Aunque un decreto prohíbe los desalojos en el marco de la pandemia de coronavirus (decreto 320/2020 prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), el Juzgado Civil 97 ordenó el desalojo de un conventillo de La Boca. La medida deja en la calle a 22 familias, con más de 40 menores. Tras un enorme operativo policial en el lugar, sólo quedaron cinco familias en el inmueble, con una prórroga de un mes hasta conseguir un lugar adonde ir.
El conventillo está en Vespucio 65. La empresa que promueve el desalojo es Alarmas Comahue, dedicada al rubro de seguridad privada. Tiene sede en la misma manzana, justo detrás del conventillo. Esa firma “compró el inmueble en estado de ocupación por un precio muy bajo, conociendo la situación de las familias, y esperando realizar un negocio con el desalojo”, denunciaron desde el lugar.
Ayer, más de un centenar de efectivos de la Policía de la Ciudad se instalaron en la zona, vallada y rodeada por siete camionetas listas para efectuar el desalojo. Organizaciones sociales convocaban a resistir y reclamaban postergar la decisión hasta fines de marzo, para darles tiempo a las familias para encontrar dónde reubicarse. Medios presentes como Radio Gráfica denunciaban que no permitían el ingreso de la prensa.
“Es absolutamente inexplicable que se insista con llevar adelante un desalojo, que tendría graves consecuencias sociales, ya que ni el Juzgado ni el GCBA han previsto ninguna solución habitacional alternativa para ninguna de las familias”, denunció la Comisión de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone. “Tampoco tiene explicación la urgencia en realizar el desalojo, cuando todavía todos estamos padeciendo las consecuencias de la pandemia, lo que dificulta enormemente la capacidad de las familias de obtener ingresos para poder subsistir y encontrar un lugar digno en el que vivir”.
“La que compró el lugar es una empresa aportante de Larreta, una triple empresa de seguridad, limpieza y logística. O sea que los mismos tipos que te desalojan y te ponen el flete son dueños de Comahue. Lo más sorprendente es la relación desalojo-Gobierno de la Ciudad. Las vallas las trajo Defensa Civil, con un operativo de ciento y pico de policías, y un juez que no se movió ni un centímetro a favor de los inquilinos. No dejaron de cobrarles a ellos y vendieron el lugar con la gente adentro”, relató desde el lugar Emiliano, referente de Vecinos de La Boca. Y agregó, en diálogo con Tiempo: “Es sin precedentes este nivel de violencia, sin importar niños, discapacitados, en el medio de una pandemia y supuestamente con un decreto para no desalojar. Nada de eso le importó al juez ni al fiscal ni a nadie de la Ciudad. Esto muestra la realidad que está pasando en la Comuna 4. Desde que se levantó la feria hay más de 200 desalojos en curso que estaban congelados por la pandemia”.
“La gravedad de la cuestión es que no respetaron el decreto y en el medio hubo toda una movilización, porque es el primer desalojo post pandemia. Echan a 22 familias, desarraigan 22 familias de un barrio en emergencia habitacional para hacer el estacionamiento de una empresa. Comahue es una empresa de seguridad y logística que tiene una dotación inmensa de autos y es subcontratada por el Gobierno de la Ciudad”, remarcó el referente. Y contó que la firma compró el inmueble hace seis años “a la liga de rematadores de ciudad, es de los inmuebles que se van muriendo los herederos, tienen deudas altas de impuestos y van a la ciudad, a la liga de rematadores, y se venden por dos pesos”.
