la búsqueda de acuerdos y las propuestas de soluciones, para cual proponemos la inmediata conformación de mesas de trabajo o comités de crisis en cada jurisdicción del país, con participación vecinal, que permitan consensuar y efectivizar medidas eficaces en nuestros barrios”, concluyeron desde la Comisión.
