Fue una tarde, el 15 de julio de 2015. Carlos Galeano, de 28 años y con retrasos madurativos, salió de su casa para comprar una golosina. En el camino se encontró con un hombre que lo invitó a dar una vuelta por el supermercado Coto. Le dijo que se encontrarían con unas chichas, pero cuando llegaron a la playa de estacionamiento el hombre abrazó a Carlos, exhibió un arma y abordó una camioneta Ecosport negra.

La capacidad de entendimiento de Carlos en ese momento era la de un niño de 8 años, terminó sentado en el asiento trasero del vehículo, el hombre que lo manipuló manejaba y como acompañante iba la mujer damnificada que estaba sufriendo privación de libertad.

La Policía los persiguió a los tiros: una bala rozó la nuca de Carlos y otra impactó en la espalda de la mujer, que quedó en silla de ruedas. Las pericias confirmaron que todos los proyectiles son de las pistolas reglamentarias de los uniformados.

Cuando Carlos llegó a la comisaria sufrió torturas. Sin embargo la Justicia de San Martín lo condenó a 12 años de prisión, pero gracias a su defensa y los profesionales de la salud mental, logró obtener un arresto domiciliario, pero piden la absolución.

“Mi hijo tiene la mentalidad de un nene, fue poco tiempo al colegio especial por lo cual su tratamiento nunca tuvo continuidad. Nos arreglamos como podemos, nos turnamos entre nosotros para cuidarlo, necesita ayuda profesional. Es un chico con muchos problemas de salud mental y corporal, como ser dos barras de titanio en la columna”, explica a Tiempo María, madre de Carlos.

“Cuando llegué a la comisaría me esposaron a una reja y me pegaron para que firme unos papeles, les dije no quería: entonces me llevaron a otro destacamento y me torturaron. Yo tenía una gasa en la cabeza. Cundo me llevaron a la cárcel me entrevistaron para una nota en uno diario, los directores del Penal me amenazaron y les dije que era por mi estado de salud”, asevera Carlos.

Sin embargo, el Poder Judicial punitivo lo condenó a 12 años de prisión en 2015. La escandalosa decisión del Tribunal Oral Criminal N° 1 de San Martín fue apelada por la defensa del muchacho, por lo cual La Casación le redujo la pena a 9 y le concedieron el arresto domiciliario hace 6 meses. Lo hicieron para que esté en su casa bajo el cuidado de su mamá. Pero este nuevo monto de pena no fue aceptado y presentaron un nuevo recurso que pide la absolución de la causa y que la Justicia se haga cargo de las torturas y los tormentos que sufrió el joven.

Cabe destacar que la Defensoría de La Casación pudo comprobar que Carlos se vio involucrado en el robo sin quererlo. También que por sus retrasos madurativos es una persona fácilmente manipulable y que el día del robo la madre le dio cinco pesos para comprarse un alfajor y cuando se dirigía al kiosco fue abordado por un delincuente que lo llevó al lugar donde sucedieron los hechos.

Lo concreto es que Carlos fue detenido y condenado injustamente, sufrió torturas y más de tres años de prisión. Los policías la Comisaria 6 de Ciudadela que protagonizaron la balacera fueron los mismos que declararon como testigos en el juicio, a esto se le suma una larga lista de irregularidades que deberá avaluar la Corte Suprema de Justicia provincial.

“Necesito que me ayuden para que mi hijo pueda tener un tratamiento y pueda concurrir a un colegio especial durante el día porque está muy traumado por todo lo que pasó. Fue víctima de hechos terrible y sufrió daños irreversibles”, finaliza Maria.