El fiscal federal Federico Delgado pidió que la denuncia de Dolores Etchevehere por las maniobras en su contra en sus reclamos por la herencia familiar y la presunta violencia y asfixia económica que sufrió pasen a la Justicia Federal de Entre Ríos, pero con la expresa recomendación de llamar a indagatoria al ex ministro de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere; a sus hermanos y a su propia madre.

Según el dictamen, Dolores Etchevehere “no ha tenido la posibilidad de vivir sin pedir permiso. La razón de ello estriba en que no pudo acceder plenamente al proceso sucesorio de su padre y tampoco pudo ejercer el derecho a peticionar a las autoridades para que los jueces provinciales respondan concreta y específicamente a sus pretensiones”.

En un extenso documento de 28 páginas, Delgado opinó que debe intervenir un juez federal (y no uno provincial) de Entre Ríos, entre otras razones porque “un segmento de los hechos (que presuntamente damnificaron a la única hermana mujer de la familia) se edificó merced a los capitales derivados del prestigio que dimana del cargo de ministro del Poder Ejecutivo Nacional, capitales que impactaron de lleno en el desenvolvimiento de las autoridades provinciales”.

Dicho de otra manera: el cargo de Luis Miguel Etchevehere le otorgó una posición de virtual jerarquía sobre los jueces provinciales en Entre Ríos, donde la familia tiene un notable peso social, político y económico.

“Existe el grado de sospecha que exige (la convocatoria a indagatoria) para requerir explicaciones a Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial porque la situación de asfixia económica a la que es sometida Dolores infringe las previsiones contenidas en la ley de protección integral de la mujer. Es sometida a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”, resume el dictamen.

Esas supuestas acciones y las causas judiciales que se derivaron de ellas fueron prolijamente enumeradas por el fiscal. “El objetivo de todas las maniobras es conseguir una actuación de Dolores Etchevehere en ese expediente ‘a medida’ de sus hermanos y su mamá”.

Delgado repasó que “desde que falleció Luis Félix Etchevehere en el año 2009, se desencadenaron una serie de conflictos intrafamiliares que acabaron excediéndose de ese ámbito y se convirtieron en expedientes judiciales que tramitaron y aún tramitan en distintos puntos del país”.

En ese contexto, “los elementos aportados por Dolores Etchevehere y el devenir de los expedientes judiciales explican el significado material de los fracasos de aquella a la hora de reclamar protección institucional”.

“Es que los sucesos son autónomos, pero están conectados. Tienen que ver con el funcionamiento institucional de algunas oficinas de aquel estado que, si por un lado acoge formalmente las peticiones de la denunciante, paralelamente despliega mecanismos de persuasión para disuadirla de sus propias peticiones y se traducen en una asfixia económica capaz de cercenar la chance de auto determinarse de Dolores Etchehevere”, dictaminó Delgado sobre la imposibilidad de Dolores Etchevehere de obtener un trato equitativo ante la justicia provincial entrerriana.

El fiscal citó un informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas de la Procuración General de la Nación, que sostiene que “Dolores Etchevehere carece de libertad para tomar sus propias decisiones, debido precisamente al impacto de estos hechos en su subjetividad”.